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Esta semana se realizó en Toronto la feria minera más importante, la PDAC 2023, oportunidad en que Mendoza volvió a ofrecer parte de sus proyectos después de 18 años. Tras la misión del 2005, es la primera vez que se viajó con una carpeta bajo el brazo, pero también con el peso de una ley que redujo a cero la inversión privada en minería durante casi dos décadas.

El año pasado una delegación encabezada por Rodolfo Suarez también fue a Canadá, pero a vender Potasio Río Colorado (PRC), proyecto que no está atrapado bajo la ley antiminera. Ahora, en cambio, el viaje fue directamente para ofrecer proyectos mineros, con similitudes y diferencias respecto de lo que se hizo en 2005, cuando el geólogo Carlos Monjo era director de Minería.

La mayor diferencia entre uno y otro viaje es la normativa legal vigente, ya que en el 2005 no existía la 7.722 y el interés fue mayor. A los pocos meses comenzaron a llegar representantes de empresas junior interesadas en explorar las áreas que el Estado fue a ofrecer. 

Muchos de ellos se reunieron con el gobernador Julio Cobos y las inversiones estaban aseguradas. Sin embargo, todo quedó en nada cuando se creó la Ley 7.722 y Mendoza comenzó a figurar en el listado de los peores lugares para invertir en minería en el mundo.

A 18 años de ese viaje, Mendoza viajó nuevamente con una carpeta, pero limitada a proyectos en Malargüe y que -según el gobierno- se pueden desarrollar dentro del marco legal vigente. Es decir, la 7.722. 

A diferencia del 2005 el viaje fue encabezado por el CEO de Impulsa Mendoza, una sociedad anónima creada por el Estado para gestionar la promoción minera. En el mundo minero señalan que esta figura hace presumir que se apuntará a tener una participación en el negocio en caso de avanzar en el desarrollo de alguno de los proyectos. En la gestión provincial aseguran que de este modo lograrán buenos resultados, como los que esperan concretar con PRC, sin la participación fundamental de la Dirección de Minería.

Cabe aclarar que la Dirección de Minería sigue existiendo y en los papeles está creada para hacer la misma gestión que Impulsa Mendoza. De hecho, legalmente es allí donde se tramitan todos los expedientes relacionados con la actividad. Sin embargo, la realidad indica que está abandonada (desde el 2007) y casi sin presupuesto para promoción minera, una de las razones para la que se creó. 

Según el Presupuesto 2023, esta Dirección tiene $1.280.000 para promoción minera, lo que al dólar real (el blue) significa menos de US$3.500 para todo un año de trabajo. Una cifra ínfima.

¿CUÁNTO PESARÁ LA 7.722?
La pregunta, ahora que se cumplió con una misión a Canadá después de 18 años, es si logrará generar el interés que se alcanzó en el 2005. A los pocos meses se iniciaron los estudios técnicos y ambientales que exige el Código de Minería en varios proyectos. Hoy, la diferencia es que de haber generado interés, quienes vengan a Mendoza tienen que considerar -además- un filtro político que resultó clave para frenar el avance de la actividad.

Es que la Ley 7.722 fue -hasta ahora- infalible en su objetivo de impedir el desarrollo de la actividad, tanto que no sólo impidió que se construyeran proyectos que tienen todos los aspectos técnicos en regla -como San Jorge- sino que también bloqueó la intención de cualquier inversor para una etapa muy preliminar como la exploración.

La excepción respecto a este último ítem sería Cerro Amarillo, proyecto que cuenta con inversores privados y tiene la aprobación política de la Legislatura, por lo que debería iniciar la exploración en la última parte del 2023 de no ocurrir nada extraño.

No es el caso de Hierro Indio, proyecto pequeño que necesito del apoyo estatal y avanzó con la exploración por el impulso de PRC, empresa que maneja los activos que dejó Vale y que aportó un millón de dólares para el proceso.

Aún con estos avances, Mendoza está muy lejos de tener un proyecto minero metalífero importante en producción, por lo que la 7.722 no ha perdido aún su efectividad.

Ahora, resta esperar y ver si llegan a Mendoza empresas interesadas en explorar con la norma legal vigente, porque una cuestión muy clara es que en la gestión de Suarez -y seguramente también en la que vendrá- no pretenden volver a intentar tocar la 7.722. La ley antiminera vuelve a estar a prueba.

LA IMPORTANCIA DE EXPLORAR AHORA
Los tiempos de la minería son extensos y las inversiones son denominadas de riesgo, porque es muy difícil recuperar lo que se invierte si al final del camino no se lograr tener una mina en producción. Las estadísticas son duras y hablan de uno de cada 100 proyectos explorados que llegan a mina.

Pero no es sólo eso, sino también cuánto demoran los procesos de esta industria. Como ejemplo, un proyecto como Josemaría comenzó a explorarse en 2004, se hicieron más de 10 exploraciones y recién en 2023 -si es que no se retrasa- comenzará la construcción de la mina que necesita de US$4.000 millones de inversión.

Un ejemplo más cercano es San Jorge, proyecto que tiene todos sus papeles en regla en Mendoza y que la política bajó a través de la Ley 7.722. Las exploraciones se iniciaron en 1960 y se extendieron hasta el 2005. El resto es historia conocida.

Como estos casos hay decenas, con plazos que en el mejor de los casos puede demorar entre 5 o 10 años, por lo que la clave para pensar en el desarrollo de minero de Mendoza hoy es la exploración. Por eso, resultará importante ver si aún con la 7.722 vigente hay inversores dispuestos a poner dinero en una provincia con una ley con filtro político.