A través del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), el presidente Gabriel Boric designó al abogado Joaquín Morales Godoy, como nuevo vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Morales es abogado de la Universidad de Chile, master en Derecho Internacional de la American University de Estados Unidos y master en Política Económica de la London School of Economics and Political Science de Inglaterra.

Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como fiscal y vicepresidente subrogante de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, ministro suplente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego.

En enero del 2020 fue seleccionado por el sistema de Alta Dirección Pública como fiscal de Cochilco, siendo nombrado vicepresidente ejecutivo subrogante de la Comisión en marzo del año pasado. Es profesor de la Universidad de Chile y cuenta con diversas publicaciones en temáticas de su especialidad.

En sus primeros lineamientos en el cargo, Morales precisa que potenciarán el rol fiscalizador en Codelco y Enami y, eventualmente, en la futura Empresa Nacional del Litio. “Queremos incorporar nuevas técnicas de fiscalización”, asegura.

En lo inmediato, Cochilco está llevando adelante una investigación en Codelco por atrasos de los proyectos estructurales y caída de la producción “Este es un proceso normal y está dentro de nuestras atribuciones”, acota Joaquín Morales.

ROL FISCALIZADOR

- ¿Cuáles son los desafíos y tareas que se ha planteado usted en la vicepresidencia ejecutiva de Cochilco?

- Nuestra gestión estará radicada, en primer lugar, en fortalecer nuestro rol fiscalizador respecto de Codelco y de Enami, incorporando nuevas modalidades de fiscalización en esas empresas, las que se podrán aplicar, eventualmente, en la futura Empresa Nacional del Litio. Para potenciar este rol trabajamos también en colaboración con el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público.

Por otra parte, nos interesa mucho mostrar y comunicar a la comunidad lo que es Cochilco y potenciar el diálogo con distintos actores. Queremos conversar con las estructuras gremiales, obviamente SONAMI, Consejo Minero, con las universidades y potenciar a través de ese mundo nuestro Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc).

También queremos fortalecer nuestra Línea de Denuncias como un canal que permita a la ciudadanía poner en conocimiento nuestro situaciones que ellos estimen puedan ser irregulares respecto de las empresas mineras del Estado, y nosotros tendremos que ponderar y evaluar si hay mérito para dar origen a una fiscalización.

- Hace mucho tiempo que se está hablando de la modernización en distintas administraciones tanto de gobierno como de la VP, se ha hablado de un plan de modernización de Cochilco, ¿eso está en tus planes de tu gestión y en qué consistiría?

- De todas maneras, el tema de la modernización de Cochilco está. Esperamos prontamente iniciar un proceso de preparación que derive en una propuesta de modernización que presentaremos a la Ministra de Minería como presidenta del Consejo de Cochilco. Hay que recordar que la creación de Cochilco data del año 1976 y la normativa ha sido modificada muchas veces.

Necesitamos urgentemente más herramientas para poder, por ejemplo, levantar información de las empresas que nos permita abordar con mayor profundidad los diversos ámbitos en los que se desarrolla el sector. Cochilco, históricamente, ha mantenido una alta credibilidad, pero nos faltan herramientas para poder acopiar y solicitar información. 

- A propósito, ha habido particularmente mucho debate respecto del royalty, pero siempre desde el inicio de esta discusión se ha planteado un cuestionamiento a la fiscalización de las exportaciones de las empresas mineras, ¿en ese aspecto qué papel está cumpliendo Cochilco, para dar respuesta a esas inquietudes?

- Llevamos adelante una fiscalización muy enérgica sobre el cumplimiento de las normas de las exportaciones mineras. Decidimos capacitar a los exportadores respecto de la obligación legal que tienen de informar los términos esenciales de los contratos de exportación. Luego pasamos a una segunda etapa y que ha sido aplicar procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de las normas que se ha traducido en una multa en dinero a beneficio fiscal. Algunos de los sancionados han llegado a los tribunales cuestionando la sanción que hemos aplicado, y en todos los casos Cochilco ha ganado los recursos. Entonces, la señal es que hay que cumplir las normas.

Además de todas estas actividades, hay que destacar algo bien relevante que surgió de una iniciativa del Ministerio de Minería en coordinación con el Ministerio de Hacienda, (cuyos ministros integran el Consejo de Cochilco) que es la creación de la Mesa de Trazabilidad Minera. Esta iniciativa buscar poner en conocimiento de la ciudadanía cómo se realiza la fiscalización de los minerales que van dentro de los concentrados que exportan las mineras, y despejar dudas que estos saldrían de Chile sin generar de beneficio para el país.

