El reciente y sorprendente recorte de producción de la OPEP+ de casi 1,2 millones de barriles diarios cogió al mundo por sorpresa y provocó una espiral alcista del precio del petróleo, con el Brent disparándose un 7% en las dos últimas semanas hasta los US$ 85 por barril.

El cártel llevó a cabo este sustancial recorte de la producción a pesar del considerable descontento expresado por el presidente Joe Biden, y de la posibilidad de que desencadene una recesión mundial en un momento en que la inflación es galopante. La decisión confirma la vuelta de Arabia Saudita a ser una potencia geopolítica mundial y la incapacidad de la administración Biden para influir en un aliado clave de Medio Oriente.

Esto obligó a la Casa Blanca a considerar otros medios para impulsar el suministro interno de petróleo, a medida que se avecina la temporada veraniega de conducción y crece la presión para rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo. Es en Venezuela, segundo exportador mundial de petróleo en 1998, donde Washington considera existe una posible solución.

Las estrictas sanciones estadounidenses, junto con décadas de mala gestión, han paralizado la columna vertebral de la economía venezolana, la otrora monumental industria petrolera del país.

De un pico de bombeo de más de tres millones de barriles diarios en 1998, la producción venezolana se ha desplomado hasta situarse en sólo 716.000 barriles diarios durante 2022. Las paralizantes sanciones estadounidenses, en particular las impuestas por el presidente Donald Trump en enero de 2019, junto con otros elementos internos del país, son responsables de la rápida implosión de la industria petrolera venezolana.

Desde que asumió el cargo en enero de 2021, el presidente Biden ha relajado progresivamente las sanciones contra Venezuela como parte de una estrategia para aliviar la crisis en la que está sumido el país, que ha sido descrita como la peor que se ha producido fuera de una guerra.

El impulso para suavizar las sanciones se aceleró después de que Moscú invadiera Ucrania y que Washington, junto con sus aliados europeos, impusiera restricciones a las exportaciones de petróleo de Rusia, provocando una escalada de los precios de la energía.

La referencia internacional Brent se disparó por encima de los 130 dólares por barril, lo que, unido a la espiral de los precios del gas natural debido a que Rusia cortó el suministro crucial de gas a Europa Occidental, provocó un repunte de la inflación y precipitó una crisis energética. Esto aumentó la urgencia de Washington y sus aliados por encontrar fuentes alternativas de petróleo y gas natural.

En marzo de 2022, la Casa Blanca envió un emisario a Caracas para iniciar conversaciones con el gobierno de Venezuela, el primer contacto diplomático desde enero de 2019.

En junio de 2022, el gobierno de Biden autorizó a la italiana Eni y a la española Repsol a enviar crudo venezolano a Europa a cambio de reducir la deuda contraída por PDVSA, aunque finalmente Venezuela bloqueó esos envíos. En una medida un tanto sorprendente, Biden suavizó aún más las sanciones en noviembre de 2022, después de que el presidente Maduro accediera a reanudar las negociaciones con la oposición venezolana.

El Tesoro de EE.UU. autorizó a Chevron a reanudar la extracción de petróleo en Venezuela con la condición de que PDVSA no se beneficie del petróleo extraído y todo el petróleo producido se exporte únicamente a EE.UU.

Aunque se trata de un acontecimiento político importante, ha hecho poco o nada por aliviar materialmente las limitaciones que afectan al suministro de petróleo estadounidense.

Los cuatro proyectos conjuntos en los que Chevron participa con PDVSA están bombeando unos 90.000 barriles diarios. Los documentos de embarque muestran que Chevron estaba enviando el equivalente a unos 100.000 barriles diarios de crudo venezolano a EE.UU. durante febrero de 2023.

Esos volúmenes son significativamente inferiores a los 209.000 barriles diarios de crudo y 500.000 barriles diarios de productos derivados del petróleo importados de Rusia por EE.UU. durante 2021, antes de las restricciones de la Casa Blanca.

