Especialistas en hidrocarburos analizan la probabilidad de que la petrolera estatal reciba un nuevo aporte del gobierno para equilibrar sus maltrechas finanzas
El anuncio de la puesta en marcha de la nueva refinería de Talara al 100% de capacidad, tras nueve años de ardua y dilatada construcción, arroja una luz de esperanza sobre el sombrío horizonte de Petroperú. Mientras tanto, sobre el retorno de Petroperú a los lotes de Talara, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, reconoció que la estatal está en las condiciones de operar en estos yacimientos del noroeste.
Y es que la petrolera estatal venía aguardando con impaciencia la concreción de este hito para incrementar su producción de combustibles limpios y poder obtener, de esta manera, el flujo de caja que necesita para mejorar su situación financiera, catalogada como ‘pavorosa’ por Anthony Laub, socio principal de LQG.
Según recordó Juan Saldarriaga en El Comercio, los resultados financieros de Petroperú al primer semestre del 2023 son bastante reveladores al respecto, pues no solamente muestran una pérdida neta de US$380 millones, también un déficit de capital de trabajo de US$1.328 millones.
“Entonces, esa es una evidencia que nos dice que la petrolera estatal necesita otra cobertura del Estado”, apunta César Gutiérrez, ex presidente de Petroperú.
Esto es, un nuevo salvataje financiero, adicional a los varios que el Ejecutivo proporcionó a la petrolera pública en el 2022 (por un monto global de US$2.250 millones) a fin de evitar su colapso.
Germán Alarco, investigador de la Universidad del Pacífico, acota, sin embargo, que no es apropiado hablar de ‘salvataje’, sino de un aporte de capital que el Estado se encuentra obligado a realizar, en tanto accionista de Petroperú.
Sobre todo, ahora que la estatal se encuentra enormemente endeudada por el esfuerzo desplegado en construir la nueva refinería de Talara, proyecto cuyo costo asciende ya a US$5.530 millones (casi cuatro veces su Capex inicial).
“Durante la administración de Carlos Paredes (ex presidente de Petroperú) se hablaba de un aporte de US$ 1,500 millones a 1,800 millones. No se hizo y, después de cuatro años, se hizo un aporte que fue insuficiente”, dijo el economista a El Comercio. ¿A cuánto ascendería este nuevo aporte del Estado, en el entendido de que la estatal lo necesite?
¿INCIDENTE EN LA REFINERÍA?
Las calificadoras internacionales Fitch y S&P coinciden en señalar que la ayuda del Gobierno será “cada vez más necesaria” mientras la nueva refinería de Talara no se encuentre completamente operativa.
Es más, Fitch estimaba hasta hace muy poco que el Ejecutivo tendría que aportar US$300 millones a Petroperú en caso de que no lograse completar el proyecto en el tercer trimestre.
Ahora se sabe la nueva refinería se encuentra 100% operativa. Esto, a pesar del fuerte runrún que recorrió el sector hidrocarburos días atrás, y que señalaba la ocurrencia de un desperfecto y/o incidente en el proyecto, más precisamente, en una de las dos unidades que faltaban ser completadas: la de craqueo catalítico y la de flexicoking.
Es decir, en las plantas más importantes e imponentes de la nueva refinería, por cuanto permiten convertir el combustible residual (hidrocarburo con bajo valor comercial) en productos de mayor valor agregado, como la gasolina de alto octanaje, el diésel y el GLP.
De acuerdo a dicha versión, el incidente tendría el potencial para retrasar el arranque definitivo del proyecto por algunos meses más, lo que pondría en serios apuros a la petrolera estatal
Consultada al respecto, Petroperú respondió que no ha ocurrido ningún desperfecto en la refinería y que el arranque de todas las unidades está completo. ¿Significa esto que ya no necesitará otro salvavidas del Ejecutivo?
AYUDA DEL GOBIERNO
De acuerdo a un ex funcionario de Petroperú que no quiso ser identificado, esto dependerá del flujo de caja que la nueva refinería pueda generar en los próximos meses.
