VÍCTOR GUILLOU

Luego que Codelco protagonizara el primero de los avances en la pretensión del Ejecutivo por lograr el ingreso del Estado a la industria del litio, con el acuerdo con SQM en el Salar de Atacama y la compra de un proyecto en el salar de Maricunga, la Empresa Nacional de Minería (Enami) busca definir la arquitectura del negocio y la búsqueda de un socio para poner en marcha su proyecto Salares Altoandinos.

La iniciativa, que constaba originalmente de cinco depósitos en la zona de Siete Salares –La Isla, Parinas, Aguilar, Infieles y Grande-, ubicados en la comuna de Diego de Almagro, región de Atacama, cuenta con una superficie estimada de 152 kilómetros cuadrados y proyecta recursos cercanos a los 1.662 kilotoneladas (kt) de litio.

La estatal, dirigida desde agosto de 2023 por el geólogo Iván Mlynarz, contrató al estudio de abogados Carey, el mayor del país, para asesorarlo en el desarrollo de la iniciativa, el que tiene una campaña de exploración básica diseñada desde 2022, pero que no fue realizada durante 2023.

Carey fue protagonista de las negociaciones que Codelco desarrolló durante siete meses con SQM para alcanzar el histórico acuerdo que le permitirá entrar aceleradamente al negocio del litio. Sin embargo, el equipo de abogados del estudio que ahora asesorará a Enami, será distinto al que lo hizo con Codelco, y que estaba integrado por los socios Rafael Vergara y Cristián Eyzaguirre.

Previamente, durante 2021, Enami ejecutó la exploración preliminar los salares Aguilar e Infieles, los cuales arrojaron “resultados auspiciosos”, señalan las memorias de ese entonces de la estatal, donde agrega que ya en esos momentos se había iniciado “conversaciones con distintas empresas especializadas en el desarrollo de nuevas tecnologías de procesamiento” del denominado oro blanco.

En el pasado ejercicio, diversas empresas de talla internacional reconocieron haber tenido contactos con Enami para explorar posibles asociaciones. Una de ellas fue el grupo francés Eramet, que en noviembre adquirió cerca de 120.000 hectáreas de concesiones mineras asociadas al proyecto Siete Salares, que estaban en manos de la empresa Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera SCM, firma controlada por la familia Vecchiola, en US$95 millones, y pactó otros US$10 millones adicionales, condicionados al éxito del proyecto.

De acuerdo a presentaciones previas, las concesiones adquiridas por Eramet le otorgaban control de 140 mil hectáreas, repartidas así. Salar La Isla, 16.500 hectáreas; Agua Amarga, 3.100; Parinas, 5.400; Grande, 4.000; Aguilar, 8.800; Piedra Parada, 1.500; y Maricunga, 104. Eramet, en cambio, trabaja con el estudio PPU, y uno de sus socios, el abogado Juan Paulo Bambach, experto en M&A, energía, minería y recursos naturales.

Las pretensiones de Enami se sustentan en un Contrato de Operación Especial de Litio (CEOL) que la estatal viene solicitando al Ministerio de Minería desde agosto de 2022. En ese entonces, el vicepresidente ejecutivo de la firma, Jaime Pérez de Arce, se reunió con la entonces titular del ramo, Marcela Hernando.

Ninguno de los dos sigue en su cargo. Sin embargo, ese CEOL aún no ha sido otorgado a la estatal, luego que Enami realizara una reformulación al proyecto Salares Altoandinos, donde disminuyó de cinco a tres los salares que buscará explotar, según dijo en agosto el actual vicepresidente Iván Mlynarz, ante consideraciones ambientales.

Cualquier asociación, sin embargo, deberá pasar por una definición previa. Si los salares que interesan a Enami y Eramet son considerados estratégicos por la nueva política del litio lanzada en abril de 2023 por el gobierno de Gabriel Boric. 

“Para proyectos de valor estratégico para el país, esta asociación deberá tener una participación mayoritaria del Estado”, puso como condición Boric entonces. Y Eramet ha planteado en diversas ocasiones como condición para incursionar en el proyecto el mantener el control de las operaciones que desarrolle. Si estos salares no son considerados estratégicos, Enami podría participar como accionista minoritario en un eventual desarrollo.

Según la política nacional del litio anunciada en abril por el Ejecutivo, a partir de 2023 se comenzaría a otorgar los CEOL, tanto de exploración como de explotación, a las filiales de empresas del Estado, como Enami y Codelco “en aquellos salares donde ya tienen proyectos en distintas etapas de desarrollo”. Enami Litio SpA, creada en diciembre de 2022, es presidida por Nancy Pérez Ojeda, quien también integra el directorio de Enami, desde abril de 2022.

Enami también ha sostenido reuniones con otros actores internacionales, como Sorcia Minerals, la filial de Ensorcia, y con la junior canadiense Wealth Minerals, que dirige Marcelo Awad.

Según consignan los estados financieros de Enami a septiembre de 2023, la administración deberá presentar a más tardar el próximo 28 de febrero “un plan que considere nuevas medidas que permitan estabilizar la empresa en conjunto con desarrollar sus proyectos estructurales (principalmente, la modernización de la Fundación Hernán Videla Lira y la exploración de Salares Altoandinos, ambos en la Región de Atacama), con el objeto de dar viabilidad en el corto, mediano y largo plazo”. En dicho período, Enami ha mantenido las actividades en la zona en su mínima expresión, lo que le ha significado gastos por poco más de US$180 mil en prospecciones hidrogeológicas.