Esas cifras palidecen en comparación con los 12 millones de barriles diarios bombeados por la industria petrolera estadounidense durante 2022 y los 20 millones de barriles diarios consumidos el año pasado.

Si se tiene en cuenta que el crecimiento de la producción venezolana se ha estancado y que sólo bombeó 700.000 barriles diarios en febrero de 2023, es difícil ver cómo el levantamiento de las sanciones impulsará materialmente el suministro mundial de petróleo.

Esto se acentúa aún más por el hecho de que se necesitará una enorme cantidad de capital, estimada entre 110.000 y 250.000 millones de dólares, invertida a lo largo de una década para impulsar materialmente la producción.

La infraestructura de la industria petrolera venezolana está tan corroída por décadas de falta de inversión en mantenimiento crítico, malversación y falta de piezas cruciales, así como de mano de obra calificada, que se tardará una década o más en restablecer la producción por encima de los dos millones de barriles diarios.

Sólo las empresas energéticas occidentales, como Chevron, disponen de los fondos suficientes, la mano de obra y los conocimientos técnicos necesarios para reconstruir la industria petrolera venezolana.

Las empresas energéticas internacionales no comenzarán a realizar las inversiones necesarias hasta que puedan operar en Venezuela de forma rentable sin impedimentos ni de las estrictas sanciones estadounidenses ni del propio gobierno de Venezuela.

Por estas razones, no tiene mucho sentido que la Casa Blanca de Biden suavice las sanciones únicamente en respuesta a las limitaciones del suministro mundial de petróleo. Más aún, si se tiene en cuenta que Venezuela es miembro de la OPEP y, aunque sea capaz de aumentar significativamente su producción, el país estará sujeto a las cuotas de producción y las restricciones impuestas por la OPEP+.

LA SITUACIÓN DESDE EL LADO DE VENEZUELA
La situación humanitaria en Venezuela es complicada. Las malas política y la deficiente gestión económica en Venezuela, aunado a las duras sanciones de Estados Unidos provocaron el colapso de la economía venezolana, especialmente tras el desmoronamiento de la industria petrolera.

Esto desencadenó una inmensa implosión económica, descrita como la peor ocurrida en tiempos modernos fuera de la guerra, que ha dejado al menos al 77% de los venezolanos viviendo en la pobreza extrema. La crisis es tan grave que se calcula que siete millones de venezolanos han huido de su país desde 2015.

Es por estas razones que Fernando Blasi, el último representante de la oposición venezolana en Estados Unidos, instó recientemente a Biden a relajar las duras sanciones estadounidenses contra el Estado venezolano.

Blasi llegó a afirmar que, si no se relajan las sanciones, Washington corre el riesgo de convertirse en el chivo expiatorio de las dificultades económicas y humanitarias de Venezuela, lo que no hará sino reforzar la posición del régimen dictatorial de Maduro.

Esto representa un marcado contraste con el anterior enfoque de línea dura adoptado por la oposición de Venezuela, donde muchos miembros estaban a favor del enfoque de máxima presión adoptado por la administración Trump.

Ese pivote se ha producido porque hay pruebas inequívocas de que la política de máxima presión ha fracasado.

A pesar de las estrictas sanciones estadounidenses que bloquean las ventas de crudo venezolano, principal producto de exportación, la economía del país en crisis volvió a crecer durante 2021, con un aumento del PIB del 0,5% y de otro 8% en 2022. Ese desarrollo un tanto sorprendente ha cimentado aún más el control de del presidente Maduro sobre el poder.

Por estas razones, AP citó a Blasi declarando: "Si seguimos por este camino, Venezuela está destinada a ser otra Cuba".

Aunque Venezuela, a pesar de poseer las mayores reservas del mundo de 304.000 millones de barriles, es incapaz de impulsar materialmente el suministro mundial de petróleo, existen razones geopolíticas y humanitarias apremiantes para que la Casa Blanca de Biden relaje sustancialmente las sanciones.

Por estas razones, la Casa Blanca debe actuar con urgencia si quiere evitar otra crisis política latinoamericana en ciernes.