YPF no estaba alcanzada por la condena, pero al conceder el stay (suspensión de ejecución por apelación) la jueza metió a la petrolera en el litigio por la ventana al aceptar un planteo del litigante para que las acciones expropiadas por el Estado en la compañía sirvan como garantía de ejecución de sentencia.

La ejecución, de proceder, podría abrir una caja de Pandora donde las indefiniciones sobre la nueva estructura accionaria de YPF comprometerían planes estratégicos y proyectos de la empresa que son fundamentales para el desarrollo intensivo de Vaca Muerta.

La YPF que la administración Alfonsín le transfirió a la administración Menem estaba organizada como sociedad del Estado. El decreto 2248/90 transformó a YPF de sociedad del Estado en sociedad anónima comercial. El Estado Nacional era dueño del 100% de las acciones.

Su transformación en sociedad comercial habilitó el camino al reparto accionario. En la ley 24.145 de Federalización de Hidrocarburos y Privatización de YPF, 51% de las acciones quedaron bajo el dominio del Estado Nacional, 39% se asignaron a las Provincias productoras y 10% fueron para el personal.

En el mismo instrumento provincias y Nación se comprometieron a vender en rondas sucesivas parte del capital a inversores privados. Por la venta del 58.5% del capital ingresaron al Tesoro en aquel entonces 3040 millones de dólares.

Parte de ese ingreso se destinó a rescatar deuda por regalías a las provincias (he allí el origen de los famosos fondos pagados a Santa Cruz), y otra parte fue destinada a rescatar deuda previsional en forma anticipada.

El Estado Nacional preservó una masa crítica de acciones (20,3%) suficiente para controlar decisiones estratégicas y decidir la dirección de la empresa. En 1998 empiezan las tratativas con Repsol. Se vende un 14.99% de las acciones por el que los españoles pagan 2010 millones de dólares, y luego el remanente de acciones que poseía el Estado Nacional por otros 1578 millones de dólares.

Luego hicieron una oferta pública por todo el paquete de la compañía. YPF muta en Repsol-YPF. Bajo el giro español, el otro hito en la estructura accionaria de la YPF privada se da cuando en 2007 la administración Kirchner promueve el proceso de “argentinización”.

El grupo Eskenazi compra el 25.46% de las acciones de la compañía, 15% al momento de la firma y el remanente más tarde. Los créditos que sufragan la compra se pagan con dividendos extraordinarios distribuidos que aprueba la empresa.

En el 2012 la administración de Cristina Kirchner expropia el 51% de las acciones en poder de Repsol y el Estado Nacional asume el control de la empresa. En 2014 Repsol fue indemnizada por la expropiación con pago de bonos soberanos.

La sociedad extranjera que detentaba la tenencia accionaria del grupo Eskenazi cae en quiebra (no había más dividendos para el repago) y allí aparece el Fondo Burford comprando los derechos litigiosos de ese paquete accionario por 30 millones de euros.

La condena al pago de hasta 16.000 millones involucra ese 24.5% de acciones (cotización de los títulos a una fecha de 2012 más los intereses hasta el presente). La Procuraduría en la gestión Macri había logrado habilitar un procedimiento de discovery amplio (acceso a toda la información disponible ex ante y ex post acto expropiatorio) que podría haber llevado el juicio a otro desenlace. El retorno del kichnerismo lo truncó, y así llegamos a la sentencia de primera instancia.

La aventura populista en YPF puede terminar en un costo sideral para los argentinos (entre pagos realizados, condenas de pagos pendientes y honorarios de abogados) de alrededor de 27.000 millones de dólares (valores corrientes). Y todo con la posibilidad de volver a fojas cero en la pretensión soberanista de recuperar el control de la compañía.