En Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal, admite las falencias de la mina de carbón pero también no omite la importancia que tienen para las tres localidades vinculadas a la misma. “Una auditoría de los últimos diez años expondrá tres gestiones de gobierno, y todos deben dar explicaciones”, dijo a Clarín.

En 2023 en el Congreso se escucharon los siguientes números: un presupuesto de más de $ 20.000 millones y $ 18.000 millones se destinan al pago de salarios. En marzo de 2022 la mina produjo 6.000 toneladas de carbón, lejos de las más de 112.000 que requiere la Usina Térmica licitada hace más de 15 años y que aún no se termina de construir.

Emplazada al suroeste de Río Gallegos, YCRT vincula a dos localidades mineras: Río Turbio y 28 de Noviembre, pero también al poblado Julia Dufour. La empresa productora de carbón se postula como otro de los tantos eslabones en materia energética que lejos está de cumplir con las metas impuestas.

Milei designó al macrista Thierry Decoud como interventor de YCRT que incluye no sólo a la mina subterránea, sino también la planta depuradora, la Central Termoeléctrica Río Turbio, el ramal ferroportuario y el puerto en Punta Loyola.

Con más de 2.000 empleados, en septiembre de 2023 no lograron superar las 21.000 toneladas de carbón extraídas.

La empresa estuvo rodeada de denuncias por corrupción, que por ejemplo le causaron a Julio De Vido su desafuero en la Cámara de Diputados para ser encarcelado, acusado de haber desviado más de 176 millones de pesos del presupuesto para una de sus obras.

O la declaración del chofer Oscar Centeno ante la justicia de España, que acusa a la empresa de ese país Isolux Corsán por el pago de coimas a los funcionarios K durante la construcción de la usina termoeléctrica planeada para generar electricidad con el carbón de Río Turbio.

Esa usina, que también está bajo la órbita de YCRT es una histórica promesa kirchnerista, según la cual cuando esté terminada debería sumar energía al Sistema Interconectado Nacional 240 megavatios (MV). Eso aún no ocurrió.

Ahora el proyecto para que la empresa sea privatizada, es una realidad en la Ley Ómnibus que el gobierno de La Libertad Avanza envió al Congreso antes de fin de año.

NÚMEROS EN ROJO
Los números del presupuesto 2023 expusieron el déficit de una empresa que dista mucho de cumplir con la promesa energética que aseguraba el kirchnerismo. Según el detalle oficial YCRT registraba ingresos por operación por 3.200 millones de pesos. El problema es que las remuneraciones, es decir los salarios, fueron superiores a los 18.000 millones de pesos. Un año más: los números no cierran.

El presupuesto especificaba que los ingresos de la empresa de carbón serían de 19.899 millones de pesos para el 2023, de los cuales 16.700 millones de pesos son aportes del Tesoro Nacional, la empresa no es autosustentable y la mayor parte de sus ingresos se destinan al pago de salarios.

“La empresa depende de los aportes del Tesoro Nacional y eso debe revertirse”, dijo el gobernador Vidal a Clarín.

La idea de la privatización de la firma minera no es la que más abraza el mandatario provincial, pero sí entiende que se necesita una puesta en valor del complejo para que su producción prospere y logre generar ingresos genuinos.

La minera cuenta con 2.766 trabajadores, cien más de los que declaró tener a comienzos del año pasado. Esa masa de empleados es la que demandó 18 de los 20.000 millones de pesos del presupuesto contemplado para el transcurso del 2023. Con esos porcentajes se reduce toda posibilidad de inversión para tener una empresa con mayores resultados operativos.

EMPRESA DEFICITARIA
De esta manera YCRT está en el listado de empresas del Estado deficitarias. Tal como publicó Clarín, la empresa minera registra ingresos operativos por 1.604 millones de pesos, contra gastos operativos por 21.141 millones de pesos. Esto arroja un déficit 19.537 millones de pesos que son cubiertos por el Tesoro Nacional.

