En la última actualización del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), el Gobierno de Perú estimó que la economía peruana crecería un 3.2% en este año y un 3.1% en el 2025. Continuando con este escenario, entre 2026 y 2028, la expansión proyectada es de 3%.

Luego de que la pobreza se incrementó al cierre del año pasado hasta un 29% de la población nacional, alcanzando a más de 9.8 millones, diversos expertos han señalado que tasas de crecimiento de 3% resultan insuficientes para revertir este escenario. A esto también se suma la necesidad de una mayor recaudación tributaria, entre otros en el panorama económico.

El crecimiento de 3% anual entre 2026 y 2028 se explicaría en el incremento de la demanda interna, en parte, ante un mayor gasto privado destinado al inicio de construcción de nuevos proyectos mineros, según explicó Ricardo Guerra Vásquez en Gestión. 

En el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) se detalla que “la inversión minera se verá favorecida, en el horizonte de proyección, por el inicio de construcción de nuevos proyectos mineros con condiciones internacionales favorables e impulsado por mejoras normativas”. Algunos que destacan en este aspecto son Yanacocha Sulfuros, Michiquillay, Integración de Corccohuayco, Ampliación Ilo, Trapiche y Magistral.

Sin embargo, en el MMM se precisa que no toda la cartera de proyectos mineros se encuentra en ejecución. El impacto macroeconómico potencial de una mayor inversión y producción minera de proyectos cupríferos es significativo e incide de manera directa en el empleo, los ingresos laborales, la pobreza, la recaudación tributaria, entre otros.

En detalle, el Perú registra 31 proyectos mineros de cobre por un total de US$40,000 millones. Pero solo 7, por un valor de US$ 8,000 millones, tienen fechas estimadas preliminares. El grueso de este grupo, un total de 24 inversiones por US$32,000 millones, no cuenta con una.

El documento precisa que estos proyectos están en diferentes etapas de desarrollo: siete se encuentran en proceso conceptual, nueve en pre-factiblidad, cinco en factibilidad, dos en ingeniería de detalle y uno en ejecución suspendida. El mayor número de proyectos (9) está concentrando en la fase de “pre-factiblidad” y acumula un valor de casi US$13,400 millones. En tanto, el proyecto en ejecución paralizada se refiere a Ariana (Junín) por US$140 millones.

En este panorama, cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estiman que si estos proyectos empezaran a ejecutarse se podría aportar 16.1 puntos porcentuales (p.p.) de crecimiento anual a la inversión minera solo en el primer quinquenio (durante su fase expansiva).

Asimismo, se proyecta que su impacto sobre la inversión privada y la economía nacional sería de 1.6 p.p. y de 0.4 p.p. adicionales, cada año. De acuerdo con cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE), esto sería equivalente a que ingresen US$1,069 millones adicionales anuales a la economía.

TRASFONDO
Victor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, señaló que este escenario de 24 proyectos mineros sin fecha de inicio establecida es crítico y mencionó que son varios los factores que lo explican.

En primer lugar, indicó que está la tramitología en el sector, pues los procesos administrativos en el Perú demandan entre tres y cuatro veces más que en otros países. “No se trata de reducir las exigencias a las empresas, sino que la capacidad del Estado para atender estos procesos sea mayor”, apuntó.

Un estudio del IPE sobre el sector minero evidencia que las normas vinculadas a procedimientos administrativos creció de menos de 10, en 1991, hasta los 130, solo hasta el 2017.

Otro aspecto que dificulta el avance de la cartera de proyectos es una mayor conflictividad social. Fuentes anotó que esto debe responder, en el corto plazo, a una gestión eficiente de los mismos y, en el largo, a un uso adecuado de los fondos por canon y regalías. “No hay mejor manera que demostrar los beneficios del sector minero traduciendo los recursos que se generen en bienestar”, agregó.

El reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, correspondiente a julio, registró que hay 209 a nivel nacional, donde 159 están activos, 88 en proceso de diálogo y 50 latentes. En julio, fueron cuatro los nuevos conflictos que surgieron.

