El fondo Burford apeló el fallo de la jueza Loretta Preska que obligó a Argentina a pagar US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF.

Burford reclama ahora que YPF, que formaba parte de su demanda original pero que había sido liberada de todos los cargos por la magistrada, vuelva a incorporarse a la causa.

La acción de YPF cae 6% en Wall Street, en un mal día para los activos argentinos.

Burford llevó adelante el juicio porque adquirió el derecho a litigar del grupo Petersen, exaccionista de la petrolera junto a la española Repsol, y también el del fondo Eton Park.

El eje de la demanda es que, por el estatuto de YPF, el Estado argentino tendría que haber lanzado una oferta por toda la compañía cuando, en 2012, expropió (y luego pagó) la parte de Repsol. Alegan que los accionistas minoritarios salieron perjudicados porque no se realizó esa oferta pública de acciones.

"Como fue previamente informado respecto del proceso judicial iniciado por Petersen y Eton Park, los demandantes, en la sentencia final dictada el 15 de septiembre de 2023, el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York ordenó, sentenció y decretó que todos los reclamos de los demandantes contra YPF quedaron desestimados, decretando que YPF no tiene responsabilidad contractual y no debe ningún daño por incumplimiento contractual", explicó la compañía argentina a la Bolsa, según publicó Clarín.

Pero la compañía advirtió que el miércoles, los demandantes apelaron la sentencia final. La movida judicial de Burford es la respuesta a la apelación que hizo la propia Argentina el pasado 10 de octubre.

Argentina apunta a que para calcular la fecha de la expropiación se tome el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley correspondiente, y no el 16 de abril, que fue cuando los funcionarios argentinos ingresaron en la empresa.

Antes de la apelación, el Gobierno le pidió a la jueza Preska evitar el pago de un depósito de garantía y suspender la ejecución de la sentencia sin fianza. Argumentó que debido al tamaño "sin precedentes" de la sentencia, el tribunal pondría en marcha embargos que serán "difíciles o imposibles" de deshacer si Argentina logra la apelación.