Los buitres planean sobre Tocopilla, ciudad minera enclavada entre el océano Pacífico y las montañas áridas del desierto de Atacama, cuyas centrales de carbón clausuradas y sus trabajadores portuarios inactivos ilustran la rápida transición energética llevada a cabo en Chile.

El país de unos 20 millones de habitantes y con considerable capacidad para producir energía solar y eólica lanzó en el 2019 un ambicioso plan destinado a cerrar, de aquí al 2040, sus 28 centrales eléctricas a carbón.

El presidente Gabriel Boric, elegido en el 2021, incluso espera acortar el plazo, con el objetivo paralelo de que un 80% de la electricidad provenga de fuentes renovables antes del 2030.

En tanto, nueve unidades de electricidad a carbón fueron cerradas desde el 2019, de estas, cuatro ubicadas en Tocopilla (noroeste) de la empresa francesa Engie, que prometió salir del carbón de aquí a 2025 en Europa y el resto del mundo.

Junto a Grecia y Reino Unido, Chile es uno de los diez países que más rápidamente redujeron su producción de energía por medio de carbón, según un estudio del mes de noviembre del Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute).

Más del 35% de la energía que se produce en el país es de origen eólico o solar, con enormes proyectos en construcción, en especial en la región de Lomas del Taltal.

Pero aún cuando las empresas con centrales a carbón en el país dispusieron medidas de acompañamiento para sus empleados en el cierre de sus unidades, no pasa lo mismo con los empleos tercerizados y de empresas contratistas.

DEJADOS A UN LADO
“De un día para otro nos dijeron ‘Se cierra’”, relata Pedro Castillo, de 62 años, 36 de ellos dedicados a operar una grúa para Somarco, una empresa portuaria contratista de Engie en Tocopilla.

En esa ciudad de 25,000 residentes en el norte de Chile, solo funciona una de las viejas centrales eléctricas a carbón en medio de uno de los lugares más áridos del mundo con paisajes lunares esculpidos de roca y arena.

Propiedad del grupo estadounidense AES, Somarco deberá cerrar en marzo. La empresa no ha respondido a las solicitudes de comentarios de la AFP.

En medio de la inactividad casi total del puerto, Somarco todavía da empleo a unos 60 trabajadores del descargue del carbón con destino a las centrales de la ciudad que alimentaban las cercanas minas de cobre, metal del que Chile es el primer productor mundial.

Como otros trabajadores portuarios con los que habló la AFP, Castillo afirma que hay abandono tanto del Estado como de la empresa de energía francesa.

“Engie solo se ocupó de sus empleados, pero quienes realmente trabajaron sobre el carbón quedaron a un lado”, dice al explicar que se presenta a trabajar pese a que no hay nada que hacer y a la falta de perspectivas sobre su futuro.

“Es como cuando uno está viejito y está esperando el día en que se va a morir”, compara Castillo, que también es presidente del sindicato de trabajadores del puerto de esta pequeña ciudad, afectada durante años por la contaminación de las centrales.

Con el cierre de cuatro de sus unidades, Engie despidió a unos cien trabajadores. De ellos, solo un tercio se benefició de un plan de retiro antes de la jubilación; otro tercio fue capacitado en otros trabajos dentro o fuera del grupo; y el resto obtuvo un plan de despido voluntario.

Consultado por la AFP, el grupo dijo ser “consciente” de las “repercusiones sociales” del proceso de descarbonización para “los trabajadores”.

Mientras se alista para su último día de trabajo, Juan Hidalgo, de 48 años, gerente temporal del puerto desde hace 15 años, menciona también la “desilusión” por las que, según él, son “promesas” incumplidas por parte del Estado.

“No hay reconversión, no hay reubicación, no hay indemnización, no hay un plan de retiro”, enumera mientras no lejos de ahí algunos pescadores lanzan su caña bajo la mirada de buitres de cabeza roja.

“DESAFÍOS POR RESOLVER”
“El problema que tenemos en Chile con el tema de la transición justa es la subcontratación”, confirma Alejandro Ochoa, a cargo de los asuntos medioambientales y de transición justa de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato más fuerte del país.

“Las empresas se están haciendo cargo de los trabajadores propios y la descarbonización esta pasando más por ellas que por una planificación del gobierno”, afirma al estimar que en Chile “el problema” es que “las políticas públicas llegan tarde”.

Por cada 50 personas que trabajan en una central carbonífera, hay, según él, 150 trabajadores contratistas y 450 empleos indirectos. “Eso suma 600 trabajadores que no están cobijados por ninguna medida”, destaca.

En un reciente encuentro con la prensa francesa en Santiago, el ministro de Energía chileno, Diego Pardow, reconoció que hay “múltiples desafíos por resolver” en este tema y mencionó un plan de “transición socio-ecológico justo” para Tocopilla que prevé ayudas para la reinserción laboral en el sector del turismo.

Pardow señaló además proyectos futuros en el sector de las energías limpias en la ciudad, en especial en la industria del hidrógeno verde.

Engie, por su parte, anunció proyectos de conversión de sus “terrenos descontaminados” en Tocopilla “en conexión con las comunidades”. Su directora general para Chile, Rosaline Corinthien, hizo alusión al hidrógeno y al trabajo de almacenamiento de baterías.

La chilena Colbun, sin fecha anunciada para el cierre de su única central carbonífera en el país, al sur de Santiago, aseguró a la AFP que “se está evaluando la posibilidad de utilizar otro tipo de combustibles (...) por ejemplo el hidrógeno”, o los granulados de la madera.

“Todo lo que sea bueno para el planeta está bien, pero no dejemos la gente botada”, pide Pedro Castillo, antes de volver a las instalaciones abandonadas del puerto industrial.