Las idas y vueltas por la minería en Panamá terminó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato firmado con Cobre Panamá quien reclamó al gobierno una respuesta urgente  al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

Según informó EFE, la edición digital del boletín publicó este sábado el fallo del pasado 27 de noviembre, y dado a conocer un día después, que "declara que es inconstitucional la ley nº 406 de 20 de octubre de 2023 'que aprueba el contrato de concesión minera entre el Estado y la sociedad Minera Panamá S.A.'".

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, anunció el pasado martes, cuando se dio a conocer el fallo, que su publicación en la Gaceta Oficial supondría un paso transcendental para el proceso de cierre de la mina.

En un comunicado la filial de First Quantum solicitó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) una respuesta por la suspensión de más de .000 contratos de trabajo que se produjo debido a los bloqueos ilegales de pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Rincón, que impedían la llegada de insumos, forzando la paralización de labores productivas.

En este sentido, Cobre Panamá solicita al MITRADEL:

1. Un pronunciamiento rápido para atender la incertidumbre que vive nuestra fuerza laboral y sus familias debido a la falta de respuesta de las autoridades.

2. El establecimiento de planes responsables para atender la estabilidad laboral de aquellos colaboradores que la empresa no podrá retener, debido a los últimos acontecimientos.

En relación al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, es importante aclarar que hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar laborando en la empresa en tareas de conservación y mantenimiento (no operacionales), factor clave para evitar desastres medioambientales futuros.

Desde Cobre Panamá reiteramos nuestra voluntad de entablar un diálogo abierto y constructivo, que permita abordar estas y otras preocupaciones.

La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según la empresa, que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano causando daños irreparables al ecosistema, de acuerdo con los grupos ambientalistas que llevan años luchando contra el enclave.

La decisión del Supremo puso fin de manera casi inmediata a la crisis desatada por la aprobación del contrato, con bloqueos de vías liderados por grupos indígenas y sindicatos, unas protestas que dejaron al menos cuatro muertos, entre ellos dos manifestantes tiroteados que participaban en un bloqueo liderado por docentes.

Ahora la disputa parece trasladarse al plano internacional, después de que First Quantum Minerals y su filial Minera Panamá informaron el viernes del inicio de un proceso ante la Corte Internacional de Arbitraje tras la declaración de inconstitucionalidad.

Federico Alfaro, que esta semana renunció al cargo de ministro de Comercio e Industria y fue quien negoció el contrato declarado inconstitucional, dijo meses atrás que Panamá se exponía a demandas por hasta 100.000 millones de dólares dado el conflicto minero, una cifra que analistas locales han reducido a entre 15.000 y 18.000 millones de dólares e incluso menos.