Frente a los números en rojo el gobernador Vidal considera que debe realizarse una auditoría de los últimos diez años, “eso incluye tres gestiones de gobierno diferentes y varios interventores”.

Ante la pregunta sobre sobre si le gustaría que se privatice la empresa, Vidal respondió: “Me gustaría que se deje de robar, me preocupa la empresa porque no es rentable, todos tienen que trabajar y producir para generar energía y para exportar carbón. Si yo hoy representando al gobierno tuviera la posibilidad de llegar al equilibrio fiscal en mi provincia, tener las cuentas en orden, con todo gusto me haría cargo de YCRT porque tiene mano de obra calificada”. Y concluyó: “Sigue siendo estratégica”.

Otras cifras expusieron en 2023 la situación de la empresa intervenida por el Estado. En enero del 2022, produjo 2.346 toneladas de carbón, al mes siguiente 5.516 y en marzo contabilizaron 6.319 toneladas, según un pedido de acceso a la información que realizó Clarín.

Esa producción está absolutamente alejada de las 112.320 toneladas mensuales que debe extraer para alimentar la Usina que esta gestión promete terminar. Apenas el 5%.

EL PLAN DE NEGOCIOS Y LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Entre los objetivos de la empresa está la finalización del Módulo I y Módulo II de la Central Termoeléctrica Río Turbio “14 Mineros” de 240MW para la provisión de energía al país” .

Pretendía para el año pasado alcanzar el cien por ciento (100%) en la generación energética de la usina de 21MW, “consolidando su puesta en valor y conseguir la autonomía energética suficiente tanto para cubrir la demanda de consumo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (fundamentalmente en las actividades de la Gerencia General de Explotación), así como la demanda de las localidades de Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour”. Eso no ocurrió.

LA CUESTIONADA USINA
El diseño de obra plantea el funcionamiento de dos calderas abastecidas por el carbón extraído de YCRT. Pero durante la gestión de De Vido, se incorporó un cambio para realizar un tendido de gas hasta la Usina: se temía que el carbón de Río Turbio no fuera suficiente para encender ambas calderas y generar la energía demandada

El enorme contrato para hacer la usina estuvo -y sigue- plagado de sospechas y denuncias. Para empezar, fue adjudicada a una UTE liderada por la española Isolux Corsán en 857.341.128 dólares.

“Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a la empresa en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a 1.726.251.982 dólares”, explicitó una pericia oficial incorporada a la causa judicial que investigó a De Vido, al ex titular de YCRT y a otros ex funcionarios y participantes de aquel proceso.

Esa cifra también se quedaría corta: a la fecha, entre otras licitaciones y planes de obra, ya se gastaron más de US$ 1.900 millones, y todavía falta lo que se invertirá en finalizarla. Clarín realizó un pedido de acceso a la información a la firma minera. Ante la consulta respecto a cuánto costará terminar la Usina, se señaló que demandará poco más de US$ 70 millones. Conclusión: la usina habrá costado entre dos y tres veces más de lo que se había presupuestado originalmente.

La usina fue licitada por el gobierno de Cristina Kirchner en 2007 y fue ella misma quien en 2015 -en plena campaña electoral- puso en marcha la primera de las dos calderas. Aquella acción anunciada de forma grandilocuente, duró tan sólo 24 horas: la caldera se rompió y años después las autoridades de la empresa constructora admitieron que no estaba lista para encenderse. La reparación le costó más dinero al Estado.​

Como ya contó Clarín en su momento, la generación de energía total que aportará la usina tampoco será la prometida. En los papeles, la obra producirá alrededor de 240 megavatios, pero lo cierto es que necesita unos 40 MV para su propio funcionamiento. Al final de cuentas, cuando alcance su máxima producción podrá aportar 200 MW al Sistema Interconectado.

Lea la nota original de Lucia Salinas en Clarín haciendo click aquí