CARLOS PAGNI

Antes de recibir a Alberto Fernández en el Salón Oval, Joe Biden recibió un categórico mensaje de Ted Cruz. El senador republicano presentó un proyecto de ley en el Comité de Relaciones Exteriores de su Cámara para que se investigue a Cristina Kirchner, y a varios de sus colaboradores, por casos de corrupción y por “haber puesto a las instituciones argentinas al servicio del terrorismo global de Irán”. Cruz no es un legislador cualquiera. Está lanzado a disputar la candidatura a presidente por el Partido Republicano, con el apoyo de Donald Trump.

La iniciativa de Cruz se inscribe en un panorama mucho más amplio, cuyo signo principal es un creciente interés de los Estados Unidos por América Latina, impulsado por la competencia con China a escala global. Esa preocupación dominó, con distintas modulaciones, la reunión con Fernández. Es una cuestión muy relevante para la Argentina porque cobija una proyección indirecta sobre la principal pesadilla del Gobierno: la falta de dólares.

La señora de Kirchner reaccionó al trámite iniciado por Cruz tratando de convertirlo en un insumo de su retórica local. En un tuit emitido pocos minutos después de que se conociera el pedido el senador republicano, ella explicó que se trata de un refuerzo que llega “desde el Norte” al “Partido Judicial y a Comodoro Py” para promover su proscripción. Es decir: que la corrupción por la cual fue condenada sea motivo de preocupación en las instituciones de los Estados Unidos no serviría para corroborar la contundencia de esas acusaciones sino, al revés, para probar su arbitrariedad. Para ponerlo en otros términos: que en el Congreso norteamericano se pretenda investigar la malversación de recursos públicos de los gobiernos kirchneristas es una novedad que, en vez de inspirar vergüenza moral debe exacerbar el orgullo antiimperialista. En la geometría de la señora de Kirchner, no se la pretende penalizar por haberse apropiado de dinero de los argentinos, como dice el proyecto de Cruz, sino por haber liderado una gestión distributiva en favor del pueblo, que “los poderosos” pretenden estigmatizar. Esta curiosa línea ético-jurídica desemboca en un “métame presa, Magnetto” casi aspiracional.

La solicitud de Cruz podría agotarse en el plano simbólico. Los republicanos no tienen mayoría en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Pero sí la tienen en el de la Cámara de Representantes. Allí, la cubano americana de Florida Elvira Salazar, que preside el equipo especializado en América Latina, presentó un proyecto en espejo con el de Cruz. Las condenas deberían alcanzar, según estos legisladores, a la vicepresidenta; a su hijo, el diputado Máximo Kirchner; al senador Oscar Parrilli; al procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Foto: Silvana Colombo

En los últimos tiempos se ha vuelto habitual el impulso a estas investigaciones sobre líderes latinoamericanos. Dos de sus blancos más recientes fueron el vicepresidente del Paraguay, Hugo Velázquez, y el ex presidente de ese país, Horacio Cartes. A ambos les revocaron las visas, acusados de ejecutar un programa sistemático de corrupción.

La tradición ha sido que el Congreso establezca cuáles son los países con funcionarios que merecen un castigo, y que sea el presidente quien identifica a esos funcionarios. Pero esa práctica se modificó durante la administración de Trump, cuando los legisladores demócratas incluyeron a Vladimir Putin y miembros de su entorno en una lista negra, con el argumento de que el presidente no lo haría.

El relanzamiento de una política continental contra la corrupción está en relación directa con el interés norteamericano. Las empresas estadounidenses tienen una limitación severa para competir con las de China, que están eximidas de los estándares convencionales de transparencia. Combatir los procedimientos clandestinos es, entonces, preservar un espacio de negocios y, por lo tanto, de influencia. Por eso las iniciativas de Cruz y de Salazar hacen juego, sobre todo en el caso de la representante republicana, con la pretensión de impedir un alineamiento de los países de la región con Pekín. Este eje anti-chino es bipartidista, como se advirtió en la agenda elaborada por la Casa Blanca para la reunión con Fernández.

La representante Salazar, que registra una prehistoria como periodista televisiva especializada en América Latina, adquirió protagonismo a comienzos de este mes cuando, en una audiencia con el subsecretario de Estado para Asia del Este y el Pacífico, Daniel Kritenbrink, recordó que la Argentina está por permitir a China establecer una fábrica desde la cual exportar aviones de guerra. El embajador en Washington, Jorge Argüello, le respondió por carta, aclarando que se trata de un error y que la única potencia que degrada la soberanía nacional es el Reino Unido, usurpando las Malvinas.

