La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de compraventa de acciones del proyecto minero Potasio Río Colorado celebrado entre el gobierno de Mendoza y la Compañía Minera Aguilar Potasio. El convenio firmado por el gobernador Rodolfo Suarez y los representantes de la minera ahora deberá ser votado por el Senado para su ratificación definitiva.

De esta manera, pasó el primer filtro legislativo para ratificar el decreto del Ejecutivo provincial que aprueba el acuerdo de venta de la mina de potasio a la argentina Compañía Minera Aguilar Potasio SA y a la brasileña ARG, además de la cesión de derechos del 12% que retendrá el Estado mendocino a Impulsa Mendoza Sostenible, la herramienta creada por el gobierno de Mendoza para el desarrollo de la minería sustentable.

El convenio establece que las acciones se distribuirán en un 88% para la Compañía Minera Aguilar Potasio SA y un 12% para Impulsa Mendoza Sostenible.

Según recordó MDZOL, la empresa que tomará las riendas del proyecto es propiedad del empresario mendocino José Luis Manzano y en el acuerdo se compromete a una realizar una inversión de US$ 1.000 millones para, en cinco años, llegar a producir 1,5 millones de toneladas anuales de sales de potasio.

La votación en la Cámara de Diputados se realizó a mano alzada y el único legisladores que manifestó que iba a votar en contra fue José Luis Ramón, diputado de Protectora y aliado del peronismo.

Ahora la iniciativa será tratada por el Senado provincial, que en caso de aprobarla otorgará la ratificación legislativa para que se concrete la venta de las acciones.

Durante el debate, según destacó Los Andes, Jorge López (UCR), informó que “el proyecto de ley que estamos tratando, hace referencia a una ratificación del Decreto 1979 del 2023. Está vinculado a uno de los más grandes proyectos productivos económicos que ha venido trabajando Mendoza en los últimos 20 años, un proyecto económico que debido a una multiplicidad de factores nunca logró concretarse con todos los beneficios económicos que hubiese significado para Mendoza”.

Destacó que se dará “una inversión proyectada entre mil y 1500 millones de dólares. Tendrá empleos asociados a ellos, en forma directa unos 500 operarios, indirectos 1500 puestos de trabajo”.

Por otro lado, el diputado lavallino destacó que “el esquema de la compulsa pública ha permitido lograr los objetivos que se tenían y ha permitido que más de 3 empresas hicieran ofertas y llegaran a las instancias finales, le permitió a Mendoza tener el mayor porcentaje de acciones”.

Y agregó que “la opción que ha sido merecedora de la adjudicación final ha cumplido más de 118 puntos en la graduación final, con estos parámetros de claridad se mostró que la opción de Aguilar y de ARG era la que mejor se adaptaba al proceso para ser socio comercial y para llevar adelante el proyecto”.

Además subrayó que “la provincia ha definido distintas instancias de sanciones para el incumplimiento de las inversiones que están contempladas en este acuerdo, como así también se ha establecido la formación de un fideicomiso, para que si se interrumpe el contrato el paquete accionario vuelva a la provincia”.

La diputada demócrata Mercedes Llano y aliada del libertario Javier Milei, votó en contra. El líder de Protectora (integrante del Frente de Todos), José Luis Ramón también votó en forma negativa.

“No hubo un proceso administrativo y legal que asegure y permita que aquellos fondos que provienen de los mendocinos puedan ser controlados por esta Casa de las Leyes, para saber qué se hace, cómo se administra y cómo se dispone de esos fondos”.

Subrayó que el estudio de impacto ambiental es insuficiente, ya que se realizó “hace 16 años”, por lo que a su entender, “este proyecto no tiene declaración de impacto ambiental”.

Gustavo Cairo (PRO), opinó que “este proyecto trae alguna reminiscencia de tristeza por su devenir, era una esperanza para Mendoza, lo que ha sucedido en los últimos años habla de la incapacidad de nuestros dirigentes”. Ponderó que “es muy positivo para Mendoza que tengamos este proyecto, que de una vez por todas se explote esta mina que es tan importante para la provincia”.

A su turno, Emanuel Fugazzotto (PV) manifestó el acompañamiento a la iniciativa y destacó: “Me parece importante decir esto: este proyecto se enmarca dentro de la Ley 7722. Obviamente lo que estamos haciendo ahora es la transferencia de acciones, no hay que olvidarnos de eso”.

Agregó que “tenemos que trabajar en aportarle más transparencia a los procesos en los cuales empiezan a participar estas empresas que la provincia de Mendoza crea y que desde el aspecto legal, estaría todo bien”.

Germán Gómez (FdT), dijo que “necesitamos más recursos, más personas, pero sobre todo para darle seguridad jurídica que atraiga inversores y que se pueda generar una transformación diferente en la provincia de Mendoza”.

Igualmente afirmó que “es tan importante darle desarrollo a la actividad minera en la provincia de Mendoza, lo que generaría una transformación y diversificación particularmente de nuestro producto geográfico, no sólo generando trabajo de manera directa sino también indirecta”.