El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, puso énfasis en la necesidad de mejorar la regulación del sector minero en el país para impulsar la inversión y el crecimiento sostenible.

“Es necesario trabajar juntos en un marco que promueva la previsibilidad y la razonabilidad. La coordinación entre todas las partes interesadas es esencial para superar este desafío”, indicó al Instituto de Ingenieros de minas del Perú (IIMP), tras su exposición en el seminario sobre Seguridad Jurídica que realizó el Ministerio de Justicia.

Para explicar su punto, detalló que actualmente existen 232 procesos administrativos identificados en la cadena de valor de la minería, cuyas actividades se encuentran reguladas por 470 normas e intervienen 29 entidades públicas.

Además, los procesos administrativos son largos y se caracterizan por un excesivo control previo. Agregó que hasta 12 entidades pueden participar emitiendo opiniones técnicas a los IGA y hay 60 procesos administrativos con posibles barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.

“Sabemos que cuando creamos más barreras burocráticas lo que estamos haciendo es promoviendo la informalidad. Y claramente la formalidad es la salida correcta, si queremos ser un país miembro de la OCDE, si queremos que nuestra población tenga empleo formal y la economía crezca de manera sostenible”, apuntó.

CONSECUENCIAS
Como resultado de dicho proceso complejo, Gobitz citó al IPE, que tiene un estudio sobre 23 proyectos en cartera que enfrentan retrasos por causas ajenas a la voluntad de la empresa, con un monto de inversión de US$ 29,667 millones.

La pérdida acumulada de ingresos que habrían generado esos proyectos entre 2008 y 2022 asciende a S/ 698,000 millones al PBI; S/ 123,000 millones de recaudación; 125,000 empleos en fase de inversión; 541,000 empleos en fase de producción; un crecimiento para el país de 4.7% en lugar de 3.9% anual y 1.7 millones de personas hubieran podido salir de la pobreza.

Así también, se extrapoló esta idea a un proyecto modelo que enfrenta un retraso de cuatro años, para ejemplificar las pérdidas.

Considerando que el proyecto modelo presenta una inversión de US$ 1,400 millones, en dicho tiempo se pierde la oportunidad de percibir S/ 12,000 millones para el PBI y S/ 2,066 millones de recaudación.