CARLOS E. PAREDES *

1. En los primeros tres trimestres del año, Petroperú perdió US$ 530 millones. Es previsible que las pérdidas de este año lleven a que desaparezca más del 50% de los S/ 4,000 millones de soles que los contribuyentes tuvimos que aportar a la empresa en el 2022. Esto explicaría por qué el 3 de agosto pasado, el directorio de Petroperú aprobó solicitar al Tesoro la capitalización de sus acreencias y la aplicación de la facilidad de documentos cancelatorios por un total cercano a los S/ 3,300 millones, además de una nueva garantía de US$ 1,000 millones. La hemorragia parece no tener fin.

2. Seguramente, la falta de transparencia y la ineptitud con que se está manejando la crisis deteriore aún más la situación de la empresa. ¿Por qué no se hacen públicas las medidas que se han implementado para mejorar el gobierno corporativo y la gestión de la Petroperú a las que se obligó con el D.U. que aprobó el aporte de capital del año pasado? ¿O es que no se ha hecho nada al respecto? Si no se implementan estándares mínimos de buen gobierno corporativo, la empresa no irá a ninguna parte y la hemorragia continuará.

3. Preguntamos porque no sabemos… y no sabemos por la falta de transparencia. De hecho, nos enteramos del nuevo pedido de apoyo financiero de Petroperú debido a que este se filtró a la prensa. Y fue la fuerte reacción pública en contra la que impidió que este despropósito se materialice. La falta de transparencia también incumbe al MINEM y a Perupetro y explica en parte la ineptitud con que se está manejando la crisis de Petroperú. Es más, la deficiente gestión de la crisis está socavando el futuro del sector y también podría afectar el cuidado y la explotación sostenible de otros recursos naturales.

4. En el contexto de la fragilidad extrema de Petroperú, el MINEM y Perupetro parecen haber considerado oportuno fortalecer a la empresa otorgándole a dedo los lotes petroleros del noroeste para su explotación. El razonamiento sería el siguiente: “si las empresas que operan estos lotes generan utilidades, entonces entregárselos a Petroperú –aunque sea solo por un plazo de dos años– será positivo para la empresa.”

5. Sin embargo, el argumento es falaz. Entregarle más activos a una empresa que no tiene la capacidad para operarlos y desarrollarlos, puede terminar debilitándola. Miren sino al oleoducto norperuano, el segundo activo con mayor “valor” de Petroperú: hace años que lo único que hace es generar pérdidas. Petroperú no tiene la capacidad técnica ni financiera para desarrollar los lotes petroleros que se le vienen cediendo. No solo no invertirá en ellos, porque no tiene con qué hacerlo, sino que es probable que su operación y mantenimiento se deterioren, con los riesgos y externalidades que esto genera.

6. Pero lo peor estaría aún por venir. El contrato de concesión del lote Z-2B, ubicado en el mar frente a la costa de Talara, vence la próxima semana. Perupetro, en lugar de licitar este lote y buscar su explotación por empresas privadas con experiencia en la explotación off-shore, decidió otorgárselo a dedo a Petroperú por dos años (bajo el nombre de lote Z-69).

7. Al igual que con los otros lotes, Petroperú no tiene la capacidad para operar y desarrollar el lote Z-69, pero con el agravante de que su inexperiencia podría generar un grave daño ambiental que terminaría afectando a miles de pescadores artesanales, además de la actividad turística de la zona. En efecto, este lote tiene en la actualidad más de 70 plataformas marinas operativas, que requieren de un esfuerzo muy grande de mantenimiento (algunas plataformas tienes más de 40 años) y requieren de un expertise especializado para su operación. Justamente por la complejidad de la explotación petrolera en el mar es que el directorio de Perupetro consideró inicialmente que los eventuales interesados en el lote debían contar con experiencia off-shore. Sin embargo, a fin de poder dárselo a Petroperú, se removió a uno de los directores y se eliminó este requisito, generando así un riesgo ambiental grave.

8. Resulta incomprensible que este gobierno, que hace pocos días prepublicó el proyecto de Decreto Supremo que establece la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau en esta misma región ­–con el objeto de preservar nuestra riqueza marina y respetar los derechos adquiridos de actores económicos que ya operan en la zona–, ahora otorgue la operación de un lote off-shore a una empresa que no tiene la capacidad –técnica ni financiera– de hacerlo de manera responsable con el ambiente y con otros grupos de interés.

9. Conozco algo de petróleo y de Petroperú, pero bastante más de pesca; estudio el sector e interactúo con pescadores artesanales y empresas pesqueras desde hace muchos años. Lo que el MINEM, Perupetro y Petroperú están haciendo es una barbaridad: implica un enorme riesgo para el ecosistema marino. Sin embargo, este nuevo despropósito todavía se puede corregir. Hay que garantizar un manejo ambiental seguro del Lote Z-69, exigiendo que quien se encargue de su operación y mantenimiento sea una empresa especializada en operaciones off-shore. Un derrame importante –solo uno– golpearía duramente la economía de los pescadores artesanales y creo que terminaría con la actividad petrolera off-shore en nuestro país para siempre.

* Economista, docente de la Escuela de Posgrado de la U. Continental