La Cámara de Diputados de Mendoza, por mayoría de votos, dio media sanción al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el cual se lo autoriza a transferir las acciones Clase C que la provincia tiene en Impsa. Luego de esta decisión, el gobernador Alfredo Cornejo aseguró que “Hemos venido acompañando este proceso todo el tiempo trabajando mancomunadamente la Provincia y la Nación en este intento de salvar a esta compañía”.

La iniciativa, autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los actos necesarios a fin de “transferir la totalidad de las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A. de titularidad de la Provincia de Mendoza”.cidad, El proceso de transferencia que se instrumente, “deberá asegurar los principios concurrencia, publi igualdad y transparencia”, establece además, el articulado del proyecto.

En la Casa de Gobierno, el Gobernador Alfredo Cornejo, junto al secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher, y el secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, brindaron detalles de la situación.

El Gobernador remarcó que desde el Ejecutivo mendocino “hemos venido acompañando este proceso todo el tiempo trabajando mancomunadamente la Provincia y la Nación en este intento de salvar a esta compañía”. Además, señaló que “esta compañía viene con dificultades desde el 2010. No son nuevas estas dificultades, pero se agravaron por las condiciones macroeconómicas del país. Hoy, con un cambio abrupto y, en mi criterio, positivo de manejo de la economía argentina”.

“Esta empresa puede ser útil en la etapa que viene, y eso nos obliga aún más al Gobierno provincial a comprometernos con este proceso”, sostuvo Cornejo, y aseguró que “esta empresa nunca debió dejar de ser privada y nunca debió caer en estas circunstancias”.

Así, detalló que la empresa tiene una deuda certificada de más de 500 millones de dólares, lo que significa una dificultad enorme al ser “muy cara no solo a los sentimientos de los mendocinos, no solo es un emblema de Mendoza, de su diversidad económica, sino además que aporta empleo, trabajo, eslabonamiento con otras industrias y con otros sectores económicos muy relevantes”.

El mandatario aseguró que este proceso es prioritario para el Gobierno provincial, que se compromete a apoyarla debido a su impacto en el empleo y la economía local, ya que IMPSA tiene más de 700 empleados y la mayoría son mendocinos, “con lo cual nuestro compromiso es concreto con el proceso”.

Cornejo aseguró que esta empresa debe operar bajo la lógica privada y reestructurar su deuda para obtener nuevos contratos. Asimismo, dejó en claro que la opción estatal está descartada y dijo que se requieren autorizaciones legislativas para vender las acciones provinciales, que se adquirieron con un aporte de US$ 5 millones.

Según el Gobernador, esto permitirá que la compañía vuelva a tener contratos importantes y a producir: “Para eso es muy relevante que las acciones pasen a manos privadas y que el dueño de esa empresa reestructure su deuda y pueda conseguir nuevos contratos”. Es más, aseguró que, paralelamente a la venta de una empresa, que se da en el marco de la Ley Base y de la legislación vigente, “necesitamos autorizaciones legislativas para enajenar, vender las acciones que son propiedad de la Provincia”. 

A esto le sumó que Mendoza hizo un aporte en acciones de US$ 5 millones. en su momento, por el 21% de ellas, y lo concretó por pedido del Gobierno nacional de turno. “Por eso el liderazgo del Gobierno nacional es muy relevante en esta oportunidad, ya que, en su momento, le aportó a Mendoza casi por única vez un ATN por US$ 5 millones. para comprar esas acciones”, dijo el mandatario provincial.

La media sanción al traspaso de acciones

En 2020 IMPSA solicitó formalmente la participación del Gobierno Provincial y Nacional en el Plan Integral de Recomposición de su Estructura de Capital, mediante su publicación en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores.

En tal sentido, la empresa solicitó la asistencia del Gobierno Nacional a través del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, debido a “la grave falta de capital de trabajo y el riesgo en la continuidad de sus operaciones, pago de salarios, contribuciones e impuestos, entre otros. La asistencia requerida tuvo por finalidad permitir a la empresa asegurar la continuidad de sus operaciones, mantener la fuente de empleo para sus más de 720 empleados propios y las más de cien PYMES con las que trabaja, conservar las tecnologías desarrolladas durante su historia y contar con el capital de trabajo necesario para mantener sus operaciones. Para ello, el Gobierno Nacional solicitó que la Provincia también fuera parte de esta operatoria”.

Afirma que el objetivo fundamental de la solicitud cursada en aquel entonces por lMPSA al Estado Nacional y Provincial, fue “aumentar el capital social de la compañía mediante la emisión de acciones correspondientes a una nueva clase ``C” de acciones ordinarias nominativas no endosables que la Provincia de Mendoza acordó suscribir parcialmente e integró el aumento de capital de la empresa mediante la suscripción e integraciones de dichas acciones clase ``C”.

