En el marco del debate por la adhesión de Catamarca al RIGI, el ministro de Minería, Marcelo Murúa, analizó las consecuencias que traería para el sector minero en lo atinente a la contratación de proveedores y mano de obra local, ya que la provincia cuenta con la legislación que exige a las mineras y sus contratistas contar con el 70% de empleo y proveedores catamarqueños. 

En este sentido, el funcionario consideró que la ley nacional no colisiona con la normativa local y que Catamarca tiene herramientas para defender lo conseguido hasta el momento en la generación de fuentes de trabajo genuinas en la actividad minera. 

“En términos de beneficios fiscales nacionales, la potestad de otorgarlos o no es del Gobierno nacional, y al estar la ley sancionada, eso ya está vigente. En esta materia, también hay artículos -el 164 y 193- que restringen acciones a las provincias, como el aumento de impuestos, generar condiciones menos favorables u obligar a la proveeduría local", explicó Murúa.

"Pero a su vez, en los requisitos para la adhesión establece que el vehículo único de proyectos debe contar con un plan de integración de empleo local y un programa de desarrollo de proveedores. Así que entiendo que la restricción es meramente económica y fiscal, en términos de dinero”, agregó.

Y es en este punto, donde Murúa considera que Catamarca tiene los mecanismos para seguir exigiendo que se cumpla con la contratación mayoritaria de empleados locales.

“Desde mi punto de vista, el empleo local no es un factor netamente económico, la gente no es una mercancía, por lo que el empleo local entra en otra esfera de la normativa, en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que están reguladas por la Ley General del Ambiente, que establece que los informes de impacto ambiental deben desarrollar una línea de base ambiental y social. Por ende, en Catamarca en las DIA tenemos un capítulo sobre el desarrollo socio económico de las poblaciones como un componente más de la descripción de los impactos positivos y negativos de cada proyecto”, especificó.

El Informe de Impacto Ambiental que presentan las empresas mineras en cualquier etapa de la actividad, es una hipótesis de los impactos que tendrá en el ambiente, tanto natural como social, y entre esos impactos positivos debe estar contemplado el desarrollo local y desarrollo humano.

“El empleo pasa a ser un componente de las DIA y es ahí donde ubicamos estos compromisos. Se trata de una potestad meramente local, por lo que a mí entender, el RIGI no aboga en ese sentido, hace referencia a lo económico y fiscal y el desarrollo socio económico es un componente socio-ambiental”, enfatizó Murúa. 

“Estas son herramientas que tenemos en la provincia y que vamos a utilizar y profundizar con mucho control para que no haya situaciones que se salgan de los parámetros aceptables. Esto es una política pública que está entre las funciones que como ministerio y Gobierno debemos cumplir. En esto intervienen otras dependencias del Gobierno, los gremios, la Agencia de Recaudación, las cámaras que agrupan proveedores, todos con un norte común que es la generación del empleo local. Y las empresas saben que un proyecto minero sin desarrollo e inserción local, se torna inviable”, agregó.

LOS BENEFICIOS PARA LA ACTIVIDAD
Por otra parte, el ministro de Minería aclaró que, en el caso de la minería, “el 70% de los beneficios nacionales que el RIGI aporta, el sector ya los tiene por la Ley de Inversiones Mineras de los años ´90".

"Otorga un incremento que es importante y que puede ser decisivo para definir un proyecto, como por ejemplo MARA, pero es diferente a otras actividades, como por ejemplo el GNL, que no tenía otros beneficios previos; a ellos les abarca la totalidad de los beneficios del RIGI.  En minería, el incremento es importante y genera condiciones favorables", agregó.

"Por lo que, en este escenario, como provincia vamos a agudizar y poner el acento en capacitar fuertemente a la gente y a las empresas locales para trabajar y proveer a la minería, porque por más normativa que tengamos si no capacitamos a nuestros recursos humanos no vamos a poder potenciar e incrementar el desarrollo local”, completó Murúa.