ALLEN PANCHANA

En 2007, el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo un llamamiento al mundo para proteger Yasuní, el parque nacional amazónico considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta y donde se encuentran las mayores reservas de petróleo del país.

Al lanzar la Iniciativa Yasuní-ITT, Correa pidió la cooperación internacional para conseguir un fondo de US$ 3.600 millones que ayude a mantener este petróleo bajo tierra. Si no se alcanzaba el objetivo, dijo, la explotación tendría que comenzar inevitablemente.

El objetivo inicial de financiación se calculó en la mitad de los ingresos que Ecuador esperaba obtener de la explotación de las reservas de Yasuní. Se dejarían de extraer unos 846 millones de barriles de petróleo y se evitarían 407 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. En cambio, el país sería compensado por la comunidad internacional con US$ 350 millones anuales durante diez años por la conservación de este rincón de la Amazonia, evitando los costos medioambientales que conlleva la producción de petróleo.

En 2013, luego de recaudar apenas US$ 13 millones en seis años, Correa declaró en una conferencia de prensa que “el mundo nos ha fallado”, y anunció el fin de la iniciativa. Con ello, también declaró que comenzarían los estudios para explorar la explotación de las reservas de Yasuní en los campos petroleros Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), también conocidos como Bloque 43.

Han pasado diez años desde aquel momento y siete desde que se inició la extracción petrolera, y el debate sobre los recursos del Yasuní sigue latente.

Luego de una intensa y larga campaña liderada por el colectivo Yasunidos, que busca la protección de este santuario natural, se logró que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable en mayo, y exija al Estado realizar una consulta popular en todo el país que decida si se continúa con esta explotación.

El 20 de agosto será la votación, que además coincidirá con las elecciones generales del país, que inicialmente debían celebrarse en 2025 pero se adelantaron después de que el Presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional en mayo.

El debate es complicado desde hace tiempo, pero las cuestiones centrales ahora son qué ocurrirá ―a nivel económico y social― si el país vota a favor de poner fin a las actividades petroleras en el bloque.

EL VOTO NEGATIVO: ’INVIABLE’
Según datos oficiales, el bloque 43 tiene una reserva de más de 1.672 millones de barriles de petróleo, el más grande proyecto de hidrocarburos en la historia de Ecuador.

Está administrado por la empresa estatal PetroEcuador, pero desde 2016 las empresas chinas Sinopec y Chuanqing Drilling Engineering Company Limited han firmado cuatro contratos de prestación de servicios específicos, para la perforación y completación de pozos petroleros en el ITT. Lo que los convirtió en los responsables de la operación.

Petroecuador afirmó que un voto afirmativo a la prohibición de la explotación del Bloque 43 supondría una pérdida de ingresos para el país de US$ 13.800 millones en las próximas dos décadas.

A pesar de la resistencia, el presidente Lasso aseguró que detener la explotación le dejará al siguiente gobierno tan solo dos opciones: “reducir gastos en áreas sensibles e importantes del área social o reducir algunos subsidios”. Casi la cuarta parte del presupuesto general del Estado se destina a los subsidios, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Habrá que pensar de qué manera se sustituyen esos ingresos, porque son necesarios tanto para la lucha contra la desnutrición infantil, el presupuesto de salud, educación, seguridad”, añadió Lasso.

En 2023 los subsidios ascienden a US$ 4.795 millones, un 23,69% del presupuesto. Incluye bonos a grupos vulnerables, seguridad social, gas de uso doméstico, desarrollo urbano y agrícola. Pero casi el 30% va a combustible, lo que según el gobierno ayuda a “recuperar costos para el sector”, así como a combatir la desigualdad.

Según el Fondo Monetario Internacional, Ecuador está entre los 15 países del mundo con más subsidios a los combustibles. Por ejemplo, el Estado ecuatoriano paga US$ 1 por cada kilogramo de gas de uso doméstico. Según cálculos, el precio en Latinoamérica de un balón de 15 kg cuesta, en promedio, US$  13. Sin embargo, en Ecuador se vende a US$ 1,6.

Fernando Santos Alvite, actual ministro de Energía fue más duro en entrevista con Diálogo Chino. Califica como “un suicidio” prohibir la explotación petrolera en el Yasuní.

“No se puede vivir del aire, de los pajaritos y reptiles. Es un golpe muy grave para la economía ecuatoriana si gana el Sí”, dijo Santos.

“No es un simple plebiscito. Nos estamos jugando el futuro del país. ¿Queremos un futuro impulsado por la riqueza que nos dio la naturaleza, la minería y el petróleo o cerramos ese futuro y entramos en un periodo realmente muy incierto?”, agregó Santos, que califica esta opción como “inviable”, más aún si se tiene que retirar toda la infraestructura en el siguiente año, como indicó la Corte si es que ganara el Sí.

La extracción petrolera en esa área inició en septiembre de 2016, tras la construcción de accesos, instalación de maquinarias y demás mecanismos. La estatal Petroecuador ha invertido US$ 1.900 millones en equipos e instalaciones.

