Además, las empresas demandantes, en la solicitud, reclaman información sobre el swap de monedas acordado entre el Banco Popular de China y el Banco Central de la República Argentina.
"Esta madrugada finalmente nos enteramos porqué los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF aún no habían ejercido su derecho a embargar activos del Estado: Argentina no está cooperando desde el primer pedido de información el pasado 16 de octubre. Anoche se presentaron 122 páginas con pedidos de información de activos y las respuestas de los gobiernos de Fernández y Milei", explicó el abogado Sebastián Maril en X.
La semana pasada Argentina apeló el fallo de la jueza Loretta Preska. La línea de la apelación, el sigue la misma argumentación de la defensa del Estado argentino durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
En el documento, la Argentina le pidió a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revierta el fallo del tribunal de Preska, el cual “aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes”.
En 2012, la República Argentina acordó pagar a la empresa Repsol un total de US$ 5.000 millones por la expropiación del 51% de la empresa, cuyo valor fue determinado en base al valor de mercado de YPF en ese momento. Así, las negociaciones entre el gobierno argentino y Repsol concluyeron en un acuerdo final en el que el gobierno argentino acordó pagar US$ 5.000 millones en bonos del gobierno como compensación por la expropiación.
El juicio por la estatización de YPF fue originalmente iniciado en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano de Néstor Kirchner. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina.
