ANTONIA LABORDE E IGNACIO FARIZA

La explosión renovable ofrece mil y una posibilidades ambientales —la ansiada descarbonización— y económicas —un ingente volumen de electricidad barata que cambiará por completo el paradigma de industrias y países enteros—.

Sin embargo, este nuevo escenario también obliga a mover ficha en varios frentes para permitir que esas potencialidades se conviertan en realidad y no encallen o ralenticen este proceso de cambio, que algunos ya empiezan a comparar en magnitud al de la Revolución Industrial.

Es el caso de España, donde la consultora Aurora Energy acaba de alertar de que el crecimiento previsto de la red eléctrica en los próximos años es mucho menor de lo que sería necesario para poder dar salida a toda la electricidad renovable de nuevo cuño que entrará en el sistema en los próximos años.

Y también el de Chile, líder americano en expansión de las energías verdes, al que el ex vicepresidente demócrata de EE.UU. Al Gore llegó a calificar hace no tanto de “inspiración para el mundo”, y donde hoy las eléctricas no incumbentes (las de menos tamaño) están poniendo el grito en el cielo para que las autoridades aceleren la inversión en redes de distribución. También para que acometan una reforma urgente del mercado para garantizarse una correcta retribución de la electricidad que ponen cada día en el mercado.

Chile, uno de los enclaves más ricos de América Latina, es también una auténtica potencia regional en instalación y generación de energía solar y eólica. El año pasado, ambas energías superaron por primera vez al carbón en la generación de electricidad en un período de 12 meses, según el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), y su meta es que el 70% de la energía consumida sea verde en 2030. Una cifra a la altura de muy pocos países en el mundo.

Esa enorme potencia de tiro en renovables le está permitiendo, también, posicionarse como un referente en la revolución que viene en el mundo energético: la del hidrógeno verde, en cuya generación son imprescindibles grandes volúmenes de energía renovable.

Para que esa suerte de milagro verde se convierta en realidad, sin embargo, aún tiene que superar un importante escollo: el desarrollo de la red. Es importante tanto para garantizar que los —muchos— proyectos en marcha puedan evacuar todo lo que producen, como para minimizar los vertidos (energía desperdiciada), un problema común a prácticamente todos los países en los que las renovables están viviendo un bum.

“Falta red: el sistema eléctrico fue diseñado hace 40 años y está pensado para aquella época, en la que la hidroeléctrica y el carbón eran dominantes, no para una penetración tan alta de las renovables como la actual. Ya hay más renovables que capacidad de evacuación”, apunta por teléfono el jefe de Acciona Energía en Chile, Miguel Arrarás.

A eso se suma, dice, la baja retribución que recibe la generación renovable de los actores independientes, en su mayoría extranjeros.

“Como en muchas horas hay más generación de la que se requiere y de la que podemos volcar a la red, nos la pagan a cero. Las plantas fósiles, en cambio, sí están recibiendo un precio más alto, incluso si están físicamente al lado de las plantas fotovoltaicas o eólicas. Es algo que está pasando sobre todo en el norte, donde hay más de 2.000 horas de precio cero cada año, pero también en el centro y en el sur”, agregó. 

A finales del año pasado, Chile lanzó el proyecto de línea de transmisión por US$ 2.000 millones que conectará la norteña ciudad de Antofagasta con Santiago. La primera línea de corriente continua del país sudamericano tendrá una longitud de unos 1.400 kilómetros de infraestructura para transportar hasta 3.000 megavatios (MW) de energía. Conexión Kimal–Lo Aguirre es la empresa encargada de desarrollar, construir y operar la iniciativa prevista para entrar en funcionamiento en 2029.

Mientras se construye, el Ministerio de Energía chileno, encabezado por Diego Pardow, explica que este año presentarán una instancia para “el desarrollo de obras urgentes y necesarias para el sistema de transmisión”, a través de un mecanismo especial y excepcional establecido por la Ley General de Servicios Eléctricos.

A nivel reglamentario, el foco está en otorgar “más certeza” estableciendo “con claridad los roles que juegan las distintas instituciones y las responsabilidades de remuneración, pagos y propiedad de estos instrumentos”.

Por último, dicen estar trabajando en una ley corta de consenso especial para la transmisión, a cargo especialmente de las obras de ampliación que hoy día tienen “un sistema ineficiente para ser adjudicadas y construidas”.

Las reclamaciones de Arrarás son, en síntesis, tres. Ampliar la red, un proceso que puede tomar años; gestionar la infraestructura existente “con criterios más modernos y flexibles, para que pueda transportar más energía”; y cambiar “urgentemente” el mecanismo de fijación de precios “para evitar la paradoja de que, en el mismo punto del país, las energías contaminantes estén recibiendo dinero y las renovables no”.

Si el escenario no cambia pronto, alerta, el riesgo de quiebras en el sector es “muy alto”: “Ya hemos visto algunos casos, y habrá más: son muchas las empresas no incumbentes que están en una situación financiera límite. Hay que buscar una solución de corto plazo para evitar una declaración de insolvencia en cascada”. El resultado de todo esto, alerta, “es que la transición energética de Chile y su credibilidad como destino de inversión en energía podrían estar en peligro, pese a su gran potencial”.

QUIEBRAS DE EMPRESAS ELÉCTRICAS
En los últimos meses, dos empresas de energía renovable —María Elena Solar, filial de la firma española Solarpack, e Ibereólica Cabo Leones II— se han declarado en quiebra y nueve empresas del sector enviaron una carta al Ministerio de Energía pidiendo modificar la normativa de tarificación de la energía renovable para “aminorar el riesgo de que nuevas generadoras caigan en insolvencia económica”.

La patronal Generadoras de Chile, con 16 asociados, cuenta con una cartera de inversión de US$ 23.000 millones en los próximos cinco años en energías renovables: solar, eólica, almacenamiento e hidrógeno verde. Claudio Seebach, presidente ejecutivo de la asociación gremial, explica que mientras se construye el proyecto Kimal-Lo Aguirre hay que invertir en almacenamiento.

“Te permiten capturar durante el día la energía solar o eólica y aprovechar el máximo potencial para distribuirla en horas donde no hay sol o viento. Se tardan en construir un año”, apunta.

Las empresas generadoras de la asociación están construyendo cerca de 450 megavatios en capacidad de almacenamiento eléctrico y tienen más de 1.600 en desarrollo.

Desde el Ministerio de Energía aseguran que el gobierno de Gabriel Boric tiene un plan que incorpora una rápida implementación de la Ley de Almacenamiento —que entró en vigor a finales del año pasado— y medidas que den certeza sobre los permisos asociados a este tipo de tecnología. Después de la aprobación de la normativa, el ministerio afirma que ha dado prioridad al Reglamento de Transferencia de Potencia, que establece una tabla clara para la remuneración del almacenamiento y que acaba de terminar su consulta pública.

Seebach también insta a que el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) opere la red de una manera más eficiente para sacar el mayor provecho posible. En 2019 se recortaron 200 gigavatios (GWh) sobre la producción total de la energía de Chile (80.000 GWh); y en 2022 los desperdicios alcanzaron los 1.470 GWh.

“Es relativamente pequeño, pero es energía renovable”, apunta el presidente de las generadoras, que advierte de la necesidad de acelerar la aprobación de los estudios de impacto ambiental y que las distintas regulaciones y reglamentos posean un principio de “coherencia”.