La actividad exploratoria de gas y petróleo experimentó una caída del 70% en los 18 años de vigencia (2005-2018) de la actual Ley de Hidrocarburos, informó el analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.

Explicó que, durante la década de los 90 y en los primeros años del siglo XXI, en Bolivia se perforaban 30 pozos por año, pero con la norma que regula el sector hidrocarburífero, vigente desde 2005, decreció a nueve por año y se descubrió sólo un pozo de gas.

Incahuasi es la única perforación exitosa en 18 años, cuyo pozo empezó a ser explorado en 2003 y entró en producción en agosto de 2016.

“Tener sólo un campo nuevo en los últimos años es uno de los mejores ejemplos de que no hubo interés de invertir en Bolivia para descubrir nuevos yacimientos; además, es un indicador de los resultados de la política hidrocarburífera que se implementó en el país en los últimos años”, dijo Velásquez.

A pesar del anuncio del presidente Luis Arce e YPFB de que se está invirtiendo para reponer la caída en la producción de gas de 59 a 37 millones de metros cúbicos día (MMmcd), el analista sostiene que ésa es una tarea muy difícil para el Estado debido a que es una actividad riesgosa y requiere de mucho dinero.

De cada 10 perforaciones sólo tres resultan exitosas; además, perforar un pozo cuesta US$ 120 millones, dinero que el Estado pierde si no se encuentra nada. Por estas razones, Velásquez recomienda dejar ese trabajo a empresas especializadas e inversionistas extranjeros, para lo cual se debe modificar la Ley de Hidrocarburos.

“Perforar implica un costo muy alto para Estado,  ese dinero público puede usarse en otras necesidades de la población (salud y educación), por eso se recomienda de que la exploración no sea encarada por YPFB sino por privados con mayor experticia y capacidad de arriesgar esos millones”, remarcó.

La actividad exploratoria en Bolivia comienza a caer a partir de 2003, con la guerra de gas y el debate de una nueva Ley de Hidrocarburos, lo cual generó inseguridad jurídica y frenó las inversiones de explotación. A eso se suma el cambio de régimen fiscal con la nueva ley sectorial y la nacionalización en 2006, que puso al Estado como actor principal y redujo el rol de las empresas petroleras al mínimo.

Con la nacionalización, el Estado se queda con el 81% de la renta petrolera y el restante 19% es para las empresas, un porcentaje poco atractivo respecto a lo que sucede en otros países.

Por esas razones, Velásquez insiste en cambiar la política hidrocarburífera y mejorar la Ley de Hidrocarburos para atraer la inversión extranjera.

Se calcula que, hasta 2021, YPFB recibió más de US$ 5.600 millones por la renegociación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.