CAMILO CHARME *

En los últimos años el sector eléctrico se ha visto fuertemente desafiado por factores externos e internos. Una de estas problemáticas han sido las iniciativas que han frenado y postergado las alzas de tarifas de clientes regulados. Estas leyes -cuyo propósito social fue entendible y necesario en 2019-, han terminado por minar las bases que requiere cualquier industria para operar y proyectarse.

Para amortiguar esto, el Gobierno comprometió el ingreso de un proyecto de ley que creará un mecanismo de normalización de tarifas eléctricas.

Para asegurar la efectividad de este tercer intento, es esencial integrar las lecciones aprendidas de los dos mecanismos de estabilización anteriores, cuyos fondos proyectados no pudieron abordar los factores externos, ni los costos asociados al retraso en la emisión de decretos tarifarios, equivalentes a un congelamiento de facto de los contratos de suministro eléctrico. Es más, el fondo que opera actualmente está pronto a alcanzar su límite.

El Ministerio de Energía debe entregar certeza jurídica, lo que pasa por permitir que las tarifas de clientes regulados reflejen los precios de los contratos de largo plazo adjudicados en licitaciones competitivas conducidas por el Estado.

De esta forma, será posible evitar que se siga acumulando una deuda -a raíz de las leyes de estabilización vigentes-, que hoy supera los US$ 6 mil millones, lo que sería similar a que se obligare a la industria de generación a operar todo el sistema eléctrico por un año sin recibir pagos por el servicio.

La viabilidad de un mecanismo de normalización tarifaria está ligada a la existencia de un subsidio estable en el tiempo y focalizado en los grupos más vulnerables, financiado con recursos permanentes del Estado.

Por ello, la propuesta de incrementar la tasa del actual impuesto a las emisiones de CO2 de la industria energética para darle continuidad al financiamiento del subsidio va en contra de las mejores prácticas internacionales (como ejemplo, la europea) y es insostenible en el tiempo.

Esto, pues un aumento del impuesto se traspasará inevitablemente a las tarifas eléctricas y será inviable con el programa de retiro de centrales en curso. Por el contrario, Generadoras de Chile ha impulsado la implementación de un sistema de impuestos verdes correctivos, el cual está solo pendiente a ser presentado ante el Congreso por parte de la autoridad ejecutiva.

Chile requiere evitar un alza abrupta de tarifas eléctricas a los clientes regulados más vulnerables y, a la vez, no afectar la transición energética, entregando predictibilidad regulatoria a la industria para seguir invirtiendo en energías renovables, almacenamiento e hidrógeno verde, a la velocidad y escala que exige este proceso para cumplir los objetivos de carbono neutralidad.

Al mismo tiempo, se requiere de certeza y puntualidad en la emisión de los decretos tarifarios, con el propósito de evitar una distorsión de los ingresos.

El costo de no tomar una decisión oportuna, concreta y responsable, puede llevar a un nuevo fracaso y a que repitamos el escenario que esta iniciativa pretende resolver, acentuando aún más la incertidumbre e incrementando el problema de las tarifas con un impacto cada vez más prolongado en el desarrollo integral de nuestro país.

* Gerente General de la Asociación de Generadoras de Chile