LUCIANA PAZ

En 2024 la economía chilena reanudará su expansión y la inversión privada se incrementará impulsada por la recuperación de la minería y el impacto positivo que dará la certeza jurídica gracias a la aprobación del Royalty Minero.

Según la Cuenta Pública del Ministerio de Hacienda, liderado por Mario Marcel, la economía de Chile crecerá apoyada por una política monetaria menos contractiva. A diferencia de las economías desarrolladas, donde los efectos de la política monetaria contractiva seguirán presentes durante el año, en Chile la convergencia inflacionaria anticipada permitirá un relajamiento de las condiciones financieras que será un estímulo para la actividad, la inversión y el mercado laboral.

Las positivas cifras de comienzos de año han llevado a la actividad económica a ubicarse en el nivel más alto de su historia, un auspicioso comienzo que ha mejorado las perspectivas para el crecimiento de este año de forma transversal.

Gracias a los ingresos que dará el royalty minero y las rentas de litio, para 2024, se plantea una meta de Balance Cíclicamente Ajustado que continua con la senda de convergencia, alcanzando el -1,9 por ciento del PIB estimado, lo que se traduce en un gasto público de casi 77 billones.

La demanda interna volverá a crecer, con impulso por parte de sus dos componentes. Por un lado, la caída de la inflación ha permitido una recuperación de las remuneraciones reales, que, combinada con la evolución del empleo, apunta a un crecimiento de la masa salarial que respaldará al consumo. Por otro, la política fiscal contribuirá a la reactivación de la economía en 2024, especialmente a través de su apoyo al sector de la construcción y las medidas adoptadas para agilizar la ejecución de la inversión pública.

La inversión privada se incrementará, entre otros, gracias a la recuperación del sector minero, impactado positivamente por la mayor certeza jurídica luego de la aprobación del Royalty Minero.

El 1 de enero de 2024 entró en vigencia, la Ley 21.591 que crea un Royalty Minero, estableciendo un esquema tributario para la gran minería, que deja exenta a la pequeña minería (menos de doce mil toneladas de producción). Respecto de la mediana minería (menos de 50.000 toneladas de producción) se establece una tasa progresiva de entre 0,4 por ciento y 4,4 por ciento según producción anual.

Respecto de la producción sobre 50.000 toneladas (gran minería), se distingue entre dos categorías. La primera, corresponde a los explotadores mineros cuya producción de minerales distintos al cobre supere el 50 por ciento. Estos tendrán que cumplir con una tasa efectiva de entre 5% y 14% según el margen operacional minero, manteniendo el régimen actual.

La segunda corresponde a los explotadores cuya producción provenga en más de un 50 por ciento de cobre. Estos quedarán sujetos al componente ad-Valorem de un 1 por ciento, y a una tasa progresiva de entre ocho y 26 por ciento, según su margen operacional minero, la suma de ambos constituye el impuesto a pagar.

Como parte de los esfuerzos para entregar certeza y competitividad en el sector, se establece un límite de carga máxima potencial equivalente a 46,5 por ciento. Este techo se reduce a 45,5 por ciento para los explotadores con producción promedio en los últimos 6 años menor a 80.000 toneladas de producción.

De la recaudación del Royalty Minero, US$ 450 millones se destinarán a regiones y comunas a través de los siguientes mecanismos:

-Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo: Este contará con US$ 225 millones, los que serán distribuidos a partir de las normas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

-Fondo de Comunas Mineras: Este contempla 55 millones de dólares, los que se destinarán a comunas mineras, o sea, aquellas que tengan faenas o actividades relacionadas a la minería, como fundiciones o puertos;

-Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial: Este considera 170 millones de dólares, los que irán a las comunas con mayor dependencia de Fondo Común Municipal.

En 2024, como resultado de un acuerdo con los parlamentarios en el marco de la Ley de Presupuestos, se estableció un Fondo que permitió adelantar recursos por el equivalente al 50% de lo que establece la ley del royalty. De esta forma, en abril se transfirieron más de $70.000 millones a 300 comunas beneficiadas por Equidad Territorial, recursos que beneficiarán a más de 12 millones de habitantes; y se asignaron casi $23.000 millones a 43 comunas mineras.

En forma adicional, en el marco de la tramitación de la Ley de Royalty se suscribió un compromiso para crear una Mesa de Royalty Minero para identificar las medidas presupuestarias, administrativas y legales necesarias para agilizar la inversión del sector.

La Mesa definió diversas medidas desde reformas de tipo legal y reglamentaria, hasta la generación de guías y manuales, y la revisión y modernización de procesos y sistemas para la tramitación de permisos.

El ministerio de Hacienda proyecta que estas meddias tengan un impacto positivo en la inversión minera en Chile, al simplificar y agilizar los procesos de tramitación de permisos, lo que a su vez fomentará la inversión en el sector. Mejoren la calidad de servicio y experiencia usuaria en los trámites relacionados con la obtención de autorizaciones y permisos para el desarrollo de proyectos de inversión.

El Gobierno se comprometió a adoptar las medidas necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental u otros objetos de protección.

Cómo última clave dentro de la agenda minera, se solicitó a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) un estudio sectorial pionero en su tipo que contuviera tres elementos: primero, una tipología de proyectos mineros y su interacción con aquellos permisos considerados críticos, que son los que demoran más tiempo; segundo, construir una línea de base de medición que contemple la ruta crítica de permisos para proyectos de inversión; y en tercer lugar generar un mecanismo de seguimiento y monitoreo de reporte anual de los avances respecto al cumplimiento de la meta de reducción de plazos de tramitación de faenas mineras. Informe fue entregado el mismo día de las conclusiones de la Mesa Técnica.