Salazar tocaba de oído. Pero es verdad que existe un conflicto. No es por la fabricación, sino por la adquisición de aviones. Los chinos ejercen una presión formidable sobre el Ministerio de Defensa, que conduce Jorge Taiana, para que la Fuerza Aérea adquiera una flotilla de quince FJ-17 Thunder por 660 millones de dólares. Contra la práctica corriente, el proyecto de Presupuesto 2022 incluyó una partida específica para esta operación. Al conocerse el dato, Alberto Fernández debió retroceder. Muchos miraron a Gustavo Béliz por la picardía. Béliz fue uno de los contradictores internos del alineamiento con Pekín. Aun así, el año pasado los pilotos argentinos siguieron recibiendo entrenamiento en Asia para maniobrar esa máquina.

Para bloquear la operación, los Estados Unidos han propuesto al Gobierno la venta de quince F16. Como sobre la Argentina pesa un embargo británico para bienes militares, en Washington avisaron que estarían dispuestos a reemplazar los componentes de ese origen.

La disputa sirve para entender el nivel de tensión entre los Estados Unidos y China en esta parte del mundo, sobre todo en asuntos militares. Es más evidente todavía por un detalle obvio: Fernández no tiene dinero para comprar aviones a nadie. Para evitar esa penosa explicación, cuando el Financial Times le preguntó si elegiría entre Washington o Pekín, él contestó que, como en la región reina la paz, la Argentina no necesita aviones militares. Una nueva demostración de que para él la improvisación no tiene secretos, porque, si se sigue el razonamiento, habría que preguntarse por qué no liquida a la Aeronáutica y a las demás Fuerzas Armadas.

La relación con el régimen de Xi Jinping es un ordenador principal de la diplomacia de Washington. Afecta también a gobiernos tan afines a Biden como el de Lula da Silva, de quien los funcionarios del Departamento de Estado comienzan a quejarse por sus ínfulas de autonomía. Un ejemplo: Lula acaba de promover a su compañera y antecesora Dilma Rousseff para presidir un banco organizado por los Brics. Es decir, por una liga de cinco países a la que pertenecen China y Rusia. Xi se había preparado para recibir a Lula con gran pompa esta semana, pero debió resignarse a que todo se postergue por una neumonía del presidente brasileño.

No debe sorprender, entonces, que en el temario que elaboró la Casa Blanca para la reunión que este miércoles mantuvo Biden con Fernández la relación con China asome, enmascarada, en varios renglones. “Desafíos globales” se refiere, entre otros asuntos, a ese alineamiento. “Minerales críticos” quiere decir litio, un insumo estratégico por el que rivaliza la industria energética norteamericana con la china. Hoy los principales compradores de los yacimientos mineros del Noroeste son estadounidenses. “Tecnología” significa el establecimiento del sistema 5G para las comunicaciones, negocio liderado a escala global por Huawei Technologies, una compañía con sede central en la provincia de Guangdong.

Ayer el canciller Santiago Cafiero intentó eludir la encerrona diciendo que “la Argentina mantiene una neutralidad tecnológica”, el equivalente a no comprar aviones. Muy discutible, por no decir falso. La empresa estatal Arsat consume tecnología de Huawei. Y los subsidios del Enacom para extensión de redes se consiguen con mayor facilidad a través de empresas que tienen el mismo proveedor. El Enacom está en la órbita política de Massa.

Estos temas de conversación fueron la contrapartida del último ítem, introducido por la Argentina: cooperación económica. Dicho de otro modo, el pedido de auxilio de Fernández para que la Casa Blanca vuelva a ejercer como abogado ante el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. El objetivo es que se suavicen las metas del programa económico y que se aporten recursos adicionales que compensen la fenomenal caída de reservas. Todo en nombre de la catastrófica sequía.

Reunión del presidente Joe Biden con Alberto Fernández, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el miércoles 29 de marzo de 2023

Esta es la encrucijada en la que convergen la cruzada contra la corrupción, encarnada en Cristina Kirchner; las opacas relaciones con China, y el vía crucis económico que recorre Massa.

