Cuando le presidente de YPF, Horacio Marin, afirmó que la planta de GNL se realizaría en la provincia que adhiriera al RIGI, encrudeció el conflicto que enfrentaba a Buenos Aires con Río Negro por la obra de la petrolera estatal.
En el marco de sus conferencia de prensas diarias, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que “la inversión estaba aprobada sin RIGI” y agregó que aclaró que esta participación extranjera en una planta de Gas Licuado en el sur bonaerense “trata de una historia virtuosa de planificación del Estado” y pidió que el tema sea tratado “con seriedad, discusión y trabajo técnico” y que no sea “enredado con cuestiones coyunturales o partidarias”.
Días atrás, en una entrevista con Carlos Pagni en LN+, Horacio Marin, utilizó la coyuntura del Régimen de Incentivo a las Inversiones Mineras (RIGI) para marcar su postura acerca del cruce entre Axel Kicillof, que quiere el proyecto original de la planta de GNL se haga en Bahía Blanca, Alberto Weretilneck que apuesta a que se mude a Punta Colorada, donde YPF proyecta construir un puerto.
Marín explicó que desde YPF enviaron una carta oficial a Kicillof y a Alberto Weretilneck con tres puntos de incentivos económicos y cuatro de ayudas en permisos. Es en medio de la pugna entre los gobiernos bonaerenses y rionegrinos, con la discusión por la Ley Bases y el RIGI como trasfondo político. El RIGI es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para que a las compañías que inviertan más de US$200 millones en el país se les garantice “estabilidad fiscal durante 30 años”.
A fines de 2022, con una inversión inicial de US$ 10.000 millones, YPF y Petronas, la compañía nacional de petróleo y gas de Malasia, firmaron un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto (JSDA, por sus siglas en inglés) para un proyecto integrado de GNL en Argentina que abarcará el upstream con la producción de gas no convencional, el desarrollo de gasoductos e infraestructura, la producción de GNL, así como la comercialización y la logística internacional.