La condición bajo la que accedió la provincia a formar parte de esta operación fue “que el Gobierno Nacional integre la totalidad del monto comprometido, razón por la cual envió un Aporte del Tesoro Nacional por la suma que la Provincia se comprometió a integrar”, explica, agregando que de esta manera, “los fondos que integró la Provincia fueron destinados a atender los costos operativos, pago de salarios, impuestos y contribuciones, avance de proyectos nuevos y en marcha y los costos del APE, situación ´ésta que de no haberse verificado, no hubiera posibilitado mantener las fuentes de trabajo de los más de 720 empleados directos que posee la empresa y la cantidad de trabajadores indirectos que hubieran visto resentida su economía”.

En virtud de ese proceso, la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley 9.319 que dispuso autorizar al Ejecutivo provincial a suscribir e integrar, hasta 454.300.000) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A.

Sin embargo, sostiene la fundamentación, “habiéndose cumplido el objetivo” y “existiendo actualmente posibles compradores nacionales e internacionales interesados en la adquisición de las Acciones Clase C que ostenta la provincia”, se hace necesario “gestionar la autorización legislativa pertinente para desvincular la participación del Estado provincial en el paquete accionario de IMPSA”.

Alfredo Cornejo indicó que la Legislatura provincial es la única que puede autorizar a enajenar un bien según la Constitución de la Provincia de Mendoza. Así, se refirió a los 17 legisladores que votaron en contra: “Ellos quieren que la empresa siga siendo estatal, sueñan con una economía soviética sabiendo que eso ha fracasado”, aseveró.

El Gobernador puntualizó en la posición de algunos diputados provinciales “que exigen que las acciones se vendan por un precio superior al que pagó la Provincia los 5 millones de dólares” y aseguró que “esa pretensión proyecta un problema para quienes estamos involucrados en esta venta, porque no sabemos cuál va a ser la oferta y no sabemos cuánto valen esas acciones, porque la empresa tiene una deuda enorme”.

Además, Cornejo afirmó que esa condición puede llevar a que la empresa no encuentre compradores. “Nosotros necesitamos que la prioridad del Gobierno provincial y del Gobierno nacional esté perfectamente alineada en este punto, en que la empresa siga en funcionamiento, que tenga nuevos contratos”.

Al hablar sobre los puestos de trabajo en la empresa, Cornejo señaló que se busca vender patrimonio provincial sin afectar el empleo o los contratos existentes. Es más, afirmó que hizo esta salvedad porque tiene como objetivo que se sostenga la mayor cantidad de empleo, los contratos que ya se tienen y que se logren conseguir nuevos. “Ese es el objetivo en el que estamos alineados el Gobierno provincial y el Gobierno nacional”, afirmó Cornejo. 

Es más, agradeció el apoyo de los diputados y senadores provinciales y señaló que aspira a que en la Cámara Alta apruebe el martes próximo el proyecto para que se convierta en ley. “Los funcionarios nacionales que me acompañan y otros tantos tendrán necesidad, para enajenar acciones del Estado nacional, autorizaciones similares a las que está teniendo el Gobierno de la Provincia”, remarcó el mandatario, y destacó el rol de los legisladores nacionales Lisandro Nieri y Facundo Correa Llano, quienes han estado involucrados en el proceso.

“En el caso de Lisandro es parte indisoluble del equipo del Gobierno provincial, pero en el caso de Facundo Correa Llano valoramos mucho su presencia y el acompañamiento, en calidad de representante del partido que está en el Gobierno nacional”, comentó Cornejo.

Proceso de concurso público internacional

Chaher señaló que la Asamblea ha iniciado un proceso para un concurso público internacional tras la auditoría, habilitando un data room para cuatro grupos empresarios. Aseguró también que se evaluará la idoneidad de los oferentes para asegurar una gestión adecuada de la empresa.

“A partir de la finalización del período de auditoría en el cual se habilita un data room y están participando varios grupos empresarios, en total cuatro, vamos a hacer el proceso de concurso público internacional para que puedan ejercer el derecho de presentar ofertas”, dijo, y señaló que estará habilitado por un plazo de 30 días y están tomando como referencia la reglamentación Ley Base. 

De esta manera, Chaher hizo hincapié en que la aplicación de toda esta normativa “asegura un proceso transparente, plural y que permita la competencia entre los privados interesados”. Acto seguido, explicó que se realizará una evaluación muy exhaustiva donde se pondrá el acento en la idoneidad, para garantizar que los oferentes que se presentan estén capacitados técnicamente para asegurar el gerenciamiento y la continuidad de la compañía.

Además, explicó que el proceso terminará dentro de 30 días y dejó entrever que “eventualmente allí podremos estar dándoles las noticias”.