SANDRA BURGOS

Chile se ha vuelto tema en Bruselas, donde se encuentra la sede de Comisión Europea. Son tres las razones que motivan el interés: la primera es el hidrógeno verde, que para los europeos es esencial para la transición energética, la segunda es el litio, y la tercera, las dificultades financieras que están enfrentando las empresas de energías renovables en el país.

El tema ya no sólo preocupa, sino que está generando movimientos importantes. Tanto es así que dentro de la agenda de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, la situación de las renovables ocupa un lugar especial dentro de las materias que pretende tratar con el Presidente de la República, Gabriel Boric, en su visita a Chile, programada para este 14 y 15 de junio.

En esa reunión, la presidenta de la Comisión Europea espera plantear su preocupación por lo que está sucediendo con las empresas europeas de energía renovable en Chile, las que han invertido cerca de 5.000 millones de euros.

Pero esta preocupación no viene de ahora. A comienzos de este año, Acciona, EDF Renewables, GPG Naturgy, Ibereólica, Opdenergy, Mainstream y WPD (todas de capitales europeos), comenzaron a plantear al ministro de Energía, Diego Pardow, los problemas financieros que estaban enfrentando y que ya han significado que tres proyectos hayan caído en insolvencia o salido del sistema.

La respuesta del ministro de Energía ha sido que, desde el punto de vista estrictamente regulatorio, las empresas no quiebran, ya que el activo se tiene que enajenar como unidad económica y a alguien le va a interesar. Interés hay, de hecho: ya algunas incumbentes han ido a hacer ofertas a varias renovables.

En Energía el tema les preocupa, pero han indicado que no por las empresas que están, sino por las que vienen, y por tener un clima de negocios que mantenga las inversiones.

APOYO DE LAS EMBAJADAS
Ante la respuesta poco satisfactoria de parte de la autoridad, las firmas de capitales europeos decidieron acudir a sus respectivas embajadas para que el tema tomará ya un carácter de Estado. Levantaron el problema y solicitaron el apoyo de los embajadores de España, Austria, Alemania e Irlanda- quienes, a su vez, levantaron el tema a Cancillería- y a los embajadores chilenos en sus respectivos países.

La embajada más activa ha sido la alemana. En la plataforma de lobby del Ministerio de Energía figura que el 7 de marzo acudieron hasta las oficinas del organismo el gerente regional de la alemana WPD, Lutz Kindermann, junto a dos ejecutivos de la matriz, Ralf Ketteler, y Sebastian Philipp, a cargo de los project finance internacionales del grupo. No fueron solos. La embajadora Imgard María Fellner los acompañó. El motivo de la visita fue informar acerca de los proyectos eólicos en operación (PE Malleco, Duqueco y Negrete) y el futuro del financiamiento para nuevas inversiones.

Mientras tanto, las empresas renovables seguían con sus intentos de buscar una solución de corto plazo al problema. El 16 de marzo, WPD, Andes Solar, Mainstream, EDF Renewables, GPG Naturgy y Opdernergy fueron al ministerio con una propuesta de modificación regulatoria para la industria renovable.

En febrero, estas mismas habían enviado una carta a Pardow planteando sus preocupaciones por la gran cantidad de horas en las que el costo marginal de la energía al que se valorizan las inyecciones de energía de las plantas de generación del Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”) es cero.

En la misiva solicitaron que se realizara una modificación normativa, ante lo cual Pardow les respondió que no podía hacer lo que solicitaban, porque era un cambio de ley que modificaba el concepto de teoría marginalista. 

Ante ello, las renovables pidieron una opinión legal al excontralor Ramiro Mendoza, quien en su informe indicó que “en un mercado eléctrico en el que, desde su origen, se ha regulado su remuneración considerando la oferta instantánea de energía de acuerdo a las demandas de consumo bajo un régimen marginalista, la actuación legal y oportuna de la institucionalidad eléctrica cobra relevancia: en lo que respecta al CEN (Coordinador Eléctrico Nacional) -en lo que se refiere a su deber de resguardar la debida coordinación, propendiendo al cumplimiento del objetivo marginalista del sistema-; en lo que respecta a la Comisión Nacional de Energía, en cuanto a su deber de actuar cuando existan distorsiones que solo pueden salvarse a través de intervenciones regulatorias ya sea de carácter reglamentario, o simplemente técnicas”.