Un tercer factor, continuó Fuentes, es la afectación de la incertidumbre política sobre el ánimo de los inversionistas. “En un año preelectoral como será el 2025, puede significar que se pateen algunos proyectos por la incertidumbre. Hoy se tiene alrededor de 30 candidatos que postularán a la Presidencia. No es un dato menor”, apuntó.

Por último, el gerente de políticas públicas del IPE advirtió que un nuevo problema para el desarrollo del sector es el avance de la minería ilegal, que inicialmente se ha observado en la explotación del oro, pero ahora también se ha expandido al cobre.

“El mineral finalmente va a ser explotado. El tema está en si se brindan las condiciones para hacerlo de manera formal o se hace de manera ilegal, con todos los pasivos que implica”, subrayó.

Además, agregó que la mitad de la cartera de proyectos mineros se encuentra paralizada por razones ajenas a la empresa. De 23 proyectos, 16 se encuentran parados o retrasados sin fecha probable de inicio, mientras que otros pocos empezarían en el 2032. “Hay proyectos que tienen 10 años de retraso como Tía María, Conga, Río Blanco, Magistral, El Galeno, Haquira, Quechua y Los Chancas”, agregó.

El ex ministro de Economía, Alfredo Thorne, mencionó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene una unidad de destrabe de proyectos y tienen mapeadas las aprobaciones que deben hacerse para poder salir; sin embargo, la cantidad de aprobaciones por las que tienen que pasar hacen que tomen mucho tiempo en aprobarse.

“Si el MEF junto al Minem sacasen una reforma en la que aceleran este proceso de aprobación, esos proyectos, en lugar de demorar cinco años en aprobarse, podría hacerse en dos o tres años. Los inversionistas deben tener garantía de que se vayan a aprobar y debe existir voluntad política del gobierno”, dijo a Melissa Rodríguez Enciso de El Comercio. 

Para Thorne, si bien el apoyo al proyecto Tía María puede ayudar a gatillar la inversión en más proyectos mineros cupríferos, se debe reconocer que, aún si sale este proyecto, empezaría a producir en el 2027 o 2028 y no es que el efecto sobre la economía va a ser inmediato.

“Así como está Tía María, está el proyecto Michiquillay, la ampliación de Las Bambas, el proyecto La Granja en el norte. Hay muchos proyectos muy grandes. Si destrabamos todos, hasta podríamos pasar a Chile y convertirnos en el principal productor de cobre”, explicó.

DESTRABE DE PROYECTOS
Sin embargo, para que se dé el destrabe de proyectos mineros, debe haber una reforma en la simplificación de procedimientos, dijo Thorne. Y en esto coincide Fuentes, pues, a su entender, los problemas de tramitología son muy graves y no se trata de hacer más laxo el proceso, sino más efectivo y razonable.

Otro gran problema son los conflictos sociales que no son atendidos de manera adecuada, anotó Fuentes. “El uso eficiente que se le ha dado al canon de regalías en los últimos años han hecho un franco favor en evidenciar el impacto positivo que puede tener la generación de recursos. No hemos visto muchos avances en una discusión de cómo hacemos para hacer más eficiente el uso de recursos públicos en las regiones”, explicó.

Para Fuentes, este es un tema no menor, pues está vinculado a la minería ilegal y su relación con el crimen organizado. “Además de los proyectos de cobre, hay proyectos de oro que aún no salen y están esperando resolver problemas de conflictividad social y vienen siendo aprovechados por operaciones ilegales”, agregó.

Esto también representa un peligro adicional para desplegar grandes proyectos, pues, aun cumpliendo con las regulaciones y estar operando, no hay seguridad suficiente de que estas se darán en un entorno seguro tanto para la empresa minera, como para la vida y salud de los trabajadores, comentó Fuentes.

Según Thorne, lo que dice la data de conflictos mineros es que no se originan cuando el proyecto está en sus inicios, sino cuando ya se está produciendo. Ante ello, el gobierno debe hacer un trabajo con las comunidades y asegurarse de que habrá hospitales, agua, desagüe, luz, entre otros servicios en las comunidades aledañas a los proyectos.