“Si dicho flujo permite atender las obligaciones contraídas por la empresa estatal, no requerirá un nuevo salvataje, de lo contrario necesitará un préstamo de terceros o del mismo Estado”, explica.
Por el contario, César Gutiérrez considera que el aporte estatal es inevitable debido a que la puesta a punto de la nueva refinería “no mejorará la rentabilidad de PetroPerú de manera inmediata, sino en varios meses más”.
“Eso significa que van a necesitar un salvataje de todas maneras, aunque evitarían otros más en el futuro. Por lo pronto, requerirán un mínimo US$500 millones”, detalla.
Esto, para atender dos frentes: el pago a los contratistas del proyecto (Cobra y Técnicas Reunidas), que no estaría cerrado, y el déficit de capital de trabajo, que asciende a US$1.328 millones.
El arranque definitivo de la nueva refinería no disipa, sin embargo, las nubes grises que empañan el horizonte de la estatal.
Si bien Alarco sostiene que la entrada en operación de la nueva refinería y la asignación de todos los lotes de Talara a Petroperú darán a esta la “liquidez y rentabilidad que necesita”, otros especialistas albergan el convencimiento de que no ocurrirá así.
Entre otras razones, porque la estatal no cuenta con el dinero ni con la tecnología que le permitirían mantener la productividad de los pozos talareños. Mucho menos, para incrementarla.
¿NUEVOS SALVATAJES?
“Petroperú está en una situación bien delicada porque puede pasarle lo mismo que a YPFB (petrolera estatal boliviana), la cual descremó los campos gasíferos bolivianos y ahora estos se han quedado sin gas. Igual puede pasar aquí con los pozos petroleros si es que no hay inversiones”, sostiene Arturo Vásquez, ex ministro de Energía.
A su entender, el ingreso de Petroperú a los lotes petroleros de Talara incrementará el riesgo de un nuevo salvataje.
En esa línea, Vásquez y otros expertos en hidrocarburos aconsejan al Gobierno que aborde la crisis de la petrolera estatal de una manera más integral. Esto es, no centrando toda la atención en la nueva refinería.
“El problema con PetroPerú es que sus llantas, o sea, la refinería, estaban a punto de reventar. Pero el carburador, que es el Oleoducto Norperuano (ONP), se encuentra en peor situación; y tampoco cuenta con un conductor que lo sepa guiar”, apunta un especialista en petróleo que prefirió mantener el anonimato.
Los continuos derrames y atentados en el oleoducto cuestan a la petrolera estatal hasta US$100 millones al año, dependiendo de la frecuencia con que ocurren estos incidentes.
Y la falta de liderazgo del actual directorio de Petroperú ha originado que los “empleados y sindicalistas tomen el control de la empresa y hagan lo que quieran”, añade Gutiérrez.
Se colige, entonces, que si la estatal no resuelve el problema del ONP, ni refuerza su gobierno corporativo con un directorio y gerencia profesionalizados, puede volver a requerir otros salvatajes a pesar de la puesta a punto de su nueva refinería, una de las más modernas del mundo.
PETROPERÚ CON LUZ VERDE DEL MEF PARA ASUMIR LOTES DE TALARA
Tras conocerse que Petroperú obtuvo la calificación de ‘sujeto económico’ para asumir el 100% de la participación en los contratos de explotación de los lotes I, VI y Z-69 —antes Z-2B— de Talara, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, reconoció la importancia de la estatal en estas operaciones.
Al ser consultado por La República sobre una supuesta entrega “a dedo” de los yacimientos con contratos por expirar este año —argumento sostenido por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)—, Contreras Miranda señaló que Petroperú sí puede participar en los lotes, dependiendo de la magnitud de estos, en términos de inversión.
