Mientras Argentina avanza con una licitación de 18 áreas a 13 petroleras para buscar petróleo en las Cuencas Argentina Norte (CAN), Malvinas Oeste (MLO) y Austral (AUS)  hasta los 4.000 metros, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof proyecta crear un fideicomiso para las regalías de los proyectos en Mar del Plata. En el otro extremo, la FARN presentó un recurs de amparo contra la exploración offshore en Buenos Aires y Tierra del Fuego.

En el largo plazo, la expectativa de las compañías petroleras como del gobierno, las provincias y el ámbito académico es que en el Mar Argentino podría haber recursos similares a Vaca Muerta. Según un informe de Ecolatina, el offshore podría representar exportaciones por US$ 20.000 millones (3,5% del PBI actual).

Axel Kicillof reveló que nuevos estudios indican que las costas locales, por la distancia del pozo petrolero y las mareas, estarían a salvo de un potencial derrame de hidrocarburos.

La Capital MDP informó que en el plano económico, el gobernador adelantó que su administración trabaja con el gobierno nacional para la creación de un fideicomiso para las regalías de la explotación petrolera. Los fondos podrían utilizarse para que el municipio y la provincia puedan hacer inversiones en el sector. Esto permitiría que la producción de hidrocarburos “no se vaya para otro lado”.

Al ser consultado sobre si se trabajará desde la provincia para obtener algún beneficio, teniendo en cuenta que las regalías son administradas por el gobierno nacional, el gobernador dijo que "hay buenas noticias".

"En primer lugar, con respecto a la cuestión ambiental: se han hecho nuevos estudios que marcan que, por la distancia superior a los 300 kilómetros y las mareas, nuestra costa estaría a salvo de un posible derrame de petróleo. Obviamente, hay que trabajar para que los estándares de seguridad sean los máximos", comenzó explicando Kicillof.

"En cuanto a los recursos que quedarían, el subsuelo es de cada una de las provincias. Por eso, las regalías que tienen los yacimientos en el territorio continental quedan en esa jurisdicción. En este caso, eso no sucede: lo que nos da tranquilidad en lo ambiental es una desventaja en términos de recursos, porque no está en territorio provincial", agregó. 

"Sin embargo, estamos discutiendo un fideicomiso con el gobierno nacional para las regalías de la explotación offshore, tal como se hizo en Tierra del Fuego con el Fideicomiso Austral. La idea es que el Estado provincial y municipal tengan fondos para hacer inversiones", continuó el gobernador. 

"Esto es para la conveniencia de los privados. Que la nación tenga las regalías no asegura que se dé respuesta en materia logística. A veces se necesitan gasoductos y oleoductos para que la producción no se vaya a otro lado. Así que estamos negociando eso", completó Kicillof.

Según una entrevista a Verónica Tito, consultora legal y regulatoria de la Secretaría de Energía de la Nación por Roberto Bellato en El Destape, el primero de los hitos del offshore  puede ser en la década del ´70, que se adjudicaron dos bloques offshore ubicados frente a la provincia de Santa Cruz, al norte de Río Gallegos y al sur de Magallanes, y otros dos bloques exploratorios frente a Tierra del Fuego. En el año 1994 el Poder Ejecutivo Nacional otorgó la concesión de explotación de varios lotes de explotación pertenecientes al área Cuenca Marina Austral I (CMA 1).

LA CAUTELAR CONTRA EL OFFSHORE

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó esta semana una medida cautelar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que la Secretaría de Cambio Climático de la Nación suspenda las autorizaciones de exploración sísmica y la explotación de gas offshore en todo el Mar Argentino hasta tanto se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos y se publiqué una evaluación ambiental estratégica (EAE).

"Hoy en día se están realizando exploraciones y explotaciones offshore con estudios ambientales incompletos y sin contemplar tanto los daños irreversibles y permanentes que se ocasionarán al ecosistema marino como los compromisos climáticos asumidos por el país", advirtió la fundación.

La medida cautelar, "que busca proteger la biodiversidad marina y enfrentar la crisis climática", tiene como objetivo que el gobierno nacional se abstenga de otorgar permisos de exploración sísmica y de explotación hidrocarburífera costa afuera, emitir declaraciones y aprobar estudios o evaluaciones de impacto ambiental, según destacó Filo News. 

También de autorizar prospecciones sísmicas o de explotación hasta tanto se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos y se publique una EAE (Evaluación Ambiental Estratégica) que contemple también las alternativas energéticas y los costos y beneficios en el marco de una transición justa.

Además, la medida cautelar implica la detención inmediata de los proyectos de exploración y explotación ya autorizados, como el proyecto “Fénix en Cuenca Marina Austral (CMA-1)”, y el “Argerich-1 Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN_100)”.

Durante las audiencias públicas de los años 2021, 2022 y 2023, en las que se debatieron los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos offshore, FARN exigió la elaboración y publicación de una EAE frente a las políticas extractivas en el mar argentino en abierta oposición con compromisos climáticos internacionales.

La EAE es un estudio que permite analizar los impactos ambientales de programas y proyectos en diálogo con los objetivos estratégicos y compromisos climáticos internacionales asumidos por el país. Esta evaluación contempla, entre otros puntos, la reducción de gases de efecto invernadero, la conservación de la biodiversidad y la diversificación de la matriz energética.

FARN indicó que las declaraciones y autorizaciones ambientales favorables a estos proyectos de exploración y explotación por parte de la Secretaría de Cambio Climático de la Nación "vulneran el principio de no regresión establecido en el Acuerdo de Escazú y violan las leyes 23.094 -que declaró monumento natural nacional a la ballena franca austral- y 22.351 -que estableció la protección absoluta e inviolabilidad de los monumentos naturales".

"Es indispensable que, hasta tanto sean presentadas la evaluación ambiental estratégica y las evaluaciones de impactos acumulativos y climáticos, estos proyectos deben suspenderse y detenerse de forma inmediata", concluyó el comunicado la fundación.