El ministro de Economía llegó a Washington para gestionar una flexibilización del Fondo, y desembolsos adicionales, sobre todo del BID. Fueron los pedidos de Fernández a Biden. Esta vez Kristalina Georgieva prefirió no recibir a Massa. Lo hizo la subdirectora, Gita Gopinath. No hubo un comunicado conjunto, sino un tuit de Gopinath informando sobre las tratativas. Dijo que se habló de la cuarta revisión del programa, que está a consideración del directorio. También del impacto de la sequía. Y de dos cuestiones enigmáticas. Sustentabilidad de la deuda doméstica, una semana después del canje por el que Massa se arriesga a endeudarse a tasas delirantes. Y “acciones para fortalecer las reservas”. ¿Devaluación? ¿El centro de la negociación es “te damos plata a cambio de que devalúes” o “no pidas dólares, devaluá”? Misterios que anoche trataba de descifrar el mercado.

A propósito de aviones, Massa aterrizó en su propio vuelo. Una versión fiable e insistente afirma que se trasladó desde el Aeroparque metropolitano hasta el aeropuerto de Dulles, en Washington, a bordo de un Gulfstream G500 matrícula N922DN, que pertenece a Francisco De Narváez, dueño de la cadena de supermercados ChangoMás. Esa posibilidad parece corroborarse porque los registros de vuelo indican que esa aeronave partió de Aeroparque el lunes a las 23.20 y aterrizó en Dulles a las 8.16 del martes. Hay otro dato que parece confirmar todo: la pasión desordenada de Massa por los jets de lujo. Ahora tendrá que sosegarla, porque el Gulfstream regresó: ayer aterrizó en el aeropuerto de San Fernando y partió casi de inmediato hacia Bariloche. El ministro deberá volver en el más modesto avión que traerá al Presidente a Buenos Aires.

Sergio Massa se reunió con Gita Gopinath, Subdirectora Gerente del FMI

El entorno geopolítico debería ser mucho más preocupante para Massa que el contratiempo de tener que acotar sus niveles de confort. Porque si Washington puede condicionar al Gobierno por su gravitación en el sistema multilateral, China tiene un resorte mucho más a mano para hacer sentir su poder. Es el canje de monedas que permite al Banco Central abultar sus reservas, en un momento en que la escasez de dólares es alarmante. En el centro de este paralelogramo de fuerzas están instalados desde ayer los proyectos de sanción contra Cristina Kirchner y su entorno más inmediato.

Esas iniciativas del senador Cruz y de la representante Salazar dispararon las peores fantasías persecutorias de la vicepresidenta. Ayer recordó que Cruz fue, en 2018, un gran receptor de fondos de campaña de las petroleras de su país. No se atrevió a afirmarlo del todo, pero esas empresas serían las que están detrás de los republicanos, en venganza por haber capturado para la soberanía energética el yacimiento Vaca Muerta. La señora de Kirchner trazó también una recta entre el senador por Texas y Fernando Sabag Montiel, el “copito” que quiso asesinarla el último 1 de septiembre. “Cinco días antes, el senador Cruz pidió sanciones en mi contra por las acusaciones del fiscal Luciani. Todo tiene que ver con todo”, razonó.

Es imposible levantar reproche alguno contra Alberto Fernández por la severidad con la que los republicanos trataron ayer a Cristina Kirchner. Aun cuando su confesión, “quiero terminar con 20 años de kirchnerismo”, haya sido entendida por algún talibán del Instituto Patria como un tributo a la Casa Blanca para asegurarse el ingreso al Salón Oval. Adonde, dicho sea de paso, su vicepresidenta nunca fue invitada. Fernández está tratando de anudar un vínculo con un presidente demócrata, víctima indirecta de las catilinarias de sus opositores internos, Cruz y Salazar, contra la señora de Kirchner.

En otro cuadrante está Massa. El ministro de Economía profesa una devoción casi fetichista por el poder de Washington. Ha cultivado allí relaciones bastante estrechas, que resultaron muy eficaces para cerrar el acuerdo con el Fondo. Entre esos amigos está Marco Rubio, senador republicano por Florida, militante del mismo círculo de protegidos de Trump al que pertenece su comprovinciana, la representante Salazar. Podría decirse que Salazar, la denunciante de la vicepresidenta, es la versión femenina de Rubio, el amigo de Massa. Detalles que, a pesar de la diabólica cadena de causas y efectos que postula la señora de Kirchner, habrá que disimular. Por lo menos hasta que la candidatura presidencial de Massa quede totalmente liquidada.