El consenso de los Emiratos Árabes Unidos acordado en la COP28 de triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar las ganancias de eficiencia energética para 2030 requiere que los países superen las barreras estructurales que impiden el progreso de las transiciones energéticas.
El informe Perspectivas de las transiciones energéticas mundiales de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) identifica estas barreras y los facilitadores clave que crean condiciones propicias para una transición acelerada.
Una de las barreras identificadas es la formulación de políticas estancadas, que ha impedido los cambios sistémicos necesarios en materia de políticas y planificación energéticas. Los responsables de las políticas desempeñan un papel crucial a la hora de apoyar esos cambios adaptando las estructuras de mercado, eliminando los subsidios distorsionantes a los combustibles fósiles y estableciendo mecanismos eficaces de fijación de precios del carbono.
Por lo tanto, para hacer realidad la promesa de la COP28 y aumentar drásticamente la capacidad de energía renovable en los siete años restantes hasta alcanzar los 11,2 teravatios, se requieren intervenciones políticas urgentes.
41 de los 51 miembros de IRENA que participaron en una encuesta realizada en preparación para la próxima presentación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) coincidieron en la necesidad de mejorar las políticas y regulaciones para avanzar en las transiciones energéticas.
Tras el Consenso de los EAU, los países deben considerar el objetivo de triplicar las energías renovables para la próxima presentación de sus NDC, al tiempo que reflejan sus diferentes puntos de partida y contextos nacionales.
Las respuestas de los Miembros están en consonancia con las recomendaciones de IRENA para que los responsables políticos afronten los nuevos desafíos y las necesidades actuales mediante:
+ Situar la transición energética en el centro de las estrategias económicas y de desarrollo nacionales.
+ Alinear políticas sectoriales e intersectoriales para promover la implementación de energías renovables y otras soluciones relacionadas con la transición.
+ Adaptar políticas y medidas a las realidades del mercado.
+ Ajustar las políticas para apoyar la industria de las energías renovables (por ejemplo, fijar precios máximos de subasta que reflejen mejor los costos reales).
En la encuesta, los Miembros también destacaron la necesidad de contar con diversas opciones normativas y reglamentarias. A continuación, 33 países mencionaron los instrumentos de fijación de precios del carbono y/o los mecanismos de mercado del Artículo 6 del Acuerdo de París, mientras que 32 de ellos incluyeron políticas y reglamentaciones de movilidad eléctrica.
La última evaluación muestra que los compromisos y objetivos actuales no son suficientes para descarbonizar el sector del transporte como lo exige el Acuerdo de París.
De los 140 países que presentaron una segunda ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional en agosto de 2023, 23 países han establecido un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el transporte, 135 países han establecido objetivos para el transporte que no incluyen objetivos explícitos de reducción de emisiones de GEI, mientras que las presentaciones de Estrategias de Desarrollo de Bajas Emisiones a Largo Plazo de 92 países incluyen acciones de mitigación climática para el transporte.
Un próximo informe de IRENA destaca el papel fundamental de las políticas para la transición del transporte por carretera. Se insta a los países a establecer objetivos ambiciosos en materia de vehículos eléctricos (VE) y un cronograma claro y alineado con el Acuerdo de París para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles en el transporte por carretera, enviando señales a los inversores y fabricantes de automóviles.
Se necesitan políticas que mejoren la eficiencia sistémica de la actividad de transporte y el comportamiento de los viajes.
Los vehículos eléctricos y las infraestructuras de recarga tendrán que desempeñar un papel importante a la hora de acelerar la transición. Además de la electrificación, se analizan tres áreas de la formulación de políticas como medidas para descarbonizar el sector del transporte: evitar (el transporte motorizado innecesario), cambiar (a modos más eficientes) y mejorar (la eficiencia de los vehículos).
El marco de evitar-cambiar-mejorar es útil para explorar todas las posibles políticas de descarbonización, pero no se debe pensar que las categorías son mutuamente excluyentes.
La descarbonización del transporte por carretera requerirá la aplicación de una serie de políticas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables, lo que ayuda a impulsar la demanda de un mayor despliegue de energías renovables.
Los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas tienen el potencial de ofrecer una opción rentable para la descarbonización del transporte por carretera en los países en desarrollo. Pueden aportar múltiples beneficios ambientales y socioeconómicos a las comunidades locales. Las políticas tendrían que incentivar modelos de negocio innovadores y abordar las barreras relacionadas con los costos, las baterías y la seguridad.
Pero, como ha demostrado el análisis de IRENA, la formulación de políticas exitosas no puede limitarse a un solo sector. La transición energética que conducirá al cumplimiento de la promesa de triplicar las energías renovables es aquella que se vive como justa y equitativa en diferentes sectores, comunidades, países y regiones.
Esto implica que la formulación de políticas debe estar integrada o vinculada a los esfuerzos por reducir las enormes desigualdades entre ricos y pobres, hacer que las economías sean más sostenibles y mitigar la crisis climática.
