El gobierno brasileño ha dicho que el impuesto, que grava con un 9,2% el valor de las exportaciones de petróleo durante cuatro meses a partir del 1 de marzo, es una forma de compensar las pérdidas de ingresos derivadas de la decisión de mantener los combustibles exentos de impuestos.

Esa decisión, sin embargo, se tomó sin consultar a la industria y aumentará la incertidumbre sobre futuras inversiones en los recursos de petróleo y gas de Brasil, según Shell, uno de los autores de la medida cautelar, que habló con Bloomberg.

Las filiales brasileñas de Shell, TotalEnergies, Repsol, Equinor y Galp Energia presentaron un recurso de amparo contra el gravamen que el gobierno de Lula anunció la semana pasada para ayudar a apuntalar las finanzas públicas y contrarrestar la debilidad de la economía.

"Esta medida, que fue anunciada sin ninguna consulta significativa con la industria, trae incertidumbre a las nuevas decisiones de inversión, impactando negativamente en la competitividad del país en el sector upstream - uno donde Brasil tiene un potencial geológico significativo", según comentaron directivos de Shell a Bloomberg. 

El impuesto, que durará cuatro meses, se anunció sin consultar con el sector, genera incertidumbre sobre futuras inversiones y resta competitividad a la industria petrolera brasileña, afirmó Shell en un comunicado.

Es necesario que haya un "respeto absoluto" por los contratos para que haya inversiones sólidas y a largo plazo en el país, dijeron desde Equinor a través de un comunicado.

Estas opiniones coinciden también con lo expresado recientemente por un ejecutivo de una petrolera local. Decio Oddone, consejero delegado de Enauta y ex director de la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil, afirmó que la decisión fiscal representa una ruptura con la tradición del país de respetar los contratos.

Oddone dijo, citado por Reuters, que esta tradición ha sido esencial para el éxito de las recientes licitaciones de petróleo y gas, que a su vez han llevado a un aumento de las inversiones en petróleo y gas.

"Esto fue fundamental para que pudiéramos atraer esa cantidad de inversiones que atrajimos entre 2017 y 2020, lo que permitió la reanudación de la producción", dijo.

Brasil ha destacado históricamente en América Latina por ofrecer seguridad normativa y contractual en una región más conocida por las expropiaciones de petróleo y las subidas de impuestos. En el pasado, Brasil ha dejado en vigor los contratos existentes cuando ha revisado la normativa petrolera, lo que sólo ha afectado a futuros proyectos.

Ni siquiera Petrobras, la gran energética estatal, es partidaria del nuevo gravamen. En declaraciones al margen de la CERAWeek, Jean Paul Prates, de la empresa, dijo que no era una forma inteligente de resolver los problemas de dinero de Brasil y que las exportaciones de Petrobras sufrirían por ello.