Que sí, que no. El plan de transición en Colombia se opone a la realidad económica de un país que tiene sus mayores ingresos gracias a la minería de carbón y un alto atractivo inversor por las reservas de petróleo, aunque las políticas de Gustavo Petro no haga más que poner en crisis la llegada de inversiones.

EL FUTURO DEL OIL & GAS

El último informe económico presentado por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) titulado ‘Tendencias de inversión en exploración y producción (E&P) de petróleo y gas en Colombia 2022 y perspectivas 20230′ proyecta la caída de la inversión para la exploración minera.

Esta es la novena edición de este estudio anual que también incluye un análisis del clima de inversión mundial y el del país, con el fin de tener un panorama claro y poder trazar una hoja de ruta hacia el futuro, según destacó Semana.

El documento revela que la inversión en exploración para 2023 será de US$ 1.240 millones, 4% menos que en 2022, cuando fue de US$ 1.290 millones. Ello se debe a que, pese a que la inversión en exploración de la empresa estatal se incrementará, la de las empresas de régimen privado, de acuerdo con los estimativos, estará entre US$ 650 y US$ 700 millones, 33% menos que en 2022.

Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, indicó que actualmente no están dadas las condiciones para que lleguen nuevos capitales al país y con esto fortalecer la seguridad energética. Debido a esto, muchos inversores han decidido migrar hacia otros destinos, incluso en la región, donde sí se les está brindando una base sólida y la normativa apoya el desarrollo de este tipo de industrias.

“La caída en la inversión exploratoria de las privadas se debe, principalmente, a la incertidumbre, y el incremento de la exploración por parte de Ecopetrol obedecería a la búsqueda de reservas, con énfasis en costa afuera”, dijo Lloreda, quien a su vez resaltó que esto se traducirá sin duda en las finanzas del país.

El Informe destaca que las inversiones en gas natural siguen cobrando mayor importancia en el presupuesto de exploración. Para 2023 se proyecta que sean de US$ 740 millones, lo cual representa el 60% del presupuesto total de exploración. El 77% de las inversiones de este año serían en tierra firme y el restante, US$ 280 millones, costa afuera (offshore), lo cual evidencia interés por el desarrollo de este recurso.

Es así como se proyecta perforar un pozo costa afuera, continuar con la evaluación de los pozos perforados en 2022 y adelantar actividades preparatorias para las campañas de perforación previstas a partir de 2024.

“La región Caribe seguirá siendo la principal receptora de inversión exploratoria en 2023 con US$ 485 millones. El 58% de la inversión en esta zona se realizará en costa afuera y el restante en tierra firme. Asimismo, en el Caribe se ejecutará el 61% de la inversión que tiene como foco la búsqueda de gas natural”, agregó el Presidente de la ACP.

La inversión total en producción en 2023 se estima en US$ 3.810 millones, es decir, un incremento de 6% respecto del 2022 (US$ 3.590 millones). Estas inversiones se destinarán así: 52% a la perforación de pozos de desarrollo (para producir más petróleo y gas), 25% a facilidades de producción, 12% a proyectos de recobro mejorado y 11% a otras actividades.

“Se prevé que la producción de petróleo para 2023 sea de 770 mil barriles por día (bpd), 16 mil bpd más en comparación con la producción promedio de 2022; y en gas, un potencial de producción de gas de 1.183 millones de pies cúbicos diarios (mpcd). El departamento del Meta continuará siendo el principal receptor de la inversión en producción con US$ 1.859 millones, seguido por Casanare (US$ 754 millones), Arauca (US$ 325 millones), Santander (US$ 143 millones), Putumayo (US$ 126 millones); entre otros departamentos”, dijo Francisco José Lloreda.

Según la encuesta realizada a las empresas de régimen privado afiliadas a la ACP, la mayor carga fiscal aprobada en la reforma tributaria generó un recorte en el presupuesto de inversión 2023 del orden de US$ 370 millones: US$ 170 millones corresponden a una caída en la inversión exploratoria y, US$ 200 millones menos en inversión en producción.

“Algunas empresas se han visto en la necesidad de reducir su presupuesto de inversión en exploración y producción para cumplir con la reforma tributaria; lo cual es infortunado, pues estamos hablando de recursos muy importantes que el país necesita”, afirmó este vocero gremial.

Es de resaltar que, para la mayoría de las empresas, ningún aspecto fue valorado como una mejora; al contrario, el 100% de los encuestados manifestó que las condiciones fiscales desmejoraron y que el 79% de las empresas consideró que la seguridad regulatoria e institucional y la estabilidad política desmejoraron de manera significativa en el 2022. La inseguridad jurídica, el incremento en impuestos y la estabilidad política, son debilidades.

EL CARBON CONTRA LOS PLANES VERDES

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2022 – 2026, presentado en el Congreso de Colombia por el gobierno del presidente Gustavo Petro, planteó un polémico artículo sobre la minería de carbón en el país.

El texto del PND cita que el Gobierno Nacional prohibiría la minería de carbón térmico a cielo abierto y de gran escala, uno de los productos de mayor exportación de Colombia y que deja millonarias regalías que se invierten en las regiones.

Colombia alcanzó cifras récord en exportaciones de carbón durante 2022, según un informe de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón). Se lograron ventas de 11,7 billones de dólares en carbón térmico, carbón metalúrgico y coque, la cifra duplica lo vendido durante 2021 gracias al incremento en las ventas a Europa que se vio afectada, entre otras cosas, por el conflicto entre Rusia y Ucrania, informó Cambia Colombia.