Como las empresas seguían sin conseguir una solución de corto plazo, decidieron llevar el tema al más alto nivel diplomático: la Embajada de la Unión Europea, la cual es liderada por el embajador León de la Torre Krais.

Desde hace unos meses, el diplomático ha estado recopilando información y siendo el nexo con Bruselas, para que la Comisión Europea tenga todos los antecedentes del caso. Asimismo, indican fuentes del sector, ha estado en constante comunicación con el ministro de Energía chileno para llegar a una fórmula que permita frenar la “sangría” que están viviendo las empresas, las cuales han perdido montos importantes. Sólo en 2022 Mainstream en Chile reconoció 370 millones de euros (US$ 408 millones) de pérdidas por deterioro de activos en Chile, según el balance de su matriz Aker.

LA COMISARIA SIMSON
Y el tema llegó a Bruselas. A fines de marzo de este año, el ministro Pardow realizó una gira de una semana por Alemania, Países Bajos y Bélgica con el propósito de posicionar a Chile como uno de los principales países productores de hidrógeno verde a nivel mundial.

La idea era captar la atención de inversionistas y recursos para Chile, ya que en abril estaba previsto que Ursula von der Leyen hiciera una gira por Brasil, Argentina y Chile, la que finalmente se postergó para junio.

El 30 de marzo, estando en Alemania, participó en un desayuno con empresas del sector energético, organizado por Invest Chile en la sede de la embajada chilena en Berlín. Estando allí, se encontró con empresas, algunas ya con presencia en proyectos renovables en Chile, que aprovecharon la oportunidad para preguntarle qué estaba pasando con las empresas que estaban quebrando.

Ese fue el preámbulo de lo que sucedería posteriormente en Bruselas, en su reunión con la comisionada de energía Kadri Simson. En la cita, las autoridades dialogaron sobre la transición energética tanto en Chile como en la UE, para promover la inversión, especialmente en el ámbito de las energías renovables.

La comisaria, que estaba informada a través de los embajadores, le planteó la preocupación que había en Europa respecto de la situación den las firmas de energías renovables, especialmente porque no se ha cumplido con el compromiso de ampliar el sistema de transmisión para que así puedan inyectar su producción sin enfrentar los problemas de atasco y que hoy están provocando vertimientos.

Asimismo, Simson planteó la necesidad de encontrar soluciones a corto plazo, para salvaguardar las inversiones por más de 5 mil millones de euros en energías renovables. Fuentes que conocieron el encuentro señalan que Pardow replicó que había una agenda para enfrentar este problema y que, además, había empresas como Enel y Engie que también están en Chile y que no tienen dificultades. Ante ello, Simson le habría indicado que se trata de apoyar a las empresas de energías renovables.

EL FACTOR H2 VERDE
Tras esos encuentros, y con la intención de solucionar el problema de mediano y largo plazo, el Ministerio de Energía recalcó el compromiso con la puesta en marcha de la línea de transmisión eléctrica de corriente continua Kimal - Lo Aguirre en la Región de Valparaíso, en 2028, así como del proyecto de ley para licitar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala, que comenzarán su operación a fines de 2026. Este proyecto será el más grande de América Latina, tendrá una inversión de US$ 2 mil millones y estará en el Desierto de Atacama.

Para las empresas, estos anuncios son necesarios, pero no arreglan los problemas de las renovables a corto plazo. Por eso, ya están trabajando con importantes estudios de abogados, viendo fórmulas de refinanciamiento o bien ya directamente piensan dejar de operar algunos proyectos.

Estas son principalmente las empresas que tiene la modalidad de project finance, cuya inversión inicial es especialmente costosa y su periodo de rentabilización muy largo; y aquellas que tienen firmados Power Purchase Agreement (PPA), son acuerdos o contratos de compraventa de energía a largo plazo.

Como hasta ahora, los anuncios que se han realizado desde Energía son de mediano y largo plazo, en Europa quieren aprovechar el encuentro que tendrá la presidenta Ursula von der Leyen con el Presidente Boric para insistir en una solución de corto plazo. Para eso la UE tiene una carta importante: el hidrógeno verde.

En el marco de la visita a Chile se firmará la entrega de un fondo de parte de la Unión Europea de 250 millones de euros para apoyar la estrategia de hidrógeno verde de Chile, lo que esperan atraiga miles de millones de euros en inversiones. La cifra es la mitad de todo lo que tiene Europa para Sudamérica en esta materia.

