El consejo de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) decidió levantar la suspensión al Perú como miembro de este grupo conformado por 52 países. 

Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo y un importante productor de oro, zinc y gas natural. El sector extractivo juega un papel importante en la economía del país y representó el 12,5% del PIB total y alrededor del 67% de las exportaciones totales del país en 2018.

La expansión de proyectos mineros como Toromocho, Mina Justa y Quellaveco han contribuido a un aumento de las inversiones, que aumentaron a casi US$ 5.000 millones en 2018.

El gobierno de Perú considera prioritario el desarrollo y la buena gobernanza de los recursos naturales. Así lo destaca Mining Vision 2030, una iniciativa del Ministerio de Energía y Minas que tiene como objetivo establecer lineamientos para la gestión inclusiva y sostenible de los recursos naturales. 

No obstante, los proyectos extractivos han sido un detonante de conflictos sociales, especialmente en las comunidades que albergan actividades extractivas. Los informes EITI revelaron que más del 80% de los conflictos ambientales/sociales documentados estaban relacionados con el sector minero. 

En este contexto, Perú ha estado utilizando el proceso EITI para abordar las principales preocupaciones de la comunidad, en particular sobre temas sociales y ambientales. EITI Perú también está trabajando para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la distribución y uso de los ingresos extractivos por parte de las autoridades regionales y locales. Para ello se han establecido cinco plataformas EITI regionales en Apurímac, Arequipa, Loreto, Moquegua y Piura.  

La decisión de levantar la suspensión se da luego de que el Perú lograra cuatro acciones correctivas: la publicación del Informe EITI 2019-2020, el compromiso renovado del gobierno, el funcionamiento del grupo de múltiples partes interesadas y la publicación de un informe actualizado, informó la Iniciativa en un comunicado.

La EITI vela por la transparencia del sector hidrocarburos y minero respecto al uso de los recursos por el pago de canon y regalías que realizan las empresas del sector, además de los recursos destinados a gastos socioambientales.