JULES OWNBY

Una serie de 11 bloqueos que empezaron el pasado viernes en la vía entre el municipio de Puerto Gaitán y la vereda de Rubiales, en el departamento del Meta, tiene parada una parte sustancial de la producción de petróleo de Colombia.

El cierre de dos campos cerca a Puerto Gaitán, ubicado a unas ocho horas de la capital del departamento, ha resultado en que unos 55.000 barriles se hubieran dejado de producir cada día, según Alejandro Ospina, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (UTIPEC), un sindicato del sector hidrocarburos que reúne a unas 3.000 personas.

Representan el 7% de la producción diaria de 778.000 barriles que se producen cada día en Colombia, de acuerdo con Campetrol, gremio del sector. Ospina asegura que la situación ha resultado en más de 22.000 millones de pesos en pérdidas (alrededor de 5.5 millones de dólares).

Los bloqueos empezaron por un conflicto que lleva más de un año por la pavimentación de la vía, de aproximadamente 130 kilómetros, que conecta Puerto Gaitán con el campo de Ecopetrol ―la empresa más grande del país, una petrolera de mayoría estatal― en Rubiales.

Según los líderes de la protesta, Ecopetrol, el departamento y el municipio se habían comprometido en diciembre a ejecutar la obra. Una vocera de la Alcaldía coincide.

En conversación con este periódico asegura que “es un trabajo que se va a articular entre la Gobernación, la alcaldía y con el apoyo de Ecopetrol”. Sin embargo, tras semanas de retrasos, los manifestantes aseguraron en RCN Radio que “aún no hay avances”.

El alcalde de Puerto Gaitán, César Pérez, participó en la mañana de este jueves en una mesa de diálogo con representantes de los Gobiernos nacionales y locales, de Ecopetrol, y líderes de la comunidad local, entre otros.

La Alcaldía explicó en su página de Facebook que “el objetivo de la reunión era concertar acuerdos y establecer compromisos para iniciar con la pavimentación de la vía que comunica el casco urbano del municipio con Campo Rubiales y de esta manera finalizar los bloqueos”.

Hasta el momento de publicar este artículo, la vía sigue cortada, asegura a este periódico una portavoz de la Alcaldía. Como consecuencia, continúan cerrados el campo de Caño Sur, que pertenece a Ecopetrol y produce 40.000 barriles al día, según Ospina, y el de Pendare, de la italiana Tecpetrol y que produce 12.000 barriles diarios.

Otras empresas petroleras en la región también han bajado su producción debido a los bloqueos, explica el presidente de UTIPEC.

“Estimamos que se están dejando de producir cerca de 55.000 barriles diarios, con una tendencia a seguir aumentando porque estos bloqueos impiden la evacuación de la producción, los cambios de turnos de los trabajadores y el ingreso de los víveres que se requieren”, afirmó a medios de comunicación.

Ospina alertó, además, sobre la presencia de bandas armadas que, según él, están amenazando a trabajadores para que participen. Explicó en entrevista este jueves en W Radio que varios trabajadores de petróleo y miembros de la comunidad han compartido audios con el sindicato en los que “organizaciones al margen de la ley” los obligan a ser parte de las protestas.

“Están conminando a los comerciantes de la zona a que tienen que poner cuatro o cinco personas en los bloqueos o, si no, que tienen que pagar unas cuotas para sostener el bloqueo. Y, por supuesto, los amenazan de que los van a desterrar si no cumplen estas instrucciones”, advirtió. “La comunidad está siendo amedrentada”, agregó en RCN radio.

UN PROBLEMA RECURRENTE
No es la primera vez que la disputa sobre la pavimentación de esta vía resulta en disturbios. A comienzos de febrero de 2023, varios bloqueos la cerraron durante ocho días y generaron problemas de desabastecimiento en el Meta. Para entonces, las obras tenían dos meses de retraso.

Esa vez, Ecopetrol publicó un comunicado en el que aseguró que se habían dejado de producir 43.000 barriles de petróleo al día. Tras el levantamiento de los bloqueos, el entonces gobernador, Juan Guillermo Zuluaga, hizo comentarios similares a los de Ospina de esta semana. Denunció que más de 5.000 trabajadores se vieron afectados y que había “grupos al margen de la ley” detrás de los disturbios.

“El derecho a la protesta es respetable, pero siempre será mejor el diálogo y no perjudicar a la gente”, declaró en X.

Situaciones como estas se han salido de las manos en el pasado en Colombia. En marzo de 2023, protestas campesinas contra una petrolera en la zona rural de Caquetá se convirtieron en una tragedia cuando 79 policías e integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ―ahora conocida como la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)― y 9 empleados de la empresa Emerald Energy, una subsidiaria de la empresa estatal china Sinochem, fueron retenidos por los manifestantes.

Los rehenes fueron liberados después de unos días, pero dos personas, un civil y un policía, murieron durante los enfrentamientos.