Cerrar la operación del ITT tomaría, al menos, cinco años y un costo de casi US$ 500 millones, afirma el Gerente de Petroecuador, Ramón Correa, que añade que se tendrían que sellar con cemento 230 pozos de producción, desmantelar 12 plataformas y desinstalar la planta de procesos Centro de Procesos Tiputini, “el corazón de la operación” del ITT: una estructura que separa el petróleo del agua antes de su transporte desde la Amazonía hasta la provincia costera de Esmeraldas, desde donde se exporta.

EL VOTO POSITIVO: MÁS ALLÁ DEL PETRÓLEO
El Parque Nacional Yasuní es el área protegida más grande del país: se extiende en más de un millón de hectáreas entre las provincias de Orellana y Pastaza, en el nororiente de la Amazonía. Alberga 1.300 especies de árboles, 610 de aves, más de 268 de peces, y está catalogada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Es, además, hogar de los tagaeri y los taromenane, los últimos grupos indígenas en vivir en aislamiento en la nación sudamericana.

“En una hectárea del Yasuní hay más biodiversidad que en toda Norteamérica. Además que viven pueblos en aislamiento voluntario, y explotar sería un etnocidio”, recalca a Diálogo Chino el vocero de Yasunidos, Pedro Bermeo.

En el informe “China en el Yasuní-ITT”, publicado por la organización Latinoamérica Sustentable (LAS) en julio, los autores recomiendan que el gobierno chino y sus empresas “se retiren de manera ordenada” del bloque ITT, señalando las actividades petrolíferas como contrarias a los compromisos climáticos internacionales del país. También pidieron al gobierno que vigile y disuada a las empresas de participar en zonas social o ambientalmente sensibles, como aquellas donde viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Para Bermeo es imposible un triunfo del No en la consulta. “No está en nuestros planes ni en la cabeza de nadie, solo en quienes pretenden gobernar y obtener ganancias del Yasuní. Sabemos que ganará el Sí. Y Ecuador debe trazar obligatoriamente un futuro post petrolero”.

Dirigentes de las provincias amazónicas también se han sumado a la campaña por el Sí. El presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, Juan Bay, cuestiona: “Mi pueblo ha tenido cero beneficios: nada de desarrollo social, económico ni político. Votaremos y estamos en la campaña por el Sí”.

La posición de las comunidades indígenas está fundamentada en los casi 900 derrames de petróleo que se dieron entre 2015 y 2021 en la Amazonía ecuatoriana, algunos de ellos afectando al Yasuní.

Según Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). “la consulta no se limita a un tema de discusión (petróleo), sino que pone en juego el espacio en el que habitan pueblos indígenas. Por el Yasuní estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Se acabó la época de la explotación, que tanto ha afectado al ambiente y ha empobrecido a nuestras comunidades”.

LAS ALTERNATIVAS
Según datos oficiales, los siete años de explotación dan una balanza positiva. Se obtienen más de 57.000 barriles al día, lo que representa el 11 % de la producción nacional. Esto representó que en 2022 el gobierno obtuviera US$ 1.200 millones por la venta de ese crudo. Sin embargo, según cálculos de Yasunidos los ingresos netos por este lote serían de US$ 148 millones anuales. Una cifra que se puede compensar, afirman.

Por décadas se discute en Ecuador la posibilidad de que el petróleo del país se acabe. “Ese momento es hoy, finalmente ha llegado”, dice Luis Arauz-Jaramillo, investigador de la Universidad Central del Ecuador.

“Al ritmo de extracción actual, las reservas probadas se terminarán en 2028. Además, en el contexto global, según datos del Banco Mundial, la inversión en el sector petrolero se ha reducido en un 20% en tan solo 4 años”. Para él, la transición hacia un Ecuador post petrolero debe ser gradual y empezar ahora.

“El primer paso debería ser evitar la explotación de crudo en las áreas megadiversas del país. ¿Por qué? Porque su valor económico irá creciendo año tras año, en un mundo en donde cada vez se hace más difícil encontrar territorios de estas características”, dijo el investigador.

Y el segundo paso, según él, las alternativas económicas son políticas, como frenar gradualmente los subsidios. En esta misma línea opina la economista Wima Salgado, ex ministra de Finanzas: “Si eliminamos los subsidios que se entregan como exoneraciones tributarias al 10% más rico del país, el fisco podría recibir US$ 598 millones anuales. Este valor es cuatro veces superior a la pérdida real estimada por dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra”.

Además, agrega Salgado en entrevista con Diálogo Chino, si el Estado se enfocara en recaudar las deudas en firme al Servicio de Rentas Internas de los 500 principales deudores del Ecuador, lograría un incremento en sus recursos de casi US$ 2 mil millones, y “no habría necesidad de poner en riesgo el Yasuní”.

El presidente Lasso ha confirmado que las elecciones y el referéndum continuarán como estaba previsto el 20 de agosto, a pesar del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en un acto de campaña en Quito el pasado miércoles. Aunque no se han realizado encuestas formales sobre la intención de voto, algunos comentaristas y sondeos informales han sugerido que los votantes podrían inclinarse marginalmente por el “Sí” al fin de la explotación petrolera en el Bloque 43.