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Por investigación en pedidos de coimas, despiden al interventor de YCRT
DIARIOS/ENERNEWS

El ingeniero industrial especializado en temas ambientales, había sido funcionario de Pro en la ciudad de Buenos Aires, la provincia y la Nación

10/09/2024

El presidente Javier Milei destituyó a Thierry Decoud, interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en medio de un escándalo por presuntas solicitudes de sobornos relacionadas con una negociación con la empresa israelí TEGI Limited.

La decisión fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que aunque no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente a Decoud con el hecho, el presidente optó por apartarlo de su cargo "hasta que se aclaren los hechos".

El escándalo se desató cuando el diario Clarín reveló que dos intermediarios, Andrés Gross y Alejandro Salemme, habrían solicitado un retorno de dinero para concretar la venta de 30.000 toneladas de carbón a TEGI, en una operación valorada en alrededor de US$ 2.1 millones.

Los pedidos de soborno quedaron registrados en una grabación, en la que Gross menciona un “porcentaje elevado” solicitado sin especificar quién lo exigía. Gross, amigo personal de Decoud, habría actuado como intermediario en la negociación.

Decoud fue designado interventor de YCRT en diciembre de 2023, tras la asunción de Milei, y contaba con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Anteriormente, ocupó cargos importantes durante la gestión de Mauricio Macri, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional. Entre sus funciones destacadas, fue presidente de Centrales de la Costa Atlántica y secretario de Control y Monitoreo Ambiental.

Aunque el entorno de Decoud niega su relación con los sobornos, la decisión de su destitución obedece a la necesidad del gobierno de garantizar total transparencia en la gestión, según afirmó Adorni.

“Donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta, siempre hará a un lado al responsable”, subrayó el vocero presidencial.

El caso ha generado tensión dentro del gobierno, con algunos sectores del oficialismo intentando desvincularse de Decoud. Sin embargo, figuras del PRO, partido con el que Decoud tuvo vínculos en el pasado, aclararon que su llegada al gobierno actual fue parte de acuerdos privados y no una recomendación oficial del partido.

 


PUBLICADO ESTA MAÑANA

YCRT, EN LA MIRA: NEGOCIOS, COIMAS, CRISIS Y EL PEDIDO DE VIDAL

Un nuevo escándalo gira en torno a  Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que incluye el pedido de coima de un intermediario en una venta de carbón remanente entre la israelí TEGI Limited y la estatal.

En junio de 2024, TEGI Limited, una compañía de capitales israelíes, presentó una oferta formal para adquirir un remanente de carbón (con altos niveles de ceniza y en condiciones de combustión) que YCRT tenía almacenado en el puerto de Punta Loyola, en la provincia de Santa Cruz. La compra de las 30.000 toneladas de carbón, con un precio promedio de US$ 70 por tonelada, fue vista como una oportunidad para la compañía israelí, que planeaba revenderlo a China e India, según explicó la agencia Noticias Argentinas.

El problema está cuando un grupo de intermediarios apareció en escena y cambió el rumbo de la negociación. Andrés Gross y Alejandro Salemme, dos brokers que supuestamente estaban colaborando con la compra, habrían solicitado a la empresa israelí un pago adicional para que el acuerdo se concretara. Según un audio al que accedió el diario Clarín, los intermediarios exigieron una suma de entre US$20.000 y US$30.000, lo que representa entre el 1% y el 1.5% del valor total de la compra.

El acuerdo propuesto por TEGI no solo buscaba concretar esta compra inicial, sino que también abría la puerta a un contrato a largo plazo que implicaría la compra de hasta 700.000 toneladas de carbón al año, por un valor de más de 100 millones de dólares en dos años.

Luego de conocerse la negociación irregular, que no llegó a nada, el Gobierno de Santa Cruz expresó su repudio y pidió a la Justicia Nacional que inicie un proceso de investigación, así como la cadena de responsabilidades, desde las personas involucradas en forma directa, como de las que dieron las órdenes políticas. Y agregó que "sí llegara a ser cierta la denuncia, si son veraces los audios y se constata el pedido de cohecho, pedimos al Gobierno Nacional que actúe con la mayor firmeza sobre los funcionarios y las personas involucradas. No somos ni seremos parte de un hecho de corrupción".