“La decisión de explotar algunos lotes tiene que ir en consonancia con su reestructuración. Petroperú puede participar en algunos lotes que no demanden demasiada inversión, y en otros, definitivamente, no”, precisó el funcionario en alusión a la diferencia entre lotes de exploración y explotación.
Ya no requerirá más recursos Contreras adelantó que la Nueva Refinería de Talara (NRT) “debería estar en verde” en setiembre, con lo cual se reduce la probabilidad de inyectarle más recursos a Petroperú.
No obstante, recordó que Petroperú “provee combustibles a zonas donde las empresas privadas no llegan” y, por lo tanto, cualquier apoyo adicional de recursos se condicionará a dicha situación.
Retomando a la reestructuración de la primera empresa del Estado, el ministro precisó que estarán en constante diálogo con el directorio de Petroperú para cumplir con sus lineamientos “sin afectar sus cuentas”.
Vale acotar que el plan de reestructuración se presentó en julio pasado a la Junta General de Accionistas (JGA) —compuesta por el MEF y MINEM— y fue encargada a la consultora Arthur D. Little LLC. Sus ejes principales son reforzar la gobernanza, asegurar la sostenibilidad financiera y de las operaciones de la empresa.
Ahora, Petroperú está a la espera de negociar con Perupetro los términos y condiciones de los tres contratos de explotación (cada uno de 30 años).
De acuerdo con Carlos Vives, ex presidente de la institución, lo nuclear a negociarse es el programa mínimo de trabajo y las regalías a pagar.
“En mi opinión, no debe haber mayores trabas en el camino, más aún cuando existe el apoyo político”, aclaró para este medio, refiriéndose al visto bueno que ha dado la presidenta Dina Boluarte para revertir los yacimientos a Petroperú.
Se prevé que los decretos supremos que autoricen la llegada de la estatal se promulguen en las próximas semanas.
EDITORIAL PERÚ21: DE PERUPETRO A PETROPEOR
El gobierno de Dina Boluarte, a través de Perupetro, parece estar decidido a entregarle tres lotes a la empresa estatal Petroperú, a pesar de las millonarias pérdidas que viene registrando de manera consecutiva por la mala gestión.
Nadie entiende bien por qué semejante pertinacia con una institución que ha demostrado ser del todo ineficiente. Sin ir muy lejos, en el segundo trimestre de este año, por ejemplo, la pérdida neta de la empresa ascendió a US$ 222 millones.
Expertos en la materia y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) han puesto contundentes reparos a esta operación, que huele a jugada para salvar a la estatal del descalabro, luego del astronómico endeudamiento que se realizó —sin garantía de retorno y rentabilidad— por la remodelación de la refinería de Talara.
Nos preguntamos si la presidenta de la República está bien asesorada o mínimamente informada por su anodino y limitado ministro de Economía de los estados financieros de Petroperú. Eso, aparte de los riesgos para el país de entregarle estos pozos con contratos que ni siquiera permitirían una mayor exploración dada la precariedad en que se encuentra.
Y por añadidura, la celeridad con que se está optando por otorgarle la concesión no solo es llamativa sino sospechosa, como si existiera una orden expresa de aprobar la medida cuanto antes, no importa si festinando trámites o expurgando objeciones técnicas en tiempo récord.
“¿Cómo es que le llama Perupetro análisis a algo hecho en tres días (para concluir) que Petroperú es un sujeto económico? Por transparencia, todo el país debería conocer con qué criterios técnicos llegó a esa calificación”, ha dicho Víctor Gobitz, de la SNMPE. “Deberían ser sinceros, porque se comienza a percibir que Petroperú está a puertas de otro salvataje financiero”, anotó.
Y no le falta razón al especialista, pues es con dinero del erario –es decir, de todos los peruanos– que se estaría rescatando esta paquidérmica empresa cuya ineficiencia, sin necesidad de profundizar en sus estados de cuenta, ha sido largamente demostrada.
¿Estará al tanto la mandataria que para obtener la concesión de esas unidades había en cola cinco empresas privadas interesadas en gestionarlas?