JULIÁN ROJO *
Estamos en una situación difícil y no es posible andar con rodeos con el diagnóstico. No hay forma de seguir con lo que existe y cualquier decisión que se tome, en materia económica, es costosa desde todo punto de vista.
Los subsidios a la energía terminarán el año 2023 con un peso del 1,7% del PBI o bien explicando cerca del 90% del déficit fiscal primario. La otra foto nos muestra que 7 de cada 10 usuarios residenciales pagaban, en promedio a noviembre, solo el 16% de lo que cuesta la energía mientras el restante 84% lo aportó todos los meses el Estado.
Es una situación insostenible agravada sensiblemente con el reciente salto del dólar de $400 a $800 que le pone mucha presión a los costos energéticos y que, más tarde o más temprano, es necesario comenzar a resolver.
Como la historia nos ha acostumbrado, los subsidios se han transformado en un problema para nuestra economía en su conjunto no solo a través del impacto en las cuentas públicas sino también por su delicada relación con el tipo de cambio en un proceso de estabilización de precios.
Al mes de diciembre de 2023, las transferencias al sector energético sumaron $2,7 billones de los cuales $1,4 billones corresponden a la energía eléctrica. Estos subsidios crecen 70% en el acumulado anual mientras se reducen 22% si se le descuenta la inflación debido, principalmente, a la baja de costos medidos en dólares y al reacomodamiento parcial de precios mayoristas en los últimos meses.
El presidente entrante anunció públicamente, y en reiteradas oportunidades, que se establecerá un programa de recorte del gasto público donde los subsidios tienen un rol fundamental por su peso en las cuentas del Estado. Sin embargo, existen limitantes muy marcados a la hora de reacomodar los precios energéticos.
El primero de ellos es la fragilidad de la situación socioeconómica que, todo indica, tenderá a empeorar en el corto plazo. Con más del 45% de los hogares por debajo de la línea de pobreza, es realmente muy difícil la eliminación de subsidios a este segmento y a su vecino cercano, es decir, a aquellos que por muy poco no se incluyen en esta condición de vulnerabilidad.
Esto indica que un posible recorte tiene un límite que se estima entre 0,8% y 1% del PBI lo cual sugiere que, en el caso más agresivo, los subsidios a la energía pesarán al menos 0,8% del PBI en 2024.
El segundo limitante es la posibilidad cierta de un fogonazo no controlado en los precios. En este sentido, la historia también nos indica que no es una buena idea hacer una devaluación al mismo tiempo que se aumentan tarifas, y mucho menos aún si se anclan los salarios, porque su impacto en la tasa de inflación se potencia. Esto sugiere que debe existir necesariamente un mecanismo de relojería para la coordinación entre energía y economía en el contexto de un plan de estabilización. No pueden tomarse decisiones aisladas e inconsultas en estos temas.
Más aún, y creo que es el centro de las preocupaciones sobre este tema, es el hecho de tener planificado depreciaciones mensuales del 2% mientras se espera que los precios en general crezcan muy por encima. Esto deriva en un proceso de apreciación cambiaria y con ello cierta presión para un nuevo salto del tipo de cambio. La rueda volvería a girar: mayores costos en pesos, mayores subsidios y los esfuerzos se diluyen. La única forma de evitarlo es con un plan de estabilización integral de la economía que aún se desconoce.
El tercer limitante es normativo. Hoy existe una institucionalidad muy débil en el sector energético a la vez que hay jurisprudencia sobre los aumentos tarifarios que dejan muy en claro que hay decisiones difíciles de tomar. Esto es importante para intentar resolver el atraso en las tarifas porque los usuarios de ingresos medios e ingresos bajos (N3 y N2) pagan solo el 18% y 15% de la energía respectivamente y, al mes de febrero de 2024, deberían multiplicar por 6 y por 8 el concepto que pagan solo por el componente energía para eliminar subsidios.
Además de estas limitaciones, existe una situación particular que se da en los usuarios de ingresos medios. En el extremo inferior comparten nivel de ingresos con los usuarios de ingresos bajos, pero en el extremo superior comparten nivel de ingresos con los hogares más pudientes.
Esto es relevante porque, en un proceso de transición de la actual segmentación hacia a un criterio regulatorio racional de subsidio focalizado, no importa tanto el nivel patrimonial de los hogares, que es una de las variables de decisión para asignar segmentos, sino el nivel de ingresos.
Esto sugiere que hay una porción de usuarios de ingresos medios que se encuentra dentro del 15%-20% de la población más pudiente del país y está pagando solo el 18% de lo que cuesta la energía. En el otro extremo, este segmento tiene incorporado hogares con características similares a las de ingresos bajos. Es decir, es preciso tener un tratamiento más riguroso al intentar resolver el atraso tarifario para estos usuarios.
La transición hacia un régimen de subsidios focalizado en la demanda vulnerable, como la tarifa social federal, es imprescindible y debe tener en cuenta estas particularidades. Una de las opciones podría ser utilizar al segmento de ingresos medios como el pivot hacia un esquema más eficiente.
Con todos estos puntos en la cartera de limitaciones queda claro que no todo es posible en materia de tarifas en los servicios públicos. También de ello se desprende que, para resolver el atraso tarifario, en particular para los hogares de ingresos medios, hace falta tiempo, dinero, coordinación y, sobre todo, tener en cuenta que no se debe perder de vista el objetivo central de la regulación de los servicios públicos: asegurar la accesibilidad, la sostenibilidad financiera y la calidad adecuada de los servicios.
* Economista IAE Mosconi | IIEP-UBA