 
El pedido que frenó la operación

En la grabación, se escucha a Gross y Salemme negociar con Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI en Argentina, quien se mostró sorprendido y en desacuerdo con la solicitud. Yarke dejó en claro que la empresa israelí no estaba dispuesta a pagar ningún monto adicional y que ya tenían contacto directo con YCRT, lo que hacía innecesario el rol de los intermediarios.

Gross, quien en un principio se mostró como un actor clave en la operación, luego reconoció haber exagerado su influencia. En declaraciones al medio argentino, Gross admitió haber cometido un error: "Me fui de boca, es cierto. Pensé que Salemme tenía el respaldo necesario, pero no fue así". También afirmó que no tenía el poder que había insinuado tener durante la negociación.

Por su parte, Salemme calificó su participación como "infantil", pero negó que hubiera habido algo ilegal en su accionar. Aseguró que, como broker, su trabajo consistía en acercar a las partes y facilitar la concreción de negocios. Sin embargo, la intermediación de ambos fue rechazada por TEGI, que ya estaba en contacto con Cancillería argentina para avanzar en la operación.

El rol de Cancillería en la operación

Otro de los puntos que complicó la operación fue el papel de Cancillería. Según explicó Yarke, la compañía israelí había sido contactada directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, lo que les permitió iniciar las negociaciones con YCRT. Desde Cancillería, buscaban promover la primera exportación de carbón de Río Turbio en cinco años, lo que le daría un impulso significativo a la producción de la minera estatal.

A pesar de este apoyo diplomático, el intento de mediación por parte de Gross y Salemme llevó a que TEGI frenara las negociaciones, frustrando así la posibilidad de una exportación que habría aliviado la situación financiera de YCRT.

El interventor de YCRT, Thierry Decoud, negó cualquier vinculación con los intermediarios. Afirmó que, como empresa del Estado, YCRT no puede pagar comisiones ni contratar brokers, y que no tuvo ningún tipo de contacto con Gross y Salemme durante el proceso. Sin embargo, Decoud y Gross reconocieron ser amigos y compartir actividades sociales, como jugar al fútbol juntos, lo que ha generado suspicacias sobre su posible involucramiento en la trama de corrupción.

La operación frustrada con TEGI podría haber representado una oportunidad para revertir en parte la situación de la empresa, con un contrato a largo plazo que garantizaría ingresos significativos. Pero la posterior suspensión del acuerdo ha dejado a YCRT en una posición aún más comprometida.

YCRT lleva años en crisis. La minera estatal perdió cerca de US$140 millones el último año, cuenta con más de 2.100 empleados,  acumula deudas millonarias y su producción mensual ha caído a 5.000 toneladas.

Según el comunicado difundido por el gobierno provincial,  la  empresa viene sufriendo por años y años de actos de corrupción, muchos de los cuales hemos denunciado cuando no éramos gobierno. No los toleramos antes, no los vamos a tolerar ahora.

El gobierno de Santa Cruz remarca que los habitantes de la provincia son los principales perjudicados ya que  Santa Cruz necesita que YCRT se reactive. Santa Cruz necesita volver a producir. Santa Cruz necesita una industria firme. Y vamos a dejar lo último de nuestro aliento para poder llevarlo a cabo. "Nuestro gobierno ha realizado un grandísimo esfuerzo, junto a los trabajadores; para recuperar la producción de carbón, ya que hace mucho tiempo no se extraía. Es lamentable que ese importante esfuerzo que se viene haciendo, se eche a perder de esta manera".

Y concluyó que "Evaluaremos con nuestro equipo de asesores legales la oportunidad y la posibilidad de que la provincia de Santa Cruz se presente formalmente en la justicia para ser parte querellante y pedir que se aclare este desagradable y repudiable episodio que se ha divulgado

".


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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