Las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas constituyen precios regulados de la economía; así lo establecen las leyes vigentes de Marco Regulatorio (24065) y del Gas natural (24076). Las tarifas deben recuperar los costos eficientes auditados en que incurran las empresas para prestar el servicio. Los Entes Reguladores –ENRE Y ENARGAS- son las instituciones que tienen a su cargo la función de establecer las tarifas justas y razonables.

La devaluación del 118 %, en el inicio de la actual administración, pegó de lleno en los costos de la energía que está atada al valor del dólar y ello amplió la brecha entre los costos y los precios de la energía. Por lo tanto, en términos de cobertura tarifaria, diciembre de 2023 fue peor que diciembre 2015, como punto de arranque de la corrección tarifas.

Durante enero y febrero se realizaron las audiencias públicas para determinar los nuevos precios de gas y electricidad. Las nuevas tarifas eléctricas rigen desde febrero y las de gas desde abril e incluyeron los aumentos de peajes de transmisión y distribución.

Al mismo tiempo, el ajuste de caja que implementa el gobierno nacional para contener el gasto público y mostrar superávit primario mes tras mes, implicó la suspensión casi total del pago por subsidios comprometidos por el Estado a través de la empresa Cammesa y los correspondientes al Plan Gas. Por lo tanto, se rompió unilateralmente la cadena de pagos y el Estado incumplió el pago de su parte.

El jefe de Gabinete informó que CAMMESA, que es una empresa sin fines de lucro, que por la anomalía regulatoria fue utilizada como el vehículo por el cual el Estado transfirió subsidios del Tesoro sin financiamiento genuino cesó en los pagos y presenta deudas por USD 1900 millones a generadores y proveedores de gas por transacciones de los meses diciembre, enero y febrero.

A esta anomalía se suman deudas con productores de gas por el Plan GASAR por otros UD$ 500 millones adicionales en el periodo. Por lo tanto, en los primeros tres meses de gobierno se acumularon casi USD 2.400 millones en deudas. El Gobierno acordó el pago parcial vía un bono al 2038, pero eso sólo ordena y posterga una parte del problema.

La decisión oficial de suspender los aumentos tarifarios a partir del 1° de mayo, que alivia a la población que atraviesa una etapa de alta pobreza sin precedentes; licuación de jubilaciones y alta inflación traerá como consecuencia el aumento de los subsidios y esto afectará el resultado fiscal de los próximos meses o incrementará las deudas con el sector. La realidad es que el Gobierno agotó con su arriesgada jugada la posibilidad de continuar acumulando deudas y barrer bajo la alfombra los subsidios económicos.

La pregunta que cabe hacerse es hasta cuánto el Gobierno continuará con el método utilizado para disimular su falta de recursos. Cuándo estarán las empresas en condiciones de creer en el Estado y realizar las inversiones de riesgo que son necesarias para sostener una economía energética en crecimiento y que opera con un parque eléctrico obsoleto, que cada vez se aleja más del parque de generación ideal para acometer la transición energética hacia el Cero neto de emisiones de gases GEI.

El gobierno de Javier Milei carece de Programa y enfrenta un serio problema de focalización de los subsidios en la población vulnerable que todavía no sabe cómo enfrentar. A seis meses de gestión, todavía no se logra implementar el mecanismo de canastas energéticas presentado en audiencias públicas, un programa de difícil implementación y que no reconoce antecedentes internacionales; y mantiene el subsidio al gas patagónico extendido a una geografía templada.

La gestión energética se muestra desordenada. Hasta ahora no hay medidas destinadas a reordenar ni monitorear siquiera el funcionamiento de los mercados energéticos de donde surgen los precios que luego son objeto de subsidios.

La Ley de Bases ha ignorado la solución de este problema. Las reformas hasta ahora se concentraron en transporte y distribución, donde además de reformular las estructuras tarifarias se anunció “en abril” la actualización mensual por inflación que en mayo se suspendió.

El Gobierno pareciera que se siente cómodo en un sistema donde los precios internos de producción del principal combustible argentino: el gas natural, no surge de un mercado de competencia ni tampoco se referencia a mercados competitivos a nivel mundial con los cuales dice querer competir con la ayuda del RIGI.

Cabe la pregunta al Presidente: ¿cómo los precios fob exportación del gas natural serán los mismos al que podrán acceder los usuarios argentinos?; ¿o venderemos caro y con impuestos en el mercado local y barato y sin impuestos para exportación? No son preguntas para cualquiera: son preguntas para leones.