En la cumbre climática de París en 2015 se planteó el objetivo que la temperatura media del planeta no superara los 2ºC por encima de los registros preindustriales al terminar el siglo (si fuera posible no más de 1.5ºC). En el logro de ese objetivo las partes signatarias asumieron compromisos voluntarios (NDC) de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Ha tenido lugar en Dubai la COP 28 (Conferencia de las partes) donde otra vez prevalece la disritmia entre los objetivos de la transición energética y los pasos que se están dando. Hasta ahora, el balance de lo acordado en París presenta más sombras que luces.

En el 2015 con las políticas vigentes, los pronósticos auguraban hacia el 2100 un aumento de la temperatura de 3º C, y, tras los compromisos de reducción de emisiones asumidos desde entonces hasta la fecha , las estimaciones del Panel de Expertos de las Naciones Unidas calculan que las temperaturas medias aumentarán entre 2.5-2.9 º C. Algo se avanzó, pero no mucho.

En el 2014 sólo 12% de las emisiones de CO2 estaban bajo algún esquema de transacción de emisiones, hoy lo están el 23%. La tonelada de carbono valuada entonces en 7 dólares hoy tiene un precio de 32 dólares.

En el 2006, Nicholas Stern, profesor de la London School of Economics, publicó el famoso Informe que lleva su nombre en el cual trata al cambio climático como una externalidad económica de alcance global. Los contaminadores no pagan por un daño que perjudica a todos.

Va de suyo, que las demoras en actuar para abatir las emisiones contaminantes aumentarán los costos futuros generados por el cambio climático, y que un fenómeno global exige también una respuesta global.

Aceptada la tesis de la externalidad de alcance global, empezaron a justificarse medidas para gravar las emisiones de carbono o para poner límites a la emisión generando un mercado global de bonos verdes. Además, surgieron los subsidios para promover el desarrollo de energías limpias y se aplicaron crecientes recursos financieros para apoyar la transición energética.

También se explicitaron compromisos de transferencia de tecnología y apoyo financiero para facilitar la transición en las economías en desarrollo. Sin embargo, la dificultad de avanzar en los objetivos de la transición ha evidenciado un problema de base.

Aunque bien diagnosticada la externalidad negativa que afecta el bien público global “clima saludable”, para remediarla, sustituyendo el paradigma fósil por uno verde, se magnificaron los beneficios y se subestimaron los costos. Richard Tol, uno de los economistas especializados en cambio climático más citados, acaba de publicar una investigación en Climate Change Economics, donde, por un lado acota el cálculo de daño del aumento de las temperaturas medias, tanto como fracción del Producto Bruto Mundial como en cantidad de víctimas.

La reducción de emisiones para alcanzar el objetivo de 1.5ºC evita un daño equivalente a 0.5% de pérdida en el producto global hasta el 2050, y de 3.1 por año hasta el 2100. Pero, por otro lado, basado en las estimaciones de reducción de emisiones del panel de las Naciones Unidas, encuentra que cumplir con la meta de reducción de emisiones para no superar el límite de 1.5ºC del acuerdo de París costará 4.5% del producto global cada año hasta mediados de siglo, y de allí hasta el 2100 un 5.5%. Según su conclusión, el Acuerdo de París no pasa el test básico del análisis costo-beneficio.

En una nota de este año que tituló “La transición energética se enfrenta a la realidad”, Daniel Yerguin vuelve a recordar el carácter sui generis de la transición energética actual que busca sustituir los fósiles por las energías renovables respecto a los antecedentes históricos de las otras transiciones energéticas. Las anteriores, como la de la madera a los fósiles, o la del carbón al petróleo, estuvieron fundadas en la tecnología y la ventaja económica del cambio, mientras que ve a la actual transición motorizada y dependiente de las políticas públicas.

Las anteriores generaron procesos acumulativos de larga data (alrededor de un siglo), mientras la actual plantea procesos disruptivos en un cuarto de siglo.

Si las nuevas cumbres climáticas persisten en las advertencias apocalípticas y evitan el realismo que impone hablar de beneficios y costos, además de las complicaciones que presenta la agenda de la transición (incluidas las demandas de minerales críticos, las indefiniciones tecnológicas y la ausencia de gobernanza global), corren el riesgo de divorciarse de una opinión pública cada vez más suspicaz y menos dispuesta a compartir esfuerzos para asegurar un clima saludable para las generaciones que vienen.