AARÓN RAMOS MEDINA

La recesión económica, recién reconocida por el ministro Alex Contreras, requiere de una salida inmediata. Aunque los ojos apuntan a la minería—gran sostén paliativo ante las anémicas cifras del PBI—, la inversión parece poco prometedora de cara al cierre de año (-18%) y del que viene (-7,7%), según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En entrevista con Infobae Perú, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y expositor del Cade Ejecutivos 2023, Víctor Gobitz, considera necesario enfocarse en varios proyectos clave como Tía María para juntos sumar un Quellaveco, el cual dejó cuantiosas cifras de inversión al país por US$ 5.500 millones.

- Este año la inversión minera se ha contraído de manera sustancial, ¿a cuánto apuntan las previsiones para el cierre de año y el próximo? ¿Siente que ha habido los esfuerzos necesarios del Gobierno para incentivarla?

El 2023 se ve el efecto del cierre de la inversión de Quellaveco. Baja la inversión, pero se refleja la mayor producción. Este año, el Perú debería terminar produciendo entre 2,5 millones de toneladas de cobre, ocupando el segundo lugar en el mundo. Hay que destacar que la inversión de sostenimiento de las operaciones está en el orden de los US$ 3,5 millones al año, esa es la inversión mínima que esta industria requiere para sostenerse a nivel de producción.

A pesar de que no vamos a ver muy pronto un nuevo Quellaveco, estas inversiones de sostenimiento son importantes. De parte del gobierno, el último evento en septiembre (Perumin), es lograr de que todo este proceso de permisos, sin cambiar los estándares ambientales, tenga una ruta más predecible y rápida. El primer ministro (Alberto Otárola) anunció el concepto de la ventanilla única. Esperamos que se concrete, a pesar de que no hay nuevas minas, este stock de inversión de US$ 3,5 millones en plazos razonables.

- ¿En este momento hay proyectos de gran envergadura como Quellaveco?

- No lo hay. Tenemos proyectos de menor dimensión como San Gabriel, que es una mina de oro en la región Moquegua, de US$  600 millones en inversión. Tenemos, ojalá se logre en consenso, Tía María, proyecto de cobre en Arequipa de US$ 1.500 millones. Tenemos pendiente de aprobación la extensión de vida de Antamina de US$ 2.000 millones.

Esperamos tener noticias pronto sobre Yanacocha Sulfuros, un proyecto que está en revisión y que supone una inversión de los US$ 2.000 millones. No hay un Quellaveco pero sí pueden haber proyectos “brownfield” que son extensión de vida y proyectos más pequeños como el caso de San Gabriel.

- ¿Cuánto representan en inversión pendiente en total?

- Son más de US$ 6.000 millones. Obviamente no se va a ejecutar en un año, pero todas estas proyecciones se logran aprobar el próximo año y son equivalentes a un Quellaveco. Esa es la dimensión de la industria y por eso es que insistimos ponerle foco no necesariamente a los proyectos nuevos, sino a los actuales. Ahí se hace muy necesario discutir y profundizar la ventanilla única.

- ¿Hay un panorama claro sobre esta ventanilla única digital?

- El concepto está esbozado. Esperamos encontrar un espacio donde en una suerte de comisión logremos aterrizar el concepto. Cuando es una mina nueva se inicia en Senace, y requiere opinión de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Ministerio de Energía y Minas, es decir, muchas autoridades tienen capacidad de opinar. Lo que se quiere que ese proceso se lleve a cabo en un solo gran espacio.

Por eso yo le llamo “mesa única”, de manera de que las autoridades opinantes nombre a un funcionario que se adscriba a Senace y en un solo espacio, el Estado representado toma conocimiento del proyecto, hace sus observaciones en un plazo razonable. No necesitamos cambiar ningún estándar, sino la lógica de cómo abordamos los proyectos y ponerle un poquito de mayor sentido de urgencia.

- Igual se necesita un poder de decisión

- Correcto. Por eso es positivo que quien transmita ese mensaje haya sido el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola.

- De enero a agosto, el PBI ha caído 0,6%. Sin el atenuante del PBI minero, ¿Cuál sería el verdadero pulso de la economía peruana o cuán drástica hubiera sido la caída?

- Yo no quiero ponerme en el lado negativo. Hemos tenido un inicio de año difícil. Hubo recesión como consecuencia de los actos en el sur del Perú. Mirando hacia adelante miremos la fortalezas y motores que tenemos a la mano y para eso se requiere consenso.

El espacio de Cade es un espacio de diálogo, reflexión, de las autoridades desde el punto de vista público y también del sector privado. Eso tenemos que enfatizar, busquemos los consensos porque el potencial existe. La única manera de derrotar la pobreza será con más inversión.

- Con ese esfuerzo conjunto, ¿ve de cerca una dinamización en el corto plazo de la inversión minera?

- Somos el segundo productor de cobre y plata en el mundo. Es una industria que requiere reinvertir. Si no se reinvierte, no extiendes la vida. Ese atributo hace que si ponemos el foco en este concepto y agilizamos, podemos tener un foco prendido ante la eventualidad de choques externos en otros sectores que no podamos controlar como el Fenómeno de El Niño.

- ¿Cómo puede afectar la desaceleración de China en los precios del cobre en el mercado internacional?

