Uno de los mayores reservorios de gas natural de América del Sur da señales de que languidece y las expectativas que se crearon en 2006, para convertir a Bolivia en el centro energético regional, hoy se traducen en incertidumbre.
Cuando la bonanza del hidrocarburo ya mostraba alguna fatiga, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) anunció en plena campaña electoral, en marzo de 2019, el hallazgo de “un mar de gas” en el departamento de Tarija, en el sur del país.
Pero a aquella seguridad en un futuro gasífero expansivo, siguió una tendencia a la baja del sector que actualmente afecta a la producción y la comercialización y que ha roto la esperanza de que el gas se mantuviese por largo tiempo como el motor del desarrollo interno, según coinciden especialistas del sector.
“Estrangularon a la gallina de los huevos de oro”, resume el analista y doctor en economía Gonzalo Chávez que observa una caída de la renta gasífera de US$ 3.200 millones, entre 2014 y 2021. La causa de este descenso es atribuida a la falta de exploración de nuevas reservas.
En 2014, la renta petrolera fue de US$ 5.489 millones y en 2021 descendió a US$ 2.289 millones, señalan los cálculos de Chávez. La caída es considerable, más si se toma en cuenta que en 2021, la inversión pública ejecutada alcanzó a US$ 2.646 millones. La economía creció en ese año en 6,5%, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) “ha demostrado que no tiene ahora la capacidad técnica ni financiera para explorar ni desarrollar nuevos campos”, comentó a IPS el analista en temas económicos Roberto Laserna.
El portal de la empresa petrolera señala que la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos para el periodo 2021-2025 alcanza a US$ 1.410 millones, y cita a su presidente, Armin Dorgathen, que anuncia como objetivo “cambiar esta situación de la importación de combustibles”.
El lunes 12, YPFB anunció que la etapa de pruebas en el pozo petrolero Chaco Este X9D, ubicado en la provincia de Gran Chaco, en Tarija, “registró caudales de hidrocarburos en dos reservorios”, dentro del esfuerzo que la empresa realiza para mostrar que se está saliendo del bache productivo.
Dorgathen anunció que esos hallazgos aportarán una producción promedio de 8,76 millones de pies cúbicos por día de gas natural y 281 barriles (de 149 litros) por día de petróleo crudo.
Bolivia sigue este siglo dependiente de los hidrocarburos, tanto para su consumo energético, que es en 81% de fuentes fósiles, como para sus ingresos fiscales, que aportan 35% desde que se implantó la Ley de Hidrocarburos, en 2005.
Este país andino sin salida al mar, de 12,2 millones de habitantes, con su economía tradicionalmente basada en actividades extractivas, en especial la minería de estaño, plomo, zinc, cobre, oro y plata; y donde los hidrocarburos también han estado presentes, pero sin valor neurálgico, hasta el descubrimiento de los grandes depósitos de gas al comenzar el siglo XXI.
Una de las primeras medidas de Morales al asumir en 2006 fue la nueva nacionalización total de la industria, dejando en manos de YPFB toda la cadena productiva y comercializadora y gracias al boom gasífero se obtuvo una renta petrolera de US$ 38.000 millones en el periodo 2006-2018, cuando comenzó su persistentes declive.
ACCIONES APRESURADAS
Para intentar salir de la crisis, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, anunció el 28 de abril ante el parlamento 18 nuevos proyectos de exploración y explotación, de los que 11 se ejecutarían este año, con una inversión de US$ 324 millones, un plan considerado irrealista por especialistas en el sector.
Esos 11 proyectos, donde pareciera darse preeminencia al petróleo sobre el gas, se ubican en cuatro de los nueve departamentos bolivianos: el occidental La Paz, el suroriental Tarija, el oriental Santa Cruz y el central Chuquisaca.
“El hecho de que no tenemos gas y somos importadores netos de combustibles es culpa de las fallidas políticas estatales” en el sector, afirma en sus redes sociales el analista financiero Jaime Dunn.
