NÉSTOR O. SCIBONA *
Cada vez más lejos del país “normal” que prometió su dirigencia política –de distintos signos– desde el comienzo del siglo XXI, la Argentina fue creando, acumulando y agravando problemas coyunturales irresueltos en materia económica, social e institucional, hasta convertirlos en estructurales y de difícil solución. Más aún sin acuerdos políticos que, salvo efímeros cumplimientos, brillaron por su ausencia. Sin ir más lejos, en plena era digital, mañana se votará con las anacrónicas listas sábana, en vez de boletas únicas en papel o electrónicas que facilitarían la fiscalización.
La grieta fogoneada por 16 años de kirchnerismo desembocó ahora en otra fragmentación política. Una prueba es que, de los cinco candidatos presidenciales que competirán en la primera vuelta electoral, los tres con mayores chances de ganar o llegar al ballotage proponen cambios en el status quo del Estado y la economía, pero con grandes diferencias entre sí. En un caso, se trata de cambios inmediatos y radicalizados; en otro, progresivos y más moderados; y en el restante, deliberadamente imprecisos sin explicar qué ni cómo, para acomodarlos a su núcleo potencial de votantes.
Este abanico de opciones explica la incertidumbre y angustia de gran parte de la población antes de elegir qué rumbo quisiera para el país a partir del 10 de diciembre. Todo después de una “campaña sucia” con abundancia de chicanas, medias verdades o mentiras descaradas y medidas económicas de claro clientelismo político amplificadas por el aparato de propaganda oficial, que incluso en los últimos días indujeron al “voto miedo”.
Basta con asomarse a los principales problemas crónicos para advertir la profundidad del abismo que separa a la Argentina real de un país “normal”, ya sea en la región o en el mundo.
La alta inflación de dos dígitos mensuales (más de 12%), récord en los últimos 30 años, ocupa el primer lugar. Según el REM del Banco Central, cerrará 2023 con una suba entre 180 y 184% interanual y con síntomas de hiperinflación si no se actúa a tiempo. En los tres años y diez meses del actual gobierno, el índice de precios al consumidor acumuló un aumento superior a 713%.
Hace más de 30 años había que recurrir a las estadísticas de países desarrollados para encontrar tasas de inflación de un dígito anual. Ahora la mayoría de los países de la región, como Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y Ecuador, exhiben tasas interanuales de 3% a 7% después de la llamarada inflacionaria de la etapa post-Covid. La Argentina ocupa el tercer puesto en el podio mundial detrás de Venezuela y Líbano.
El correlato de este drama es el aumento de la pobreza, que alcanza al 43% de la población, agravado por el hecho de que 7,8 millones de trabajadores son informales.
En la Argentina el dólar oficial, congelado en $350 después de las PASO, es manejado por el BCRA en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), que desde hace años no es único ni libre. No obstante, hay otros 25 tipos de cambio oficiales, diferenciales y provisorios para exportaciones de distintos sectores, a la vez que para las importaciones se recarga el impuesto PAIS.
Perú llegó a tener 34 tipos de cambios diferenciales, hasta que en 1981 estalló la hiperinflación y se reformó la carta orgánica de su banco central, cuyo presidente puede ser removido si le presta fondos al Gobierno o a algún sector en particular; obliga a los bancos a comprar deuda del Tesoro; compra bonos por un porcentaje superior al 5% de la base monetaria o establece tipos de cambios diferenciados, que en todos estos casos son considerados faltas graves, como explicó en el reciente Coloquio Anual de IDEA el titular del BCRP, Julio Velarde Flores, que lleva 16 años en el cargo. Hoy es el único país de la región con moneda propia e inflación más baja –3% interanual–, inferior a la de Ecuador, que tiene la economía dolarizada.
Aquí, muchos precios ya están dolarizados de hecho con la suba del dólar paralelo. Pero en los últimos días previos a la elección resultó imposible saber cuánto costaba, ya que los controles policiales y los portales con una cotización ficticia de $900 impusieron un virtual feriado cambiario, también de hecho. Muchas “cuevas” dejaron de operar y las pocas que vendían lo hicieron al nivel récord de $1050 por dólar.
A diferencia de otros países, quienes pueden ahorrar en dólares en la Argentina lo hacen fuera del circuito económico, incluso si los tienen en blanco, para evitar ser estafados por el Estado como ocurrió en un pasado no tan lejano. Según el Indec, existen casi US$ 265.000 millones (la mitad de un PBI anual) atesorados en cajas de seguridad, “colchones” o escondrijos caseros y cuentas bancarias declaradas en el exterior. En otros países esa masa de ahorro depositada en el sistema bancario se transforma en crédito; aquí está guardada. Y buena parte del ahorro en pesos se destina a financiar el déficit del Tesoro a tasas indexadas por inflación y/o tipo de cambio.
Aunque el BCRA activó esta semana el segundo tramo del swap de monedas con China (US$ 6.500 millones, a tasa de interés desconocida), la mitad de este préstamo se utilizará para pagar a fin de mes los vencimientos con el FMI. No aumenta las reservas brutas, que perforaron el piso de US$ 25.000 millones, porque ya estaba contabilizado. El resto se destinará a intervenir en los dólares libres y autorizar importaciones al tipo de cambio oficial; o sea, con dólares baratos y escasos. La falta de transparencia en este tipo de operaciones alimenta sospechas, como en toda intervención estatal
Nadie fuera del Ministerio de Economía sabe a ciencia cierta qué se importa, mientras muchos sectores productivos padecen la falta de insumos y repuestos, que últimamente se extendió a insumos médicos indispensables para estudios y operaciones de alta complejidad, como lo denunciaron en la nacion los titulares de seis instituciones privadas líderes en desarrollos científicos.
Otra derivación, menos conocida pero preocupante, fue aportada por el médico Claudio Zin en radio Rivadavia: en el mundo, la Argentina es el país con mayor consumo por habitante de clonazepam u otras drogas ansiolíticas similares. Lo atribuye a que la gente busca medicarse para reducir sus niveles de irritabilidad y ansiedad frente a la crisis económica y/o la falta de perspectiva individual, sin advertir una adicción que con el tiempo obliga a duplicar la dosis para lograr el mismo efecto y puede tener efectos colaterales, como la pérdida de memoria.
No sólo se trata de la incertidumbre económica. También preocupa la inseguridad, con delitos violentos a plena luz del día que cuestan la vida de personas por evitar el robo de un celular a manos de delincuentes que, de ser capturados, recuperan la libertad en pocas horas debido a la falta de cárceles y capacidad en las comisarías. O la existencia de zonas liberadas para el narcotráfico, con jefes que planean ajustes de cuentas por teléfono a través de sicarios desde prisiones federales, como ocurre en Rosario.
La indignación se extiende a la impunidad de los casos de corrupción con fondos públicos. Resulta inadmisible la demora en abrir el celular de Julio “Chocolate” Rigau en busca de pruebas y que el escándalo de enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde y Juan Pablo de Jesús, a cargo de la jefatura de gabinete bonaerense siga encubierta por un amplio manto de silencio político.
* *Periodista, consultor en temas de comunicación periodística e institucional
