LUCIANA PAZ

En una nueva sesión maratónica, marcada por la violencia en las calles, el Senado aprobó en general el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal. 

Antes de que termine el primer día de sesión quedó aprobada en general la Ley Bases y antes de las 6 am del jueves pasó lo mismo con el paquete fiscal. La vicepresidente, Victoria Villarruel, tuvo el rol de desempatar no una, sino tres veces.

Por unanimidad,  se aprobó el Título I del paquete fiscal sobre el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. También se aprobó, con un poco más de debate, el  Régimen de regularización de activos, el Título II. 

El blanqueo permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Para montos más altos, contempla alícuotas progresivas del 5 % hasta el 15 %. 

El capítulo sobre Impuestos y Bienes Personales no corrió la misma suerte y fue rechazado por la mayoría, al igual que el capítulo quinto, por mayoría quedó rechazado esa propuesta de modificaciones al Impuesto a las Ganancias y se aprobó por mayoría el título sexto, del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Cinco fueron los cambios con los que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones llegó a la Cámara de Senadores:

+ Se fijaron las actividades incluídas en el RIGI: El régimen se circunscribe a las inversiones en el sector agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología.

+Impulso a los proveedores locales. Uno de los reclamos era cómo iba a afectar la apertura de las inversiones a las empresas nacionales. Con el cambio, se especifica que cada desarrollo tendrá que proponer al menos un 20% de la totalidad de inversión en proveedores en organizaciones nacionales, "siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".

+Nuevos plazos de cobros: Las exportaciones productos de las iniciativas adheridas al RIGI y efectuadas por los vehículos de proyecto único (VPU) quedan exceptuados en los porcentajes descriptos a continuación de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios: 20% luego de 2 años  desde la fecha de puesta en marcha del VPU;  40% luego de 3 años desde la fecha de puesta en marcha del VPU y 100% luego de 4 años desde la fecha de puesta en marcha del VPU.

+Se modifica el artículo 205 para que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI puedan ser objeto de negocios jurídicos de garantía.

+Para evitar que por cuestiones de estricto rigorismo formal -tal como lo definieron los asesores parlamentarios- se rechacen proyectos o que la Administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos, se propuso modificar los primeros tres párrafos del artículo 175. Con este cambio se busca morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU.

Perpetuar la violencia como mecanismo de oposición e intento de frenar un debate democrático y légitimo, suele ser una moneda corriente en un país atravesado por las diferencias políticas extremas. Nada justifica atentar contra la vida, trabajo e infraestructura. El reclamo es válido, el pensar distinto también pero hacerlo a través de formas que se convierten en delictivas y generan una reacción en cadena con respuestas represivas, no es la forma.

La complejización de la calle junto a un marketing político, que no hace más que usar de anzuelo a quienes creen que la violencia "es la forma", no muestra más que la realidad de un país acostumbrado a vivir en la grieta. De un lado y otro (hablar de lados ya lo hace tedioso) no hay empatía por una mirada distinta "será como yo lo digo o no será", es el leit motiv de los grupos políticos argentinos. Los espacios para debatir existen y son válidos, los hechos de violencia no.

Mientras el debate sigue en particular, queda un paso más para que la Ley salga como tal y es volver a Diputados. Aunque ya pasó por las dos Cámaras,  el Senado, oficiando como cámara revisora introdujo cambios al texto aprobado por el 30 de abril, por lo tanto ese nuevo texto que incluye modificaciones debe regresar para su sanción definitiva a la cámara "de origen".