- El problema de China está en el sector inmobiliario. China y los países desarrollados están invirtiendo en la matriz energética, y eso está beneficiando la mayor demanda por cobre, cuyo precio no está en un nivel óptimo como lo vimos en 2022.

En este año 2023, a pesar de la recesión causada por la crisis inmobiliaria en China, los niveles de precios siguen siendo razonablemente buenos; es una ventaja de la que tiene que tomar Perú.

- Según la Defensoría del Pueblo, a septiembre se tienen identificado 62 conflictos socio medioambientales activos, ¿cómo lograr un consenso con las comunidades?

- Queremos abordar eso en Cade. A través de la industria minera, generamos un corredor económico en zonas altoandinas y remotas donde se desarrolla el proyecto y tenemos que llevar personal especializado, insumos, equipos.

Ese corredor económico es lo que queremos lograr consensuar. Tiene que ser el concepto del cual guía el desarrollo de la promoción de la industria minera. Lamentablemente en los espacios remotos donde ha habido poca presencia del Estado, sin duda hay un índice de desarrollo humano inferior y la expectativa de resolver eso es a través de que la empresa minera reemplace al Estado.

Esa manera de enfocarla nos lleva a un conflicto de corto plazo. Queremos lograr planes de desarrollo de territorio y que estos se vuelvan más competitivos que potencien a la infraestructura por el corredor económico. Esa manera de mirar el mismo proyecto desde un ángulo distinto nos va a permitir encontrar un consenso.

- El proyecto que ha causado mayor rechazo en los últimos años es Tía María. Recientemente el Gobierno entró a una serie de contradicciones respecto a su viabilidad, pero hoy en tiempos de recesión económica, ¿debería estar en la agenda prioritaria del Gobierno?

- Yo creo que sí. Tía María está en el Valle del Tambo en Arequipa, donde se produce arroz y no tiene ninguna regulación hídrica. El proyecto Tía María permitiría tener la posibilidad de invertir una infraestructura hídrica que permitirá regular el agua y hacer más ambicioso las variedades de producción agrícola, además de que podría mejorar la calidad de esta agua.

Este es un ejemplo por el cual un proyecto minero desarrolle infraestructura y esta no solo sirva para proyectos mineros, sino potencie a otros sectores económicos. Eso requiere el esfuerzo del sector privado y del Estado. Ese debería ser el enfoque para lograr vencer los temores y la oposición.

Si pudiéramos en este Gobierno en 2024 sacar adelante un proyecto como Tía María tan emblemático, sería una noticia no solo importante para el Perú, (150 mil toneladas de cobre adicionales), sino para todos los que buscan invertir en el Perú.

- ¿Lo ve con optimismo?

- Si uno lo mira en frío, sí es posible. Pero más allá de eso, te diría que es necesario. Si uno mira el contexto del país, lo que puede significar una inversión de US$ 1.500 millones y produciría 150.000 toneladas de cobre, no podemos dejar de soñar.

- Ese optimismo se debe traducir en una acción, ¿Cuál es esa receta ideal que se le recomendaría al Gobierno y qué mensaje deberían impulsar?

- El mensaje central es lograr no hablar en términos de cuánta producción, inversión, impuestos genera, tengo que lograr hablar de cómo este proyecto se inserta en el territorio para que podamos hablar hasta en término local, porque ahí está la oposición. No está en Lima ni los que toman decisiones. Esperemos lograr insertar el proyecto y los atributos del proyecto en el territorio.

- La calificadora Fitch mantuvo la perspectiva negativa al Perú y mencionan la inestabilidad política y deterioro de la gobernanza, ¿usted ve la capacidad de la clase política actual en rebajar esa inestabilidad?

- El optimismo me gana. Tenemos que lograrlo. El antecedente previo más reciente nos dice que ha sido difícil, pero no es imposible. Se me hace difícil hablar del Congreso como un todo. Hay congresistas con mucha experiencia y ellos tienen que convertirse en los voceros de este esfuerzo.

- ¿Continuaría la tendencia de crecimiento de empleo que deja el sector?

- Empleamos más de 250.000 personas de manera directa en la industria, pero además hemos (calculado) cuanto es el número de empleos indirectos por cada empleo directo y la relación es 8 a 1. Es decir, alrededor de una inversión minera, hay una cadena productiva de bienes y servicios. Si uno usa esta relación, son más de 1 millón de peruanos cabezas de familia que dependen directa o indirectamente del sector. Con mayor razón ponerle mayor foco a este motor.

- ¿Cuánta pérdida causa la minería ilegal que ha tenido un raudo crecimiento? ¿El Gobierno ha sabido atacar esta problemática?

- Se produce más de un millón de onzas de oro de esta manera ilegal, más de US$ 1.000 millones. Como es intensivo en mano de obra, se estiman a 500 mil personas. Si el problema fue originado hace mas de 20 años, durante el proceso de regionalización, creo que tomamos una decisión errada de transferirles las capacidades a los gobiernos regionales de supervisar la actividad artesanal y de pequeñas minerías, y ahí se ha perdido el control.

La formalización va a suponer pagar sueldos de manera formal, reconociendo leyes laborales, cumpliendo con la normatividad industrial y ambiental.