La minería de Perú se mueve al ritmo de los conflictos sociales del país. El Congreso rechaza el adelanto de elecciones, que busca revertir con otro proyecto. Por el lado de la industria, luego de que Las Bambas anunciara el cese de producción por el bloqueo, Hudbay y Antapaccay también vieron afectadas sus operaciones.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, informó que 30.000 trabajadores mineros podrían perder sus puestos de trabajo de manera temporal por los ataques y las interrupciones en el corredor minero del Sur, el cual pone en grave riesgo a los campamentos, pero sobre todo a la vida e integridad de los empleados.

El bloqueo del corredor minero en el distrito de Condoroma, en la provincia de Espinar, en Cusco, se inició el 12 de enero. Es decir, ha cumplido 21 días.

La interrupción de la carretera ha impedido el transporte logístico de tres grandes operaciones mineras: Las Bambas, Constancia y Antapaccay, que en conjunto representan el 30% del concentrado de cobre que el Perú produce, según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, informó Perú21

Por su parte, la presidenta del Comité Sectorial minero de la SNMPE, Magaly Bardales, informó que lamentablemente los incendios, intentos de saqueos, robos, invasiones de campamentos, y bloqueo, han ocasionado que las empresas empiecen a evacuar y retirarse de las operaciones, dejando sin efecto la labor de los mineros de la zona, generando que temporalmente pierdan sus ingresos salariales.

Las empresas reafirman esta posición con la finalidad de salvaguardar la integridad de sus trabajadores, quienes en varias ocasiones se han visto amenazados por los manifestantes para que detengan sus labores. La representante, señaló que esto representa el 13% del total del personal que labora en las minas a nivel nacional.

Según el informe realizado por el diario Gestión, Carlos Gálvez, miembro del Consejo Consultivo del Gremio y expresidente del mismo, aseguró qué parte de los trabajadores que han sido retirados de campamentos mineros corresponde a las empresas Las Bambas Antapaccay y Hudbay, exactamente ubicadas al sur del Perú, lugar convulsionado por las protestas violentas que se reanudaron el 4 de enero.

Otra empresa que se ha visto en la obligación de detener sus operaciones ha sido la empresa MMG, quién a través de su representante ejecutivo, Li Liangang, informó que estás interrupciones y bloqueos de carreteras han afectado gravemente la entrada y salida a la mina Las Bambas, es por eso que se han visto en la obligación de frenar sus operaciones y enfatizó que si en caso esta situación que se vive en la región sur no se soluciona, pues se verán en la obligación de paralizar todas las producciones de cobre desde el 1 de febrero.

EL IMPACTO EN ANTAPACCAY

Como se recuerda, Antapaccay informó que opera solo con el 38% de su fuerza laboral, entre trabajadores y contratistas, debido a los bloqueos que existen en el Corredor Vial Sur.

Mediante un comunicado, la minera de Glencore señaló que se vieron obligados a suspender temporalmente el transporte de concentrado y que, desde el 4 de enero, viene desarrollando sus actividades en condiciones muy complejas.

“Los bloqueos viales impiden el ingreso de insumos para la operación y la alimentación de trabajadores, así como la posibilidad de su desmovilización a sus lugares de origen de forma segura. Desde ese entonces, nuestra capacidad progresivamente está siendo impactada en todos sus proyectos. Fruto de restricciones, las operaciones se encuentran únicamente al 38% de la fuerza laboral de CMA y contratistas”, se lee en el documento.

Antapaccay precisó que, de continuar esta situación, se afectará la economía de la provincia de Espinar (Cusco) y del Perú.

“La empresa genera el 70% (canon y regalías) del presupuesto municipal de la provincia. Entrega hasta un 3% de sus utilidades anuales antes de impuestos para financiar proyectos de desarrollo sostenible... contrata servicios con más de 100 empresas locales por cerca de S/ 220 millones anuales y genera el 8% del cobre que el país exporta”, sostuvo.

Ante ello, la compañía minera refirió que si bien la empresa respeta el derecho a la protesta, debe condenar los actos violentos aparentemente ocasionados por infiltrados en la provincia.

La empresa Antapaccay fue víctima de violencia los días 12 y 13 de enero, a tal punto, que pusieron en riesgo la vida y salud de sus trabajadores. Además, dejaron graves daños a las instalaciones, como la destrucción de la bomba que provee de agua a las comunidades de la zona y el incendio de cuatro vehículos propiedad de empresas comunales y locales de Espinar.

MENOS PROYECTOS

De acuerdo a un reciente reporte de Scotiabank, las protestas costarán un punto porcentual a la producción de cobre en el 2023, una estadística que puede empeorar “si se mantiene este clima de conflictividad”.

Como consecuencia de ello, la entidad financiera proyecta una caída en la inversión minera de entre 11% y 20% para este año, con tendencia a “llegar hasta 20%, debido a que no vemos un proyecto importante saliendo en el 2023,” refiere Katherine Salazar, analista de Estudios Económicos.

Esto se suma a la proyección esbozada por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en setiembre pasado - antes de la crítica situación actual – la cual prevé una caída de 18% en el 2023. También por ausencia de proyectos mineros importantes.Scotiabank anota que en el 2022 se esperaba el inicio de construcción de siete proyectos mineros, de los cuales solo uno, San Gabriel (oro), comenzó su desarrollo, aunque con dificultades debido a diferencias con las comunidades de Moquegua.

