NÉSTOR O. SCIBONA *

Hace 12 años, tras el resultado de la primera vuelta electoral en Perú, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa sentenció que el balotaje entre el izquierdista Ollanta Humala y la derechista Keiko Fujimori colocaba a su país ante una elección “entre el cáncer y el sida”.

Salvando las distancias, quienes el último domingo no votaron a Sergio Massa ni a Javier Milei sienten un desasosiego similar. La opción para el 19 de noviembre se perfila entre la continuidad de una política macroeconómica inflacionaria e insostenible a corto plazo sin cambios; y otra de estabilización drástica que, por las pocas precisiones conocidas hasta ahora, pareciera ser poco menos que políticamente imposible. Sobre todo, tras los públicos apoyos y rechazos a título individual de dirigentes de Juntos por el Cambio que desnudan la fractura interna del espacio. Para algunos el límite es Massa y para otros Milei, pese a que ambos candidatos no revelaron quién será su ministro de Economía.

En el caso de Perú, el diagnóstico del laureado escritor en 2011 fue parcialmente correcto. Humala se impuso por estrecho margen de votos (3%), enfrentó múltiples conflictos, apoyó a Nicolás Maduro y entregó la banda presidencial al liberal Pedro Pablo Kuczinsky, ganador de la elección de 2016. Pero desde entonces hasta ahora ese país viene atravesando sucesivas crisis políticas, conflictos de poderes y escándalos de corrupción. La gran diferencia fue que la hiperinflación de fines de los ‘80 y más de tres décadas de estancamiento del ingreso por habitante, habían impuesto la necesidad de un programa de estabilización ortodoxo basado en el equilibrio fiscal, desregulación de mercados y restricciones legales al Banco Central de Reserva del Perú –independiente desde 1993– para el manejo monetario y cambiario. Hoy tiene una inflación de 3% interanual, la más baja de la región, a pesar de su crónica inestabilidad política. Y en las dos décadas previas a la pandemia de Covid, el crecimiento del PBI promedió 5,1% anual.

El sorpresivo triunfo de Massa en la primera vuelta no estaba en los cálculos de casi dos tercios del total de votantes; ni mucho menos del establishment empresarial, que apostaba a un balotaje entre Milei y Patricia Bullrich luego del desaforado acto de cierre del candidato libertario.

La inocultable ambición de poder y oportunismo político de Massa lo llevó a plantear la campaña como si no hubiera sido el ministro de Economía que acumuló una inflación de 170% en los últimos 14 meses, acentuó el deterioro real de los salarios –excepto en el sector público– y catapultó la brecha cambiaria hasta 200%. De ahí que buscó disimular este cuadro utilizando el aparato del Estado como si fuera propio con el plan “platita 3″ recargado (bonos de suma fija, planes sociales, jubileo impositivo, créditos blandos y subsidios a granel), para poner pesos devaluados en los bolsillos de la gente, sostener el consumo y atenuar la desaceleración de la actividad económica agravada por la escasez de insumos importados y reservas líquidas en el BCRA. Una forma desprejuiciada de mostrar el árbol y ocultar el bosque.

A esto sumó el fenomenal despliegue de propaganda oficial y personal para mostrar cuanto dato positivo pudiera surgir (aunque mas no fuera intermensual), junto con la complacencia de los diarios económicos metropolitanos, algunos de los cuales publican en tapa la cotización del dólar blue solo cuando baja. Y, además, tres días antes de la elección, instaló el “voto miedo” a través de supuestos aumentos de tarifas de transporte promovidos por Milei y Bullrich en el AMBA, pese a que ya rigen en muchas provincias.

En otra comparación regional, puede afirmarse que Massa sería el caso inverso al de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, que como ministro de Economía desarrolló y fue el principal comunicador del Plan Real, que en 1994 erradicó la hiperinflación brasileña al bajarla de 43,1% mensual en el primer semestre a 3,1% en el segundo y a 1,7% en 1995. Su éxito le valió ser electo presidente en el período 1995-1999, durante el cual promovió la reforma del Estado, la privatización de empresas públicas deficitarias, la profesionalización de la administración pública y una ley de responsabilidad fiscal que permitió lograr superávits primarios y sortear varios shocks externos.

A diferencia de FHC, el candidato presidencial nunca esbozó durante su gestión ministerial un programa económico posterior al 10 de diciembre, ni tampoco reforma alguna. Sólo aplicó el ultra-cortoplacista “plan aguantar”, con controles de precios y múltiples tipos de cambio diferenciales para llegar a las PASO. Luego, el salto cambiario aislado de 20%, que congeló hasta fin de octubre, con aumento impositivo del dólar de importación para recibir el desembolso del FMI y llegar a la primera vuelta. Y ahora un mix transitorio de dólar oficial (70%) y CCL (30%) para exportadores equivalente a $520 y con vigencia hasta el 17 de noviembre; o sea, dos días antes del balotaje.

También el Ministerio de Economía activó esta misma semana contactos con empresas de consumo masivo para “acordar” hasta entonces ajustes de 5% en Precios Justos (menos de la mitad de la inflación prevista para octubre), aunque existen problemas de reposición de materias primas por falta de precios. De hecho, el ticket de compra de la canasta fija de 30 productos que sigue esta columna en una cadena de supermercados pasó de $49.538 en septiembre a $55.926 este mes, con un alza de 14% y subas superiores en 12 rubros; entre ellos, de tres dígitos, en una gaseosa de primera marca y otra de fideos guiseros.

Paradójicamente, tanto el “plan platita” a base de emisión y endeudamiento estatal indexado, como los congelamientos del dólar, tarifas y combustibles (salvo el mini-ajuste técnico de esta semana) –que acentúan la distorsión de precios relativos–, tienen el costo político de agravar la pesada herencia macroeconómica que recaerá sobre el propio Massa si llega a la presidencia. Y que se tornará insostenible en los meses subsiguientes si no hay ajustes –la palabra prohibida en el oficialismo– en el tipo de cambio, tarifas subsidiadas y gasto público no imprescindible. Aunque el candidato es más “pro empresarios amigos” que pro mercado, su único incentivo para reordenar la macro es que sólo así y con regímenes especiales, podrá recibir inversiones y mayores ingresos de divisas de los principales sectores exportadores.

Sin embargo, su única referencia para 2024 es el proyecto de presupuesto con una separata que prevé cargas impositivas para servicios digitales, bienes rurales y dividendos de ADR, pero deberán convertirse en artículos votados por el Congreso, donde el oficialismo tendrá la primera minoría en ambas cámaras. Aun así, no alcanzan para equilibrar el déficit fiscal, por lo que deberían ser derogadas o modificadas las leyes sobre Ganancias y reintegros de IVA que el ministro impulsó en plena campaña electoral; en ambos casos, con el voto de Milei y el rechazo de JxC.

Después del “acuerdo privado” entre Bullrich, Mauricio Macri y Milei, allegados al candidato se encargaron de aclarar que no plantea la dolarización de manera inmediata aunque, como paso previo, no descarta liberar el tipo de cambio comercial para exportadores e importadores y derogar la prohibición legal del uso de dólares, incluso para el pago de impuestos.

Mientras tanto, los gobernadores electos de JxC se aprestan a defender la coparticipación y, luego de la reelección de Axel Kicillof, cuestionar las abultadas transferencias discrecionales que recibe la provincia de Buenos Aires en detrimento de sus propios distritos y paga con alta inflación todo el país.

* Periodista, consultor en temas de comunicación periodística e institucional