La legislatura deberá votar la rectificación del traspado de Potasio Río Colorado a Minera Aguilar y ARG, mientras que el Gobierno provincial corrigió el decreto 1979, que mantenía el secretismo sobre el contrato de traspaso del 88%.

El decreto enviado por el Gobierno de Mendoza aprueba el acuerdo de compraventa de acciones de PRC SAU a la argentina Compañía Minera Aguilar Potasio SA y a la brasileña ARG, además de la cesión de derechos del 12% que retendrá el Estado mendocino a Impulsa Mendoza Sostenible, la herramienta creada por el Gobierno de Mendoza para el desarrollo de la minería sustentable.

En el decreto aprobado, la Compañía Minera Aguilar Potasio SA tendrá 88%, mientras que Impulsa Mendoza Sostenible se quedará con 12%. Para llegar a este punto, se recorrió un largo camino: además de inventariar todo lo existente en el yacimiento, que tiene capacidad para que se alojen 3 mil personas, pista de aterrizaje y maquinaria instalada, se reacondicionaron rutas y se llevó adelante una subasta pública para volcar lo recaudado en infraestructura.

Luego se contrató al banco suizo Banco de Inversiones UBS Securities, en el marco de un reglamento general de búsqueda de inversores para el desarrollo, construcción, explotación y comercialización de sales de potasio. Tras un largo proceso denominado M&A Andromeda, USB determinó que Compañía Minera Aguilar SA era la que mejor se alineaba a los objetivos de inversión y knowhow para poner en marcha la mina.

La oferta ganadora cumple con la solicitud de la Provincia encuanto a nivel de compromiso, monto de inversiones, plazos de ejecución, nivel de garantías ofrecidas, experiencia del grupo en Argentina en el sector minero y alineamiento estratégico.

Los legisladores tienen ya a su disposición los detalles del memorándum de entendimiento firmado entre Mendoza y Compañía Minera Aguilar Potasio SA, que detalla condiciones de la inversión, tiempos de ejecución y previsión de contrataciones dando prioridad a recursos humanos y empresas locales.

LOS PROBLEMAS DE CONFIDENCIALIDAD

El artículo 6 del artículo del decreto original que llegó a la Legislatura determinaba la prohibición de la difusión de los anexos del acuerdo con la empresa de José Luis Manzano. Luego de que la noticia tomara estado público, el gobernador Rodolfo Suarez explotó y pidió explicaciones a sus colaboradores, ya que su orden explícita fue que toda la información del contrato (excepto los ítems relacionados a secretos industriales y comerciales) sea pública y de fácil acceso.

Si bien el primer decreto firmado y enviado a la Legislatura -el 1979 que fue firmado el 27 de septiembre- omitía la publicación de dos anexos en su artículo 6; este martes se rectificó con un “decreto aclaratorio”, el 2014, con el que se liberó la documentación.

La decisión se tomó luego de una reunión este martes por la mañana en la que participaron el gobernador, Rodolfo Suárez; el gerente general de PRC, Emilio Guiñazú; y los ministros de Gobierno, Víctor Ibáñez; y de Economía, Enrique Vaquié

Esa nota firmada por el presidente de Minera Aguilar, Nicolás Mallo Huergo, llegó a Casa de Gobierno el miércoles 27 de septiembre por la tarde. Algunas horas antes, Suarez había firmado el decreto 1979 que, por un error administrativo, nunca fue corregido antes de ser enviado a la Cámara de Diputados.

Cómo fue el proceso de recuperación y puesta en marcha 

El proceso demandó más de 30 meses de trabajo. En 2020, la Provincia logra recuperar el yacimiento y los activos que Vale había dejado en 2013, y tomó posesión plena en 2020, luego de arduas negociaciones y el acuerdo de la Legislatura.

Luego se ordenó la empresa, se realizaron inventarios, tareas de mantenimiento, recertificación de equipos, reorganización de la información y elaboración de la base de datos, y la licitación del contrato para los asesores comerciales y legales.

Los siguientes pasos fueron el contacto con potenciales interesados para hacer las presentaciones del proyecto, todas las ruedas de preguntas y respuestas, el viaje a Brasil para presentarles el proyecto a empresas brasileras, la recepción de declaraciones de interés y la apertura de la información, la recepción de ofertas no vinculantes, la preselección de interesados, la recepción de ofertas vinculantes y todo el proceso de pedidos de aclaración y mejoras de oferta y la selección final.

El contrato alcanzado está a la altura de las expectativas de la provincia, por los objetivos plazos y garantías, incluyendo una estructura que garantiza su cumplimiento con tres herramientas: un cronograma preestablecido de ejecución de obras asociado a una estructura de multas progresivas en caso de atraso, un seguro de fiel cumplimiento ante la eventualidad de una interrupción contractual y un fideicomiso de garantía administrado por Mendoza Fiduciaria que, en caso de una interrupción del contrato, le devolverá las acciones a la Provincia, evitando así los inconvenientes que se generaron con Vale y que demoraron 10 años la posibilidad de retomar la iniciativa.

Para controlar la ejecución del contrato, la Provincia cuenta con el equipo de Impulsa Mendoza Sostenible, que conoce el proyecto en detalle y continuará supervisando y controlando el cumplimiento del contrato durante la ejecución.

Cabe recordar que, en 2020, la Provincia recuperó 250 millones de dólares en activos, un predio de 80 mil hectáreas y una mina capaz de abastecer el mercado interno y exportar. Tiene un aeropuerto en condiciones de funcionar y capacidad para que coman y se alojen 3 mil personas.

Por eso, además de producir, el yacimiento se convertirá en un polo de servicios. El costo fiscal para Mendoza fue cero y las perspectivas incluyen tres actividades centrales: extracción y exportación sales de potasio, con alta demanda interna y externa, y provisión de servicios para industrias y pymes que operan en el Sur.