El dictamen final que salió de las comisiones del Senado mantiene el beneficio de subsidios a las tarifas de gas para las regiones consideradas "Zonas Frías", que había sido excluído en Diputados.

El Gobierno transfiere a las distribuidoras la diferencia entre lo que abonan los hogares beneficiarios y el “costo real” de la factura a las distribuidoras con fondos de ese fideicomiso. El año pasado ese fondo tuvo ingresos por $116.877 millones y gastos por $77.663 millones, es decir, un resultado positivo de $39.213 millones. Este era uno de los fondos fiduciarios que tenía en la mira el Gobierno para su eliminación.

El régimen previsto por la Ley 25.565 de Zonas Frías originalmente preveía que desde 2002 unos 800.000 usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe  tengan un descuento en sus tarifas del 50% sobre lo que pagan en el precio del gas. A partir de la Ley 27.637 aprobada en 2021, el beneficio se extendió a localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, así como a 50 municipios de la provincia de Buenos Aires con clima frío o templado-frío.  De esta manera se incorporaron más de 3 millones de hogares.

Ese subsidio no se nutre de aportes del Tesoro Nacional sino que surge de un recargo del 5,44% sobre el precio del gas (PIST) -uno de los cuatro ítems que componen la factura además de transporte, distribución e impuestos- que pagan todos los usuarios (residenciales, comerciales e industriales) del país. Los aportes van al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.