La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, explicó a comisiones de Diputados  los alcances del proyecto por el cual se ratifican las Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos de exploración minera comprendidos en el denominado “Malargüe Distrito Minero Occidental”.

El proyecto del Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados la semana pasada e implicó  un amplio proceso de participación ciudadana que incluyó talleres participativos y audiencias públicas. Habiendo cumplido con las etapas técnicas y legales necesarias, los 34 proyectos de exploración obtuvieron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a través de Resoluciones Conjuntas, por lo que ahora debe ser sometida a ratificación legislativa,  en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º de la Ley Nº 7722.

Jimena Latorre indicó que “es importante este momento, que para nosotros es “bisagra”, es la culminación de todo un trabajo administrativo con la comunidad, con el municipio, con la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, con los 13 organismos sectoriales que participaron en ese análisis; y es el inicio de otra etapa muy importante que es el debate legislativo, el debate parlamentario”.

Agregó que si bien al hablar de Distrito Minero Malargüe se habla “de unidad, de un proyecto”; ese distrito a su vez “engloba, en este caso, en esta primera fase, 34 proyectos individuales que tuvieron su análisis individual, que tienen cada uno sus resoluciones de declaración de impacto ambiental individual, que tienen instrucciones de acuerdo a la envergadura y las implicancias de ese proyecto, de acuerdo al ecosistema en el cual están enmarcados, a las implicancias sociales que tiene cada uno de estos proyectos”.

Latorre destacó que se está “hablando de 34 proyectos de prospección y exploración inicial. No estamos hablando de minas de producción, no estamos hablando de construcción de minas, estamos hablando de convertir ese potencial que sabemos geológicamente que tiene el sur de la provincia de Mendoza, en particular Malargüe, en una reserva certificada que permita apalancar inversiones para seguir avanzando en ese desarrollo de la actividad minera”, a lo que añadió que “Mendoza ha estado aletargada comparativamente con otras provincias y otros países de la región”.

Latorre enfatizó de que se trata “de un proceso vivo”, y acentuó el rol del Parlamento mendocino porque “la Ley marca los hitos en los que la Legislatura tiene que intervenir con la ratificación o rechazo de la DIA, lo que no significa que esto sea un cheque en blanco. Muy por el contrario, esto es información que se sigue construyendo y retroalimentando”.

En ese sentido, agregó que “cada hecho nuevo (en el proceso minero) significa una actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cada plan de trabajo tiene su seguimiento y su auditoría”.

 Celso Jaque, sostuvo que “la tarea que se inicia es muy importante”, porque lo que se estudia “es uno de los principales pasos establecidos en la Ley 7722”. “Más allá de la tarea realizada por el Poder Ejecutivo, se necesita que la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), que otorga el Poder Ejecutivo, deba ser tratada en las dos Cámaras a efectos que se logre la ratificación”, subrayó.

Jaque manifestó que “no sólo para nosotros (malargüinos) es muy importante el desarrollo minero, sino para toda la provincia. Es muy importante el desarrollo sostenible, no solo el desarrollo económico sino siempre junto al cuidado del ambiente. No es minería sí o no, es cómo la hacemos”, destacó.

Finalmente, aseguró que “el mayor desafío es cómo hacemos de esto una Política de Estado. Toda la política mendocina tiene una participación importante, nos exige de ambos lados, oficialismo y oposición, y a su vez, esta política que se lleva hoy a cabo debe tener continuidad en el tiempo”. Afirmó, también, que con respecto al cobre, “el mundo hoy ofrece una gran oportunidad, y esta es una provincia que por muchos años estuvo y está al frente de la protección ambiental”.