La Ley ratifica el acuerdo que adjudica 88% de las acciones a minera Aguilar SA y a la brasileña ARG, con 12% para Mendoza y garantías de inversión por U$S 1.039 millones
El Senado aprobó por unanimidad el proyecto enviado por el gobierno de Mendoza para reactivar la mina de potasio en Malargüe, en un paso histórico que da garantías de inversión y creación de empleo local.
La aprobación dada por el Senado ratifica el acuerdo que otorga el 88% de las acciones a minera Aguilar y la brasileña ARG, con un 12% para Mendoza y garantías de inversión por US$ 1.039 millones en cinco años.
El objetivo es que la mina vuelva a funcionar y además se convierta en un polo de servicios para la zona Sur de Malargüe, en sinergia con el polo industrial y de Servicios Pata Mora y las industrias que operan en la zona, como las hidrocarburíferas.
El yacimiento tiene capacidad para producir y exportar en el marco de las leyes vigentes, y para ponerlo a punto Mendoza encaró diversas tareas: además de inventariar todo lo existente en el yacimiento, se reacondicionaron rutas y se llevó adelante una subasta pública de bienes en desuso para volcar lo recaudado en infraestructura.
Luego se contrató al banco suizo Banco de Inversiones UBS Securities, en el marco de un reglamento general de búsqueda de inversores para el desarrollo, construcción, explotación y comercialización de sales de potasio.
Tras un proceso legal y técnico denominado M&A Andromeda, UBS determinó que Compañía Minera Aguilar SA era la que mejor se alineaba a los objetivos de inversión y contaba con los conocimientos para poner en marcha la mina.
En este acuerdo, Minera Aguilar Potasio compromete una inversión de US$1.039 millones para, en cinco años, llegar a producir 1,5 millones de toneladas anuales de sales de potasio.
Estos detalles se firmaron cuando el gobernador Rodolfo Suárez, junto al ministro de Economía y Energía y el gerente general de PRC iniciaron la firma del Contrato de Traspaso de acciones Potasio Río Colorado SAU el 12 de septiembre pasado con Nicolás Mallo Huergo, representante de Minera Aguilar.
El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, junto con el gerente general PRC, Emilio Guiñazú; explicaron en encuentros con diputados y senadores cómo fue el proceso: entregaron en total 14 biblioratos con documentos técnicos, legales y ambientales; además de los detalles del acuerdo aprobado hoy, que adjudica 88% de las acciones a minera Aguilar SA y a la brasileña ARG, con 12% para Mendoza y garantías de inversión por US$ 1.039 millones en cinco años.
Además, aportaron más de 20 actas firmadas con el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) y el memorándum de entendimiento firmado entre Mendoza y Compañía Minera Aguilar Potasio SA, que estipula tiempos de ejecución y previsión de contrataciones que den prioridad a recursos humanos y empresas locales.
“Tienen en sus manos los 14 biblioratos con los que contó Fiscalía de Estado durante todo el trabajo”, puntualizó en su momento el ministro Vaquié, quien recordó que Mendoza recuperó la mina sin ninguna erogación. “Es más, cobramos US$ 30 millones y las instalaciones, que se repararon en su totalidad”.
“Es un paso fundamental y es un proceso que continúa, y que arrancó en 2020 con la transferencia de las acciones a la provincia, aprobada por la Legislatura”, dijo Guiñazú luego de la aprobación del Senado.
“El segundo paso de este proceso fue buscar un inversor. Este paso se cierra con la aprobación de la transferencia de acciones y ahora arranca la gestión del contrato”, puntualizó. “El trabajo duro arranca ahora”, agregó.
“Hay que ponerlo en marcha, hay que trabajar codo a codo con el nuevo inversor. Recordemos que la provincia queda como inversor importante dentro de la compañía, por lo tanto, vamos a acompañar todo lo que suceda y a estar hombro a hombro”, afirmó.
“Poner en pie un proyecto de este tamaño es un trabajo muy fuerte. No es solo plata, sino también conocimientos técnicos, grandes esfuerzos y generación de empleo”, cerró Guiñazú, quien ha encabezado todas las etapas hacia la recuperación de la mina, que cuenta con un predio de 80 mil hectáreas, US$ 200 millones en maquinarias y pozos, capacidad para alojar a 3 mil personas y aeropuerto.
El proceso en su totalidad demandó más de 30 meses de trabajo. En 2020, la provincia logró recuperar el yacimiento y los activos que Vale había dejado en 2013, y tomó posesión plena en 2020.
Luego se ordenó la empresa, se realizaron inventarios, tareas de mantenimiento, recertificación de equipos, reorganización de la información y elaboración de la base de datos, y la licitación del contrato para los asesores comerciales y legales.
Los siguientes pasos fueron el contacto con potenciales interesados para hacer las presentaciones del proyecto, todas las ruedas de preguntas y respuestas, el viaje a Brasil para presentarles el proyecto a empresas brasileras, la recepción de declaraciones de interés y la apertura de la información, la recepción de ofertas no vinculantes, la preselección de interesados, la recepción de ofertas vinculantes y todo el proceso de pedidos de aclaración y mejoras de oferta y la selección final.
El contrato alcanzado está a la altura de las expectativas de la provincia, por los objetivos plazos y garantías, incluyendo una estructura que garantiza su cumplimiento con tres herramientas: un cronograma preestablecido de ejecución de obras asociado a una estructura de multas progresivas en caso de atraso, un seguro de fiel cumplimiento ante la eventualidad de una interrupción contractual y un fideicomiso de garantía administrado por Mendoza Fiduciaria que, en caso de una interrupción del contrato, le devolverá las acciones a la Provincia, evitando así los inconvenientes que se generaron con Vale.
Para controlar la ejecución del contrato, la provincia cuenta con el equipo de Impulsa Mendoza Sostenible, que conoce el proyecto en detalle y continuará supervisando y controlando el cumplimiento del contrato durante la ejecución.