Por esta razón, en Bruselas están considerando incluir en el acuerdo una salvaguarda que indique que los fondos no se dispondrán si no se resuelve la situación de las empresas de energía renovable, lo cual es una presión importante. Además, señalan que las renovables son claves para la transición energética y para el desarrollo del hidrógeno verde, por lo cual sería contraproducente que siguieran quebrando estas empresas.

La carta de Chile para enfrentar la presión europea será la “Agenda inicial para un segundo tiempo de la transición energética”, que incluye la licitación de baterías para almacenamiento eléctrico y la eliminación del sistema de compensación tipo B para el impuesto verde a las emisiones de gases contaminantes, lo que se hizo inmediatamente a través de un acto administrativo de la Comisión Nacional de Energía.

A esto se suma la modernización de las licitaciones de suministro de clientes regulados, cuyas bases preliminares del proceso correspondiente a 2023 fueron emitidas en mayo; y la revisión y ajuste de los mínimos técnicos de centrales térmicas.

El último punto que se está incluyendo, y que sí busca llegar con una solución a corto plazo, es la redefinición y reasignación de ingresos tarifarios por retrasos de líneas de transmisión y por acumulación de renta extraordinaria.

Esta medida permitirá repartir Ingresos Tarifarios Extraordinarios del sistema de transmisión nacional, acumulados por lo que se denomina como rentas de congestión, producidas por la diferencia entre los costos de retiro de energía y el pago de las inyecciones de energía en distintas subestaciones o barras de la red.

Estas materias están siendo trabajadas a nivel de gobierno, entre el Ministerio de Energía y Hacienda. Ambas carteras están definiendo los últimos detalles para llegar al encuentro con Ursula von der Leyen con una propuesta robusta.

EL PLAN DE PARDOW Y MARCEL
Para el mediano plazo, es decir el periodo 2026-2030, la medida a la que apuesta el gobierno es la “licitación de sistema de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala”, anunciado en su cuenta pública por el presidente Boric.

El documento del gobierno señala que Chile es uno de los principales productores de energías renovables del mundo y hoy el desafío es poder almacenar toda esa energía solar y eólica.

“Este es un paso fundamental para lograr la carbono neutralidad antes de 2050. Es por esto, que el proyecto de ley de Transición Energética permitirá licitar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala que comenzarán su operación a fines de 2026. Este proyecto será el más grande de América Latina, con una inversión de dos mil millones de dólares”.

En cuanto a las medidas de largo plazo, que comprenden el periodo 2030–2035 en adelante, la apuesta está en la construcción de la línea Kimal–Lo Aguirre, que tiene el objetivo de descongestionar la zona norte del país y llevar energía limpia hasta la zona central, aprovechando así de mejor forma el recurso renovable existente. A ésta se suman obras estratégicas para alcanzar la carbono neutralidad y promover la reconversión productiva local.

“Considerando las medidas ya señaladas de corto y mediano plazo, el horizonte de largo plazo permite un despliegue de la infraestructura de transmisión estratégica con reglas adecuadas para enfrentar los desafíos de esta transición”, indica la minuta.

Con estas medidas, el gobierno busca llegar con una propuesta robusta a la reunión con la presidenta de la Comisión Europea, dado que en el marco de su gira -que además de Chile incluye México, Brasil y Argentina-, se firmará la entrega de un fondo de parte de la Unión Europea de 250 millones de euros para apoyar la estrategia de hidrógeno verde de Chile, ayudas que son la mitad de todo lo que tiene Europa para Sudamérica en esta materia.

Ante ello, en Bruselas están considerando incluir en el acuerdo una salvaguarda que indique que los fondos no se dispondrán si no se resuelve la situación de las empresas de energía renovable.

Para las empresas, estos anuncios son necesarios, pero consideran gravitante que se tramiten los ingresos tarifarios como un proyecto de ley independiente y autónomo con urgencia. Dada la complejidad del proyecto y su impacto económico en las cuentas de energía de los clientes finales, hay preocupaciones de que el gobierno esté consciente de que su tramitación será difícil y que eventualmente tenga una baja viabilidad política.

Por esta razón, algunos temen que esta reforma pueda estar siendo presentada únicamente para cumplir con compromisos internacionales y apaciguar a los representantes de la Unión Europea.