Hemos trabajado durante largo tiempo en esta Mesa con el propósito de tener un correcto diagnóstico de la situación, porque necesitamos determinar qué roles juega cada servicio que está involucrado en el proceso, me refiero a Cochilco, Sernageomin, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos. Hemos logrado, por ejemplo, potenciar el trabajo de Sernageomin y Aduanas que tienen muy buenos laboratorios y que permiten determinar la presencia de otros minerales dentro de los concentrados.

Cerrado ya el ciclo del diagnóstico estamos evaluando la elaboración de un reglamento de tolerancia, es decir una normativa que defina los porcentajes pertinentes que determinen qué se paga y qué no. Ha sido un trabajo bastante profundo. Estamos tratando de aclarar la percepción de que se van minerales en el concentrado que las empresas no declaran. Lo que estamos determinando en definitiva con el reglamento de tolerancia, que probablemente implicará facultades adicionales para los servicios involucrados, es establecer un criterio que diga esto se grava o no.

Ese trabajo va a ser muy importante para la comunidad minera y cuando esté terminado, desde el punto de vista de anteproyecto, lo vamos a circular en un proceso de consulta ciudadana, conversar con los actores pertinentes y, a partir de eso, construir la norma. Creo que vamos a arribar a una respuesta final justificada técnica y comprensible para toda la comunidad.

MITO O REALIDAD

- ¿Ahora, eso es un mito o una realidad?

- Hay parte de verdad y también de no verdad. Efectivamente hay minerales que van dentro de los concentrados. El problema es que en Chile no existe la capacidad técnica para poder separarlos, entonces no se pueden ni cuantificar ni valorar. Al final, afuera se convierte en un castigo más que en un premio.

En Chile no tenemos la capacidad de fundición y refinería para poder separar esos minerales y ese ha sido el gran desafío. No obstante, ahora tenemos un nuevo laboratorio de Aduanas que permite un análisis más acabado de lo que va dentro de los concentrados, junto al apoyo del laboratorio de Sernageomin.

- Según lo publicado por la prensa, Cochilco inició un proceso de investigación por sobrecostos y retrasos en los proyectos estructurales de Codelco. ¿Es un proceso normal o excepcional?

- Dentro de lo que es nuestra función fiscalizadora, éste es un procedimiento normal. En cuanto nosotros tomamos conocimiento de cualquier situación que nos parece podría afectar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos que se invierten en estas empresas, nosotros tenemos el deber de llevar adelante una fiscalización.

Para llevar a cabo esa fiscalización primero nosotros solicitamos una serie de antecedentes y en mérito de esos antecedentes evaluamos y pasamos a la segunda decisión que es si llevamos adelante o no la fiscalización.

Estamos en el proceso de solicitud de la información para evaluar los antecedentes que dicen relación con las declaraciones de atraso en los proyectos estructurales y en la producción. Es normal que actuemos así y es nuestro deber. En el caso de Codelco, lo que estamos haciendo en esta etapa es acopiar la información para poder evaluar una fiscalización definitiva.

Ahora, cuando nosotros evaluamos inversiones también tenemos un periodo de seguimiento de cómo se va materializando y muchas veces puede ocurrir, de que cuando hay ciertos desfases, que se solicita reformular esas autorizaciones que da Cochilco en la etapa inversional. En algunas oportunidades decidimos fiscalizaciones para que nos expliquen las causas de por qué fue necesario reformular esta autorización de inversión.

- ¿Se piensa hacer lo mismo con la Empresa Nacional de Minería?

- Cada vez que hay un evento que convoca el interés de nosotros, desde la perspectiva del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, obviamente iniciamos una fiscalización solicitando los antecedentes. Hace poco pedimos información cuando hubo un problema con la fundición Hernán Videla Lira.

- ¿El sector ha planteado el estancamiento de la producción de cobre? ¿Cuál es la realidad que ustedes advierten y qué explicaría ese estancamiento?

- Nosotros reconocemos que hay problemas de crecimiento de la producción de cobre. Hay que recordar que desde el 2012 a 2022 estuvimos en torno a las 5,6 millones de toneladas anuales. Entonces, ha habido un estancamiento y el año 2022 caímos a 5,3 millones de toneladas.

Ahora, qué es lo que explica esto. La realidad es que hay una caída sistemática de leyes de mineral, hay que pensar que el boom de los 90 dejó una capacidad instalada en Chile que es gigantesca, también ha habido una situación de sequía que complica la operación minera y también ha habido algunas dificultades para la materialización de algunos proyectos de inversión.

Ahora, nosotros estamos viendo una situación un poco mejor. Estamos mirando que esto va a mejorar y para el periodo 2023-2033 estamos esperando un aumento de un 17% en relación al periodo anterior