Pero no está solo. Le acompañan tres proyectos iniciados con anterioridad (en 2018-202) y que se encuentran en avanzado estado de desarrollo: la Ampliación de Toromocho (cobre), con un nivel de avance de 67,8%; la Ampliación Santa María (oro), con 72,9%; y la Ampliación Shouxin (hierro), con 81,2% de avance.

A entender de Salazar, 2023 verá la culminación de estos tres proyectos mineros, aunque con retrasos por el tema de los bloqueos de carreteras, que “impiden el arribo de maquinaria e insumos”.

Por el contrario, ve bastante difícil el inicio de construcción de los cuatro proyectos programados para este año por el MINEM: Romina (zinc), en Juín; Corani (plata) en Puno; Magistral (cobre), en Ancash; y Reposición Antamina (cobre), también en Ancash.

En el caso de los dos primeros, por la situación de conflictividad vigente, a lo que se añaden las demoras en el otorgamiento de permisos; y en el caso de los dos últimos porque “aún se encuentran en etapas tempranas de desarrollo”, apunta Salazar.

“Podremos ver algunas inversiones preliminares, como la de San Gabriel, pero creemos que no habrá ninguna inversión fuerte este año proveniente de nuevos proyectos. Por eso estimamos que la caída [de la inversión minera] será de dos dígitos”, remarca la analista.

EL LARGO PLAZO
Otra inversión bastante esperada para este año pero que será de muy difícil ejecución es Zafranal (cobre), proyecto de US$1.263 millones enclavado en el conflictivo Corredor Minero del Sur, detalló Juan Saldarriaga en El Comercio.

Marita Chappuis, ex directora general de minería, anota que la situación de este proyecto se complica porque Teck – su operador – acaba de anunciar una inversión de US$ 3.000 millones en Chile.

“Y si hablamos de conflictividad, la situación es la misma en el sur que en el centro, porque otras minas y proyectos como Uchucchacua y Raura (en Lima) y la misma San Gabriel, están teniendo problemas con las comunidades, que les hacen la vida imposible”, remarca.

Por esta razón, propone como una posible solución la militarización de las zonas mineras en conflicto, como el Corredor Minero del Sur, que genera más del 60% del cobre que se produce en el país.

Un reciente reporte de Wood Mackenzie advierte que Perú será un “disruptor del suministro de minerales” en el mediano y largo plazo, “particularmente para el caso del cobre”.

En su análisis, la consultora considera un posible apaciguamiento de las protestas siguiendo el llamamiento a elecciones programadas para fines del 2023 o inicios del 2024. Anota, sin embargo, que cuando el periodo electoral haya concluido la caótica situación podría reanudarse, lo que afectará nuevamente a la minería en el sur.

No obstante, confía en que las compañías mineras que operan en Perú sabrán lidiar con estas dificultades pues estas se encuentran entre las más sofisticadas globalmente en “el manejo de compromisos comunitarios y obtención de licencia social para operar”.

Un trabajo que se refleja en el desarrollo exitosos de los proyectos Quellaveco (2022) y Mina Justa (2021).

¿REDUCCIÓN DE PERSONAL?

Un 32% de empresas mineras locales proyecta reducir su personal en el 2023, según una encuesta realizada por el estudio Vinatea & Toyama a 25 empresas del sector. El estudio revela, además, que solo el 16% de estas proyecta incrementar su número de trabajadores en el año, según informó Gabriel O'Hara en Gestión.

Según explica Alfredo Salvador, socio del estudio Vinatea & Toyama, las cifras podrían ser aún peores, dados los recientes sucesos alrededor del país.

“Si la coyuntura sigue como lo está ahora, es probable que ese 32% se ponga en evaluación y se incremente. Depende mucho del tema político. Si se resuelve pronto podrían mantenerse las cifras antes indicadas pero si no es el caso, la perspectiva variaría hacía peor”, indica.

La conflictividad laboral que se genera en el sector está vinculada a la naturaleza de las labores, agrega el abogado, quien indica que la mayoría de reclamos están relacionados a servicios generales, como el comedor, el transporte y la cuartelería.

Adicionalmente, los trabajadores reclaman aspectos relacionados a los sueldos y a la seguridad y salud en el trabajo.

“Ello se ve más en empresas medianas y de minería por socavón que en las grandes y de tajo abierto”, indica Salvador, quien agrega que hay una “gran diferencia entre lo que se hace en la gran minería versus lo que sucede en la mediana”.

Según la encuesta, los accidentes se han reducido de manera importante (especialmente hasta 2017), pero aún existe una barrera por romper, dado que el número de accidentes anuales se habría mantenido constante los úlitmos años.

De acuerdo con lo que revela la encuesta uno de los retos pendientes del sector minero es combatir la informalidad. Según informa la data, la minería es una de las áreas con menor concentración de informales, con solo 54%, pero ello sigue siendo muy alto.

“Algo que está muy pendiente es la generación de espacios diversos y de la inclusión de mujeres en la actividad minera”, agrega Salvador, quien indica que “muy pocas empresas medianas o a de minería a socavón tienen políticas de inclusión".

La data además revela que la brecha salarial se está incrementando, pese a que el número de mujeres empleadas en el sector va en incremento. Según Salvador, no hay una razón puntual detrás de este cambio.