"La alta demanda mundial del carbón térmico colombiano permitió que las exportaciones del interior fueran más competitivas, ocasionando escasez en el carbón térmico de consumo nacional. Ante esta situación, los carbones térmicos de Córdoba se convirtieron en una buena opción para responder a la demanda interna", aseguró el presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante. 

Es así que, a partir de la vigencia de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de Colombia, se prohibirá el desarrollo de nuevos proyectos mineros para la extracción de carbón térmico a cielo abierto clasificados como de gran escala.

“Lo anterior sin perjuicio de los derechos adquiridos por los títulos mineros de propiedad privada”, manifiesta el texto del PND.

Hay que decir que el Gobierno Nacional, según el proyecto del Plan Nacional, permitirá que continúen desarrollándose los contratos para la exploración y explotación de minería de carbón a cielo abierto de gran escala que se encuentren ejecutándose a la fecha de entrada en vigor del PND, “de acuerdo con las normas aplicables al momento de su perfeccionamiento”.

Entre tanto, se buscará que aquellos títulos mineros clasificados como minería de carbón térmico a gran escala para la extracción del mineral a cielo abierto, que se encuentren terminados o que terminen por cualquier razón, deberán adelantar las gestiones necesarias para lograr el cierre definitivo de las operaciones de acuerdo con la normativa vigente y aplicable.

“En todo caso los titulares mineros, la autoridad minera y la autoridad ambiental podrán concertar los términos y condiciones para el cierre definitivo de operaciones”, cita el documento.

Cabe recordar que, en reiteradas ocasiones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, han precisado que esta administración buscará prohibir la minería de carbón a cielo abierto, según ValorAnalitik.

De hecho, en el Foro Económico Mundial en Davos, la ministra Vélez recalcó que el gobierno de Colombia actual no concederá nuevos títulos mineros para minería de carbón a cielo abierto, así como tampoco lo haría con los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas.

“Porque sabemos que, muy pronto, quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa”, dijo la ministra Vélez Torres.

¿CATÁSTROFE FINANCIERA PARA COLOMBIA?
La administración Petro simplemente no puede prescindir de la contribución fiscal y económica del petróleo a la economía de Colombia y al presupuesto del gobierno. El Comité Autónomo de Regla Fiscal de Colombia (CARF), un organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda de Colombia, que supervisa las reglas fiscales, está alarmado por los planes de Petro de poner fin a la contratación para la exploración de hidrocarburos.

Según el Comité, esta medida tendría un fuerte impacto en las finanzas públicas y podría precipitar una catástrofe financiera para un país que se enfrenta a un aumento de los costos de endeudamiento, a la demanda de un mayor gasto público y a una desaceleración económica.

Aunque el gobierno de Petro se ha comprometido a cumplir los acuerdos existentes sobre petróleo y gas natural, el temor es que, sin nuevas exploraciones de hidrocarburos, las limitadas reservas de Colombia caduquen en menos de 10 años.

Las reservas probadas de petróleo de Colombia a finales de 2021 ascendían a apenas dos mil millones de barriles, significativamente inferiores a las de sus vecinos productores de petróleo y sólo suficientes para soportar otros 7,6 años de producción, según informó World Energy Trade. 

Para el mismo periodo, las reservas de gas natural ascendían a 3,16 billones de pies cúbicos, lo que soportará otros ocho años de operaciones al ritmo actual de producción. A menos que continúe la exploración de hidrocarburos, es más que probable que las reservas de Colombia sean incapaces de soportar la extracción comercial dentro de una década.

Un acontecimiento de este tipo repercutirá en la balanza comercial de Colombia, provocando posiblemente un gran déficit que podría hacer caer en picado el valor del peso.

También existe la amenaza de un fuerte descenso de los ingresos fiscales, debido a la pérdida de una importante fuente de ingresos tributarios, lo que disparará las presiones presupuestarias. Estos efectos se verán agravados por un descenso del PIB, ya que la pérdida de petróleo y gas podría reducir en un 3% la producción nacional de Colombia.

El sector de hidrocarburos de Colombia es responsable de atraer alrededor de una décima parte de todas las entradas de capital extranjero. La inversión extranjera directa es una fuente invaluable de ingresos que se ha convertido en un motor económico y en una fuente de ingresos.

Poner fin a la exploración petrolífera comprometerá la seguridad energética de Colombia. Este riesgo ya había surgido debido a la pandemia y a la fuerte caída de los precios del petróleo, ya que la industria petrolera del país andino aún no ha recuperado la producción anterior a 2020.

Los datos del Ministerio de Energía muestran que Colombia solo bombeó 747.953 bpd durante los primeros nueve meses de 2022, lo que es significativamente inferior a los 885.863 bpd producidos durante todo el año 2019.

Antes del repunte del precio del petróleo en 2022, esos volúmenes de producción notablemente más bajos estaban afectando las finanzas y la economía de Bogotá. Si la administración Petro detiene la exploración petrolera, las consecuencias serán potencialmente mucho peores.

Colombia, que es un exportador neto de petróleo, verá amenazada su autosuficiencia energética y su seguridad. Esta medida plantea el riesgo muy real de desencadenar una crisis energética que podría hundir la economía colombiana.