PABLO ICARDI

El gobierno de Mendoza le otorgó la concesión de la mina Potasio Río Colorado a la empresa Minera Aguilar para que rehabilite el proyecto, a una escala menor que la original y con una promesa de inversión paulatina.

Antes de que se confirmara la noticia, esa empresa ya se movía con otros referentes del gobierno para acelerar gestiones en caso de ser adjudicada. Es lo que ocurrió con la estatal IMPSA. Ambas empresas firmaron un memorándum para trabajar juntos por si Minera Aguilar se hacía con los derechos, como finalmente ocurrió. 

El acuerdo se firmó el 10 de agosto de este año, por tiempo antes de la contratación y lo ratifican el representante legal de IMPSA y Nicolás Mallo Huergo, el titular de Minera Aguilar, Andes Energía y otras compañías del holding Integra Capitals (que pertenece a José Luis Manzano).

Ese acuerdo tiene rango de "primer paso", porque se comprometen a negociar de buena fe los términos de los contratos que puedan firmar a futuro. Minera Aguilar se compromete a darle prioridad a IMPSA. Declaran que tienen la intención de que Minera Aguilar opte por IMPSA como proveedor privilegiado, pero con un condicionante lógico: que los servicios y costos sean competitivos. 

IMPSA participaría en los procesos de reingeniería y en la fabricación de componentes electromecánicos, "así como en los procesos y sistemas de control, entre otros servicios", dice el acuerdo.

El contexto de esa vinculación es importante. IMPSA es una empresa metalúrgica histórica que en su etapa privada exportaba valor. Se fundió y el Estado la rescató por el valor estratégico que tiene y porque de esa empresa dependen 700 personas y decena de otras empresas. Pero hasta ahora no ha logrado ponerse de pie y depende en gran medida de contratos con el propio estado, pues no es igual de competitiva en el exterior. En ese camino también se convirtió en una empresa de servicios, área que cubre cada vez más espacio. 

El el gobierno de Mendoza los roles se intercambian, aún con intereses que podrían ser contrapuestos. La "pata" mendocina de de la histórica metalúrgica es manejada por el Ministerio de Economía y Energía, que también controla la Empresa de Energía (EMESA) y Potasio Río Colorado.

Enrique Vaquié, Pablo Magistochi, Emilio Guiñazú y el equipo que coordinan ha estado de uno y otro lado de ese "holding" estatal. Pues Minera Aguilar tuvo contactos con la IMPSA estatal antes de que se resolviera la adjudicación. "No hay nada raro, todos quieren que IMPSA trabaje", aseguran en el Gobierno. 

Otro de los datos relevantes es que el grupo Integra Capitals fue uno de los que sondeó la posibilidad de quedarse con IMPSA antes del rescate estatal. Además, la Provincia anunció que en el mediano plazo se deshará de las acciones que tiene para trasladarlas al sector privado. Integrals Capitals y todas sus ramas es especialista en activos tóxicos o de riesgo y por eso vuelve a aparecer en escena.

"IMPSA y CMA negociarán de buena fe los términos y condiciones, siempre que sean competitivos y de mercado, a fin de celebrar los acuerdos definitivos y vinculantes para la colaboración por parte de IMPSA en los procesos de reingeniería y de compra de componentes", dice el memorándum. 

Potasio Río Colorado ahora es "propiedad" de Minera Aguilar, que tiene el 88% del proyecto. El otro 12% es de la empresa estatal Impulsa Mendoza, que también preside Enrique Vaquié y otros dos ministros del gobierno.

El contrato aún tiene que ser ratificado por Decreto y vía legislativa. Entre otras cosas, deben justificar el secretismo que tuvo el proceso y blindarlo ante posibles litigios. Es que la empresa brasileña Vale y el Estado firmaron otro acuerdo secreto en el que está detallada una compleja arquitectura legal para que toda la toxicidad legal que arrastra el proyecto no repercuta en juicios más grandes y en el exterior.

Vale acordó hacerse cargo de las demandas heredadas y las que surjan, siempre y cuando la Provincia cumpla el protocolo. Si no, el propio Estado y los nuevos accionistas podrían perjudicarse. Por eso Fiscalía de Estado advirtió que se aclararan esos términos. 

Vale dejó ese intrincado y secreto acuerdo, además de 30 millones de dólares que son administrados de manera discrecional por los funcionarios - gerentes de PRC que ahora se mudarán a Impulsa Mendoza. Pero el principal capital es la mina propiamente dicha (los derechos) y la infraestructura montada en Malargüe.