El proyecto para medir la intensidad de las emisiones de carbono de los productos que compra Estados Unidos, conocida como Ley PROVE IT, avanza en el Senado y en Argentina toma aún más fuerza el plan de crear un mercado de emisiones presentado en el proyecto de Ley ómnibus que será tratado en Diputados.

Los senadores estadounidenses Kevin Cramer (R-ND) y Chris Coons (D-DE) presentaron la  Ley para Proporcionar Transparencia e Intensidad de Emisiones Fiables, Objetivas y Verificables (PROVE IT) . Esta legislación bipartidista ordenaría al Departamento de Energía (DOE) realizar un estudio integral que compare la intensidad de las emisiones de ciertos bienes producidos en los Estados Unidos con las emisiones de esos mismos bienes producidos en otros países. Disponer de datos completos sobre la intensidad de las emisiones de los productos es un paso importante para abordar el clima a través de políticas comerciales y nivelar las condiciones para los productores y fabricantes nacionales que se ven obligados a competir contra rivales con pocos o ningún estándar.

"Estados Unidos cumple con los estándares ambientales más altos del mundo, y la Ley PROVE IT es una oportunidad para reforzar nuestra ventaja respaldándola con datos verificables",  dijo el Senador Cramer.  “Los estadounidenses conocen y aprecian la administración que se pone en la energía que producimos y los bienes que fabricamos. La cuantificación de los datos globales demostrará que nuestros productos intensivos en emisiones son más limpios aquí en casa y, al mismo tiempo, destacará a los países que monetizan sus estándares laxos o inexistentes”.

Con el proyecto PROVE IT se busca crear datos confiables que se necesitan para cuantificar los beneficios climáticos de las inversiones de Estados Unidos en prácticas de fabricación más limpias y eficientes y para responsabilizar a naciones como China por su producción de bienes como el acero, que genera grandes emisiones.

El plan de la Ley es equiparar las condiciones y garantizar que los productores de Estados Unidos no sean penalizados injustamente por sus altos estándares ambientales. "Demostrar nuestra ventaja comparativa en intensidad de emisiones, trabajar con nuestros aliados y socios en el intercambio de datos y la cooperación, y aprovechar eso con legislación futura será una victoria para el clima, una victoria para los trabajadores y fabricantes estadounidenses, y una victoria para la cooperación global", explicaron los Senadores creadores del proyecto.

CÓMO SE PREPARA ARGENTINA

Con el objetivo de cumplir con el acuerdo de París, y tal vez otras cosas, l Gobierno de Javier Milei propone que se autorice al Poder Ejecutivo a “asignar derechos de emisión de GEI a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones para el 2030 y sucesivas”.

Según el nuevo esquema  se establecerían "límites de derechos de emisión de GEI, compatibles con el objetivo comprometido, de cumplimiento anual y obligatorio para todos los sujetos del sector público y privado, de forma tal que quienes contaminan sean responsables, en la medida que les corresponda, de cumplir con las metas de emisiones comprometidas por el país”.

A la vez existiría un porcentaje de nueva capacidad, producción y demandantes a los que también asignar derechos de emisión sin costo para que este mecanismo no represente una barrera de ingreso ni discriminatorio.

Se propone un Mercado de derechos de emisión de GEI, que abre la posibilidad para quienes hayan cumplido su meta vender los servicios a quienes lo necesiten para evitar la penalización. Este mercado contemplaría las reglas de derechos de emisión, la plataforma de registro de las transacciones y el resguardo de que no existan posiciones dominantes u oligopolio. El proyecto faculta al Ejecutivo a la creación de un mercado doméstico de emisiones de GEI, pero sin que el texto propuesto sea suficientemente claro acerca de si el mercado abarca sólo a los subsectores de la energía o a todos los sectores de la economía, aunque si bien pareciera esto último.

Hace un mes atrás, Argentina lanzó su primera Bolsa de Carbono en el marco de la COP28 en Dubai, con el objetivo de fortalecer la acción climática nacional e internacional. La Bolsa Argentina de Carbono (BACX) es una iniciativa pionera para promover los servicios ecosistémicos en los sectores como energía y agricultura, con el apoyo tecnológico y regulatorio de la entidad internacional ACX. Está encabezada por el economista Adrián Cosentino, expresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), publicó Infobae.

Un mercado de carbono es un sistema comercial en el que se venden y compran créditos de carbono. Las empresas o las personas pueden utilizarlos para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la compra de esos créditos que eliminan o reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Un crédito de carbono negociable equivale a una tonelada de dióxido de carbono, o la cantidad equivalente de un gas de efecto invernadero diferente, que ha sido reducido, secuestrado o evitado.

La BACX, respaldada por ACX y Green Carbon Exchange (GCE), se presenta como una plataforma que brinda garantías y respaldo a las transacciones a nivel local y global, agilizando así la transición hacia una economía verde y maximizando los esfuerzos de conservación y descarbonización en un contexto global complejo. ACX, bajo el liderazgo de William Pazos, ha recibido inversiones significativas del Deutsche Börse y del Abu Dhabi Wealth Fund, consolidándose como la primera bolsa de carbono totalmente regulada que conecta a los participantes del mercado voluntario de carbono (VCM) mundial para negociar contratos de créditos de carbono de manera transparente.