El pleno del Congreso de la República del Perú aprobó por mayoría derogar la disposición que establece medidas para prevenir la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras, dictada por el Poder Ejecutivo.

Con la norma impulsada por el gobierno, la Policía Nacional del Perú podía enfrentar la tenencia ilegal de explosivos en personas cuya inscripción permanece suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ahora en adelante, ya no será así.

“Las personas que se encuentran en el supuesto antes mencionado, dejan de formar parte del REINFO de forma automática con la comunicación que efectúa la Policía Nacional de Perú al Ministerio de Energía y Minas acreditada con las actas o documentos de sustento”, se lee en la disposición aprobada por el hemiciclo.

El dictamen obtuvo 78 votos a favor, en 16 contra y 11 abstenciones del Proyecto de Ley 7278. Incluso la iniciativa legislativa fue exonerada de segunda votación.

El Ministerio de Minería y Energía manifestó su respeto por las competencias y decisiones del los congresistas con relación al reciente debate sobre cómo mejorar el proceso de formalización de la minería en pequeña escala.

Asimismo, han subrayado su compromiso de adherirse al proceso legal actual, asegurando que continuará sus labores dentro del marco que dictamina la ley vigente.

El texto en su artículo único, deroga la disposición complementaria final primera del Decreto Legislativo 1607, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado.

Representantes de SNMPE, IIMP, Confiep, Comex y AGAP manifestaron su preocupación por la derogación del proyecto que buscaba frenar el avance de la minería ilegal. En su presentación enfatizaron que como gremios esperan que ahora el Poder Ejecutivo rectifique y observe la norma que le quita facultades a los agentes policiales para intervenir y tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos, insumo esencial para el desarrollo de la minería ilegal.

En conferencia de prensa se presentaron Darío Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP); Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE); Leonie Roca, vicepresidenta de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep); Alonso Rey, segundo vicepresidente de Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) y Gabriel Amaro, presidente de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Desde el IIMP, Zegarra mostró su preocupación por la derogación del Congreso a una norma que había sido impulsada por el Gobierno para frenar el avance de la minería ilegal. “Los impactos que generan la minería ilegal en el país nos afectan a todos. El 39% del oro que exportamos provienen de la minería ilegal y en esa ruta se dejan de pagar impuestos que podrían servir para reducir brechas sociales. Representa así también una pérdida del 2.5% del PBI”, manifestó.

En ese sentido, manifestó que el proceso de formalización que tiene como principal herramienta el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tiene más del 83% de inscritos con condición de suspendidos. Dijo que han transcurrido más de 8 años desde que se creó ese mecanismo, y a la fecha, no se han cumplido los requisitos de estos mineros para ser formales, entre ellos, la presentación de instrumento que establezca las medidas de cuidado ambiental.

“El Reinfo se ha convertido en una herramienta para encubrir la ilegalidad, otorga a los inscritos la extensión de responsabilidad. Es decir, que no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal y la criminalidad asociada, solo por el hecho de estar en el registro y estar suspendido. Si queremos darles a nuestros hijos un país seguro y que permita el desarrollo de las personas, nuestras autoridades no pueden darle la espalda a la lucha contra la criminalidad”, aseveró.

En tanto, Leonie Roca, vicepresidenta de Confiep, indicó que como gremios esperan que ahora el Poder Ejecutivo rectifique y observe la norma que le quita facultades a los agentes policiales para intervenir y tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos, insumo esencial para el desarrollo de la minería ilegal.

“Hubiéramos esperado que desde el Minem se diga que se interpondrá una acción de institucionalidad o que observará la norma para que lo aprobado ayer dure la menor cantidad de tiempo posible. Creo que sensibilizando a la población de la seriedad que tiene para el país, que convertirnos en una república donde no hay ley, donde no hay orden, donde a la Policía se le quitan competencias y cualquiera puede comprar explosivos, confiamos en que eso será revertido a la brevedad”, apuntó tras ser consultada por el comunicado del Minem que señala que seguirán trabajando dentro del marco legal luego de haber sido derogada la norma.

Finalmente, Víctor Gobitz, titular de la SNMPE, adelantó que además de emitir un comunicado formal y que será enviado a la PCM, buscarán reunirse con el premier Gustavo Adrianzén para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y rectifique lo aprobado por el Parlamento. “El Congreso ha abdicado ante el crimen organizado”, sentenció.

EL DEBATE EN EL CONGRESO

El congresista Segundo Quiroz Barboza (BMCN), presidente de la Comisión de Energía y Minas, consideró necesario atender la solicitud realizada a nivel nacional por parte de los mineros en proceso de formalización, pues calificó la norma dada por el Poder Ejecutivo como injusta.

“Han ingresado seis proyectos de ley de distintos grupos parlamentarios, dónde se destacaba que dicha medida legislativa dictada por el Poder Ejecutivo -vía facultades delegadas del Congreso de la República- es una medida inconveniente para atender la compleja problemática de formalizar a la pequeña minería y minería artesanal”, refirió el legislador Quiroz Barboza.

A ello se sumaron los congresistas Guido Bellido Ugarte (PB), Alex Paredes Gonzales (BMCN), Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN), Martha Moyano Delgado (FP), entre otros, quienes fueron enfáticos en rechazar la referida norma, sustentando que el Congreso de la República no confirió facultades al poder Ejecutivo para penalizar actividades vinculadas a la minería.

“La Comisión de Constitución y este Pleno, jamás dio la posibilidad de que se legisle con ese Decreto Legislativo nada referente a la minería. Si el Ejecutivo necesita hacer otras cosas, va a tener que presentar su proyecto de ley y aquí lo debatimos”, aseveró Moyano Delgado.

El congresista Waldemar Cerrón Rojas (PL) agregó que esta derogatoria nos permitirá a actuar de acuerdo a la democracia y el estado de derecho, “Así evitaremos posibles conflictos sociales, ya que los mineros artesanales están protestando contra el decreto legislativo que les dificulta el proceso de formalización”, acotó.

A su turno, el congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP) dijo que el problema de fondo debe estar enfocado en el proceso de formalización. “Sin embargo el gobierno lo que ha hecho es meter de contrabando una norma, para adelantar los plazos que este Congreso ya lo dio, porque el proceso de formalización concluye el 31 de diciembre de 2024 según la ley aprobada”, agregó.

Por su parte, la legisladora Ruth Luque Ibarra (CD-JPP) se mostró en contra de la propuesta, pues refirió que lo mínimo que se le debería exigir a la minería informal, es la licencia y autorización especialmente en el caso de uso de explosivos.

“El tema de fondo sigue, pues hay contaminación y crecimiento de acciones ilícitas, con esta derogatoria se abre una puerta mucho más peligrosa”, planteó. El pleno del Congreso aprobó también con 79 votos a favor, la exoneración de la segunda votación.

EL COMUNICADO DEL MINEM