A pesar de los beneficios y oportunidades que brinda la minería formal en el país, aún hay quienes intentan entorpecer la realización de proyectos como Tía María. La actividad minera puede generar hasta 11 veces más recursos de uso directo para los municipios, y negarse a esto implica pasar por alto las necesidades de la población. 

El pasado 12 de julio, se realizó un encuentro entre congresistas y agricultores del Valle del Tambo, el cual fue una excusa para azuzar a la población en contra del proyecto Tía María, aduciendo que pondrá en riesgo la agricultura local y contaminará las aguas del río Tambo.

Esto pese a que el proyecto cumple con todas las normas ambientales hasta la fecha y que, además, promete un beneficio significativo para todos los peruanos en la provincia de Islay, según el propio ministro del Ambiente, Juan Carlos Vargas. 

El proyecto, llevado a cabo por Southern Perú, no contará con planta concentradora ni presas de relaves. Además, las emisiones de polvo y ruido serán controladas, por lo que el impacto en el medio ambiente sería mínimo, según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Por otro lado, el mayor impacto de la ejecución del proyecto se vería en el mayor presupuesto que recaudarían los Gobiernos locales. 

En la práctica, las provincias que albergan proyectos mineros de gran envergadura cuentan con mayores ingresos para financiar proyectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Por ejemplo, la provincia de Huari, en el departamento de Áncash, cuenta con un presupuesto total de S/ 1,375 millones para este año, lo cual equivale a 11 veces el promedio de las demás provincias del departamento y casi el doble del segundo lugar.

Esto se debe a la presencia de la minería, en particular de la unidad polimetálica Huincush (principalmente de cobre) de Antamina en el distrito de San Marcos, según datos del MINEM y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Esto se repite a partir de la participación de las cuatro minas de cobre más grandes del país. El presupuesto de la provincia de Arequipa asciende a S/ 1,681 millones, y equivale a 11.5 veces el presupuesto promedio de sus semejantes en el departamento del mismo nombre, gracias a la unidad principal de Cerro Verde.

Sucede lo mismo con las provincias de Mariscal Nieto, en Moquegua (S/ 568 millones; 4 veces), que cuenta con la presencia de la unidad Quevalleco, de Anglo American, y Cotabambas, en Apurímac (S/ 354 millones, 2.8 veces), que alberga a Las Bambas. 

Con la puesta en marcha del proyecto, que cuenta con la autorización de construcción del MINEM desde 2019, se estima un beneficio de S/ 5,460 millones por conceptos de canon y regalías en los 20 años que dure el proyecto, además de la apertura de 9,000 plazas de empleo durante la etapa de construcción y de 5,850 durante la operación entre puestos directos e indirectos, según Southern.

Así, al hacer un ejercicio de equivalencias, con los recursos generados por canon y regalías, se podrían construir 1,092 postas médicas o 4.6 hospitales de tercer nivel (los de mayor equipamiento y abasto). 

La necesidad de ejecutar proyectos de tal magnitud se hace evidente cuando un 13.9% de la población de Arequipa se encuentran en condición de pobreza, más del doble de la incidencia de pobreza registrada en 2019 (6%).

Asimismo, los distritos que alojan el proyecto (Cocachacra, Mejía y Dean Valdivia) presentan carencias igual de preocupantes. En Cocachacra, un 19.5% de la población no cuenta con el servicio de agua potable; un 8% carece de electricidad y un 25.8%, de saneamiento. Esto se repite en los distritos de Mejía (18.7%, 2.4%, 24.5%) y Dean Valdivia (4%, 5.3%, 14.2%), según datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

A pesar de estas evidencias, aún existen quienes pretenden entorpecer la implementación de proyectos que mejorarían la calidad de vida de estas comunidades. Es prioridad que prevalezca el diálogo y se promueva la inversión para traer verdadero progreso a todas las regiones del país.