El cálculo del experto asegura que el déficit fiscal del año 2022 alcanzó los US$ 1.700 millones, en buena parte por la subvención a los combustibles, debido a que se paga el barril de petróleo (de 159 litros) a US$ 90 promedio y se vende en el mercado interno a US$ 27.
Lejano ha quedado el mar de ilusiones gasíferas que en abril del año 2002, llevó al presidente Jorge Quiroga (2001-2002) y su ministro Carlos Kempff a anunciar que tras un estudio de 76 campos petroleros, a cargo de una compañía estadounidense, se estimaba que las reservas probadas y probables de gas alcanzaban a 52 trillones de pies cúbicos (TCF).
La certificación de reservas probadas de gas natural presentada en el año 2018, se estableció, en cambio, a 10,7 TCF.
La búsqueda de nuevas reservas tropieza con un marco legal que protege al ambiente y a los pueblos indígenas donde se hallan localizados parte de las probables fuentes de hidrocarburos. “La Constitución contiene muchas trabas y restricciones para atraer a empresas extranjeras con la capacidad de explorar”, anota Laserna.
La Constitución Política del Estado, en vigor desde febrero de 2009, obliga a las empresas interesadas en la exploración y explotación a obtener la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, bajo advertencia de declarar su nulidad en caso de no cumplir este requisito.
Las empresas extranjeras, según la Constitución, están “sometidas a la soberanía del Estado” y descarta el arbitraje y reclamos diplomáticos como vía de solución a conflictos.
AMBIENTE Y DESARROLLO
En materia de producción de energía, la ley fundamental desautoriza que empresas transnacionales manejen concesiones en forma exclusiva.
Además, en su capítulo de medioambiente, lo pone por encima del interés en intervenir áreas del territorio y brinda a la población el derecho de participación en la gestión ambiental, “a ser consultada e informada previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente”.
Esas atribuciones otorgadas a la población y pueblos indígenas representan la bandera de defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, en el municipio de Padcaya, en el departamento de Tarija, con una extensión de 246 870 hectáreas, parte de ellas ya cerca de la frontera con Argentina.
Desde 2017, Lurdes Zutara es una lideresa local que cuestiona el ingreso de empresas petroleras a la zona, y advierte que tras las primeras obras de aperturas de caminos para el paso de equipos de exploración, el agua que brotaba en la fuente que da origen a ríos y arroyos ha disminuido en caudal.
En diálogo con IPS desde su localidad en Tariquía, la activista siente que algunas familias de comunidades aceptan el ingreso de maquinaria pesada, y advierte que autoridades municipales que pertenecen al partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), facilitan las operaciones preparatorias de exploración petrolera.
“El riesgo inmediato es la sequía porque el camino carretero afecta a las tomas de agua”. Después no será lo mismo, la relación entre los habitantes cambiará porque empiezan las desigualdades entre los que obtengan desarrollo con apoyo de la empresa y otros que quedarán al margen, comentó.
Bolivia, un país plurinacional, enclavado en el centro de América del Sur, con 12,2 millones de habitantes, de los que 41% se considera indígena, según el último censo.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con base en datos del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE), describe en su último informe sobre desarrollo humano la persistencia de desigualdades significativas por área geográfica, condición étnica, género y estrato socioeconómico.
En 2018, en el área rural, 54% de habitantes estaba en situación de pobreza moderada y 33,4% en pobreza extrema, mientras en el área urbana, 26% vivían en pobreza moderada y 7,2% en pobreza extrema.
Con ese contexto, el economista Chávez lamenta que Bolivia pasó de ser una reserva gasífera en la región sudamericana, “y ahora es un importador” de carburantes, con su impacto en el desarrollo social. Laserna coincide y concluye que “el panorama para el país es muy desalentador” respecto al gas y el impulso socioeconómico que se ataba al hidrocarburo.
