YPF es la estrella de la semana post elecciones. Luego de los anuncios de Javier Milei sobre el futuro la petrolera de bandera, la suba en Wall Street y en el Merval, la jueza estadounidense, Loretta Preska, eximió a la Argentina de depositar los US$ 16.000 millones pero le exigió activos en garantía.

Preska accedió a que el país no deba depositar esa sideral suma de dinero pero, a la vez, le ordenó que debe aportar otros activos mencionados por los demandantes (como las propias acciones de YPF) como garantía para evitar embargos.

Determinó la suspensión de posibles embargos hasta que la Corte de Apelaciones se expida. Para evitar los embargos, la Argentina deberá depositar un monto menor y tiene tiempo para hacerlo hasta el 5 de diciembre.

La información fue proporcionada por el abogado Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, quien a través de la red social X afirmó que “La Argentina tiene hasta el 5 de diciembre para depositar garantía. No lo va a hacer. El presidente-electo Milei asume el 10 de diciembre. Recomiendo a los beneficiarios del fallo no comenzar embargos el 5 de diciembre y empezar a dialogar con la o las personas nombradas por el presidente-electo “pronto”. Hay caminos para resolver esto. Hay ganas de dialogar”.

Y explicó que "Transferir o depositar las acciones de YPF en manos del Estado y de las provincias como garantía para evitar embargos, según el fallo de la Juez Loretta Preska ayer, requiere aprobación de 2/3 del Congreso. Adicionalmente, creo que el Negative Pledge de los bonos emitidos, impide dicha operación sin aprobación de los accionistas".

Días atrás, previo a las elecciones, el director de Latam Advisors, destacó en CNN Radio, respecto a la visión de los mercados: "Hace más de dos años que Argentina dejó de ser un país relevante para los mercados internacionales".

Desde CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Maril explicó: "Los mercados sí preguntan qué va a pasar, quién es Milei o qué pasará con Massa, pero las inversiones han abandonado el país en términos financieros, y están a la espera de que el nuevo gobierno muestre señales".

En 2012, la República Argentina acordó pagar a la empresa Repsol un total de USD 5.000 millones por la expropiación del 51% de la empresa, cuyo valor fue determinado en base al valor de mercado de YPF en ese momento. Así, las negociaciones entre el gobierno argentino y Repsol concluyeron en un acuerdo final en el que el gobierno argentino acordó pagar US$ 5.000 millones en bonos del gobierno como compensación por la expropiación.

El juicio por la estatización de YPF fue originalmente iniciado en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano de Néstor Kirchner. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina.